CATALUNYA. La capitulación de la CUP consuma su integración en el régimen de autonómico tutelado

La militancia de la CUP, a través de las diferentes asambleas territoriales ha avalado con un 59,31% de votos a favor el preacuerdo firmado con ERC el pasado domingo para investir a Pere Aragonés. Así mismo un 85,59% de su militancia ha instado a tratar de mejorarlo en las próximas horas, aunque este mandato no condiciona el voto favorable a la investidura del candidato de ERC.

Una decisión sin precedentes, que compromete a los 9 diputados cupaires no solo a facilitar la investidura, sino también a garantizar la estabilidad parlamentaria y presupuestaria del siguiente govern de la Generalitat de ERC y JxCat, sin descartar su incorporación al mismo o la designación de independientes afines para que formen parte.

El acuerdo había sido cuestionado por diferentes sectores de la izquierda independentista desde diferentes ángulos. Poble Lluire lo consideraba poco ambicioso y se lamentaba que la incorporación al govern no estuviera confirmada. Endavant consideraba un error asumir compromisos con el siguiente govern, en un momento de crisis en que acabará aplicando las tradicionales recetas vistas en anteriores crisis, aunque no rechazaba dar los votos necesarios para la investidura. Solamente la organización juvenil Arran declaró públicamente que la CUP no debía dar ningún apoyo a la investidura de Pere Aragonés.

La falta todavía de acuerdo entre ERC y JxCat por discrepancias en el reparto de carteras, hace posible que este primer intento pueda terminar sin president electo. Sin embargo la CUP votaría a favor en el pleno que comienza este viernes a la candidatura de Pere Aragonés y asume una serie de compromisos que conslidan un curso a la moderación y la integración en el régimen de autonomía tutelada.

La CUP entra en el juego de la restauración autonómica

Entre las renuncias más destacadas ha trascendido la aceptación hasta 2023 de la hoja de ruta de ERC y el gobierno “progresista” para la resolución del conflicto democrático catalán, la famosa Mesa de Diálogo en la que no se pude dialogar ni del derecho a la autodeterminación, ni de la amnistía, ni del fin de la represión al movimiento independentista. En las 16 páginas del acuerdo la CUP aclara que no comparte esta estrategia, pero la respeta y dará un “cierto margen” “desde la crítica y el escepticismo” nada menos que hasta 2023.

Solo en ese momento, si se constata que dicho diálogo no ha avanzado, se comenzaría a preparar el famosos “nuevo embate democrático, preferiblemente en forma de referéndum”, una suerte de 1-O bis en unas condiciones de desgaste y desmoralización abonadas por 2 años más en la misma tónica de recule y desmovilización impuesta por la dirección procesista desde 2017. La CUP se pliega por lo tanto, más allá de que quiera mantener algún discurso “desde la crítica y el escepticismo”, a la operación de restauración autonómica.

Como cobertura para semejante claudicación no faltan en el acuerdo la puesta en marcha de organismos con títulos grandilocuentes al más puro estilo procesista. Así ERC y la CUP animarán la conformación de una “mesa de dirección estratégica” formada por los partidos y entidades independentistas, a coordinarse con otros del mismo tipo e igual eficacia, es decir ninguna, como el Consell per la República o la Asamblea de Cargos Electos.

Definitivamente las lecciones de 2017 y casi una década de procesismo brillan por su ausencia en la CUP. Se predisponen a reeditar esta “tragedia”, esta vez como “farsa”, llevando hasta un punto nunca visto su mano extendida a los partidos de la burguesía independentista. Los mismos que demostraron hace poco más de 3 años que en ningún caso estarían dispuestos a poner en marcha las fuerzas sociales necesarias para poder imponer efectivamente la voluntad soberana del pueblo catalán.

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Una versión catalana del “gobierno más progresista de la historia”

En el terreno social la CUP venía rebajando su programa a una serie de medidas cada vez más moderadas y asumibles tanto por el marco legal capitalista como por la estrechez de las competencias autonómicas. El acuerdo con ERC suponen una rebaja extra en esta misma dirección.

