El martes 29 de marzo de 2016 ha tenido lugar una rueda de prensa ante las puertas de los juzgados de Barcelona para pedir la absolución de Roger Sánchez y Saturnino Mercader, dos trabajadores encausados tras la huelga general del 29M de 2012.
Joe Molina Trabajador despedido de Panrico, Barcelona | @joemolina57
Miércoles 30 de marzo de 2016
El juicio previsto para el próximo 5 de abril a las 11h. ya fue anulado en junio de 2015 por irregularidades procesales, al vulnerarse el derecho del encausado a defenderse porque la acusación para Roger de bajar dos persianas de dos establecimientos durante la huelga no fue tramitada por el juzgado de instrucción. Este hecho vulneraba el derecho del acusado a tramitar y preparar su defensa.
El caso de Roger y Mercader ha contado con la solidaridad de muchos sectores sociales en Catalunya. Ambos son vecinos del barrio de Sant Andreu de Barcelona donde se encuentran concentrados un número importante de movimientos de lucha y sobretodo contra la Ley Mordaza.
Roger es miembro del partido Endavant, organización integrada en las CUP, y pertenece al sindicato Coordinadora Obrera Sindical (COS) y a diversas organizaciones populares en este barrio.
Mercader es militante de CGT y responsable de acción sindical en Catalunya y presidente del comité de empresa de Transportes Municipales de Barcelona (TMB), conductor de autobús y actualmente miembro del comité de huelga que los trabajadores y trabajadoras de esta empresa municipal mantienen contra la precariedad laboral y enfrentados al nuevo gobierno municipal de Ada Colau.
Los dos acusados declararon en su día que la dureza de las acusaciones tenía que ver con las instrucciones dadas por el gobierno central a los fiscales, con el claro objetivo de castigar a los “vaguistas” e intimidar a los sectores populares que habían iniciado un amplio programa de protestas contra la política económica basada en la austeridad.
Ejemplos de dicha política de criminalización y represión que pretenden aplicar Rajoy y el Partido Popular son el caso de los catorce activistas del 15M por los que la fiscalía pide 74 años de prisión, el reciente encarcelamiento del activista social y bukanero Alfon, los anarquistas detenidos de la operación Piñata, jóvenes luchadores como Aitzol, Dani e Isma, y otros tantos activistas, sindicalistas y demás luchadores en defensa de sus derechos y libertades.