Recuerdan mucho a las palabras de los dirigentes de Podemos e Izquierda Unida en las vísperas de consumar su cogobierno con el PSOE, presumiendo de acuerdos sin concretar, sin presupuesto y sustentados en una lista de buenas intenciones. Como Iglesias y Garzón entonces, ahora vemos a los dirigentes de la CUP vendiendo la idea de que ERC y JxCat habrían girado a la izquierda y asumido gran parte de su programa se emergencia social. La misma diputada en el Congreso Mireia Vehí ha llegado a declarar a YVE1 que no se imagina a "JxCat -ni a nadie- oponiéndose a la creación de una banca pública”.

Pero justamente la experiencia de Unidas Podemos en Moncloa demuestra, que ven como hasta los mínimos compromisos del pacto de gobierno se incumplen y retrasan sistemáticamente, lo que demuestra es que hasta estas migajas serán encajonadas por el siguiente govern de ERC y JxCat.

Hasta antes de la firma del preacuerdo la CUP planteaba su propuesta de renta básica universal casi como una línea roja para cualquier compromiso. Al final se conformarán con una suerte de proyecto piloto con un primer año de estudio, un segundo de aplicación experimental en algunas franjas de edad y un tercero de evaluación y propuesta de ampliación.

En la política de vivienda se descarta cualquier medida que afecte a la propiedad de los grandes tenedores, no se prohíben los desahucios y se recoge una promesa, hecha muchas otras veces y aún con cifras más modestas por ERC y JxCat, de construir 5000 viviendas públicas anuales. La BRIMO y la ARRO no intervendrían en desahucios de familias acreditadas como vulnerables, en el resto de casos sí. Para los “vulnerables” lo harán otras unidades de los Mossos d’Esquadra u otros cuerpos policiales, como ya ocurre en Barcelona con los antidisturbios de la Guardia Urbana de Colau.

No hay ninguna medida concreta y tangible para combatir la precariedad laboral, ni siquiera en el sector público, uno de los “reyes” de las externalizaciones. No se proponen revertir ninguna privatización, ni tan siquiera en sectores de servicios esenciales o la sanidad. Hablando en plata la sanidad catalana seguirá en manos de las mutuas y la patronal sanitaria, y limpiadoras, monitoras de comedor, cuidadoras a domicilio, educadoras sociales y una larga lista de profesiones, seguirán en manos de las empresas del tercer sector.

Tampoco hay una sola palabra sobre la ola de cierres de empresas, en la que la Conselleria de Aragonés viene jugando de parte de la patronal de manera abierta. Ni siquiera la resolución del cierre de Nissan, que dejarán a 25mil trabajadores y trabajadoras en la calle, se aborda por ningún lado, mucho menos la propuesta que la misma CUP junto a la CGT presentó este verano de nacionalizarla.

En materia de orden público lo de la disolución de la BRIMO que se tenía como bandera se deja en el tintero para conformarse con una regulación del uso de las balas de foam, que la Generalitat siga personándose en los juicios a activistas cuando haya denuncias de lesiones en los agentes -es decir en la inmensa mayoría de los casos-, la represión sea siempre “proporcional” y la Ley Mordaza se deje de aplicar solo cuando vulnere el derecho de manifestación. Reamente sin comentarios.

La CUP asume pues un papel de socia de un gobierno que emula al autoproclamado como “más progresista de la historia”. Un programa de reformas sociales lleno de promesas, buenas palabras, pero ninguna medida que pueda detener la oleada de despidos, el aumento de la precariedad, los desahucios y el deterioro y privatización instalado en los servicios públicos catalanes. Una gestión del conflicto social como la ya ensayada por ICV en el Tripartit, con medidas completamente cosméticas que no impedirán que los Mossos d’Esquadra se sigan empleando a fondo en reprimir las protestas sociales y actuar de fuerza de choque en los barrios y localidades populares.

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Por una izquierda anticapitalista, de clase e independiente de los partidos de las grandes empresas y fortunas

La mayor parte de las voces críticas al acuerdo desde dentro de la candidatura de la CUP han mantenido la puerta abierta a facilitar la investidura de Aragonés, dando los votos necesarios para la investidura y pasar a la oposición. Así lo han planteado grupos como Endavant o Lluita Internacionalista. Sin embargo un voto así en la investidura es también un apoyo político al siguiente govern, y por lo tanto a su agenda de restauración autonómica y políticas cosméticas con las que enmascarar el enésimo descargue de una crisis capitalista sobre las mayorías sociales.

La obligación de una izquierda que se dice revolucionaria debería ser desenmascarar ese govern, sus discursos de cara a la galería sobre retomar la lucha por el derecho a decidir o atender la grave crisis social. Explicar pacientemente que ninguna de estas dos agendas podrá ser resuelta de la mano de los partidos que juegan a favor de Foment, el Cercle de Economía o el Círculo Ecuestre, por más que estas entidades prefirieran al candidato Illa. Y desde esta posición de absoluta independencia poner sus recursos a disposición de desarrollar la movilización y autoorganización en empresas, barrios y centros de estudio, la única fuerza social capaz de poder imponer dichas agendas.

La independencia de clase, un concepto que grupos como LI dicen defender, consiste precisamente en no brindar el más mínimo apoyo político a los diferentes partidos y gobiernos al servicio de las grandes empresas y fortunas, como ellos mismos reconocen será el próximo gobierno Aragonés.

El apoyo en una investidura equivale, en un régimen parlamentario, al apoyo en una segunda vuelta en un régimen presidencial, al candidato del “mal menor”. Los compañeros de LI podrían tomar ejemplo de sus compañeros argentinos de Izquierda Socialista que, como parte del FIT, se posicionaron correctamente por el voto en blanco en 2015 en la segunda vuelta entre Scioli y Macri, como una forma de hacer valer este principio de no apoyo a ninguno de los candidatos capitalistas.

Esta misma organización viene ensayando una especie de política-ficción para justificar su todavía apoyo a la CUP. En diciembre firmaron un acuerdo de 12 puntos para su apoyo a la candidatura que eran negados de forma explícita por el programa de la misma y la campaña electoral, en la que tanto Dolors Sabater como Carles Riera dejaron meridianamente claro que la CUP se encaminaba a buscar un acuerdo como el que se acaba de aprobar.

Desde la CRT hemos venido polemizando con este “nuevo ciclo de la CUP” que nos llevó a proponer a otras fuerzas de la izquierda anticapitalista y los sectores críticos de la izquierda independentista a conformar un frente anticapitalista y de clase el 14F. Lamentablemente esta opción fue rechaza, algo que consideramos un error y que nos deja en peores condiciones ahora para poder constituir una alternativa a una izquierda independentista en vías de institucionalización.

A pesar de estas diferencias, creemos que el nuevo marco político, con una izquierda independentista dispuesta a jugar el papel de conseller sin cartera -o incluso con ella más adelante- de un ejecutivo presidido por el padre de la Ley Aragonés, es necesario que quienes se han opuesto a este acuerdo rompan con la CUP para no ser parte ellos mismos de esta política de participación o apoyo a próximo gobierno capitalista de la Generalitat.

Urge que tanto los grupos de la izquierda anticapitalista a los que nos dirigimos para el 14F, como Lucha Internacionalista o Corriente Roja, como los sectores de la izquierda independentista que no quieren ser parte del próximo bloque gubernamental, junto a la juventud que lucha contra la represión en las calles, los activistas del movimientos por la vivienda, las y los trabajadores de la sanidad y servicios públicos externalizados en lucha, el activismo sindical combativo y todos aquellos sectores sociales dispuestos a pelear por que esta crisis la paguen los capitalistas, empecemos a debatir cuales son las vías para poner en pié otra izquierda que pelee por un programa así y de forma independiente de los distintos gobiernos “progresistas” o “neoprocesistas”.

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