El martes a la noche el gobierno del Frente Amplio mandó desalojar el edificio del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (Codicen), que se mantenía ocupado desde el viernes 18 por estudiantes de secundaria congregados en la CEEM, Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media.
Jueves 24 de septiembre de 2015
Fotografía: www.rebelarte.info
La educación pública y la década frenteamplista
Como reflejamos aquí y aquí, hace casi dos meses que en Uruguay se viene librando un conflicto educativo que tiene como protagonistas a estudiantes secundarios, terciarios y universitarios, y a docentes de las distintas ramas. El reclamo es por mayor presupuesto para la educación pública, ya que el actual no logra cubrir las necesidades más básicas: hoy los edificios educativos literalmente se caen a pedazos, se enseña en contenedores porque no hay suficientes aulas, las becas son insuficientes, no hay material pedagógico ni equipos interdisciplinarios, porteros o administrativos suficientes. Los salarios de los docentes son bajísimos ya que no alcanzan ni para cubrir media canasta familiar.
La lucha educativa demostró los márgenes acotados del reformismo frenteamplista, que en 10 años de administración no logró resolver los problemas estructurales del país: los sueldos apenas lograron equipararse al momento previo a la crisis de 2003, la desigualdad entre ricos y pobres sigue siendo enorme, la dependencia económica se mantiene, y mientras, se avanzó en la primarización de la economía y la extranjerización de la tierra.
La lucha por mayor presupuesto educativo
Por estos días el nuevo gobierno frenteamplista se apresta a votar en el Parlamento su Presupuesto Quinquenal. En ese marco, los gremios educativos reclaman el 6 % para ANEP-UDELAR (esto es, para la educación primaria, secundaria, terciaria y universitaria), mientras que el gobierno pretende aumentar en menos de un punto porcentual y encima incluir en la partida el financiamiento de escuelas de policía y otros programas que no tienen que ver directamente con la educación.
A la vez, el reclamo docente incluía un profundo cuestionamiento a la política de mercantilización de la educación que crecientemente se quiere implementar: planes y contenidos orientados a las necesidades del mercado, conceptos productivistas como las “metas de gestión” y una intención privatizadora de la educación.
El conflicto incluyó el despertar a la lucha de cientos de trabajadores que llenaron los espacios de militancia de base como los zonales y núcleos sindicales, y las asambleas se masificaron como hacía mucho tiempo que no se veía. Maestras de primaria realizaron movilizaciones históricas. Docentes de Secundaria votaron la huelga por tiempo indeterminado, así como los de liceos técnicos y los trabajadores no docentes. También se puso en movimiento una nueva fuerza social: la juventud secundaria, que ocupó liceos en reclamo de mejores condiciones de estudio.
Gobierno “progresista”, decreto “pachequista”
Frente a esto, el gobierno dio un mensaje de “autoridad” decretando a fines de agosto la esencialidad en el servicio de la educación, algo totalmente inconstitucional ya que atacaba directamente el derecho de huelga de los trabajadores. Este golpe se denominó “pachequista”, en relación al gobierno represor y anti-obrero de Pacheco Areco de fines de los 60. Pero el decreto de esencialidad, en vez de desmovilizar y retraer al movimiento, lo avivó y fueron decenas de miles los que salieron a las calles, lo que hizo que el gobierno tuviera que retroceder en su medida represiva.
Entonces fueron las direcciones sindicales del PIT-CNT quienes se encargaron de desviar el conflicto firmando pre-acuerdos con el gobierno donde, a cambio de nada, se comprometían a levantar las medidas de lucha y garantizar la vuelta a las clases y a la “normalidad”. Desde la cúpula sindical se impuso burocráticamente el levantamiento de los paros, a pesar del rechazo masivo que tuvieron en las distintas asambleas de base. Las maestras y docentes volvieron a clases, pero dejaron en claro que “el conflicto continúa”.
Lo que no pudieron frenar fue la movilización estudiantil, que siguió ocupando liceos y en menor medida facultades, y frente a la intransigencia del gobierno que no quería dar nada, un sector de estudiantes de la CEEM decidió ocupar el Codicen.
La violenta represión a los estudiantes
Muchos de ellos eran menores de edad que pretendían que su lucha no se quebrara, y ante la amenaza de desalojo, pidieron la solidaridad en gremios sindicales de base como los docentes, el sindicato de los taxistas, y en organizaciones de Derechos Humanos como la Plenaria Memoria y Justicia.
El martes de noche, mientras parecía que se concretaba el último intento de entablar una mesa de negociación, el gobierno decidió mandar a la Guardia Republicana quien se estableció en las puertas del edificio ocupado amedrentando a quienes se encontraban afuera solidarizándose con la ocupación. En una maniobra vil, rompieron los vidrios de una puerta trasera lo que les permitió ingresar repentinamente y ya dentro del edificio se encargaron de reprimir violentamente a los gurises que allí se encontraban. Se ensañaron con ellos pegándoles con sus palos, tirándolos al piso y pateándoles la cabeza, y luego también hubo una feroz represión afuera del edificio que duró unos 45 minutos, donde literalmente se dio una “cacería de estudiantes” y miembros de las organizaciones solidarias.
Las impactantes imágenes que los medios difundieron demuestran que la represión fue terrible, y tuvo el saldo de 12 detenidos y muchos heridos. Entre los detenidos estaban estudiantes de secundaria y de universidad, y miembros y dirigentes de sindicatos de trabajadores como Sergio Pereira del sindicatos del taxi y Emiliano Mandacen, presidente de sindicato de docentes ADES Montevideo. En la mañana del miércoles, los compañeros fueron liberados en el cuartel de la Guardia Republicana. En el día de hoy, tendrán que prestar declaración ante la justicia.
Las causas de la represión
La represión, que causó estupor a nivel nacional y fue la noticia más importante durante la noche del martes y todo el miércoles, constituye un salto de un gobierno que se considera “progresista” pero que utiliza los mismos métodos de la derecha para dirimir la protesta social. Con esta acción, el Frente Amplio demuestra que gobierna para seguir manteniendo los privilegios a los capitalistas, a las empresas transnacionales y el pago religioso de la deuda externa, y que para las necesidades populares como educación, salud y vivienda tiene previsto ajuste presupuestal, “austeridad” como cínicamente lo llaman.
El presidente Tabaré Vázquez y el ministro de economía Danilo Astori ya habían anunciado que no permitirían que el conflicto educativo continuara, porque no estaban dispuestos a aumentar el gasto público en vistas del impacto cada vez mayor de la crisis internacional, y por eso pretenden que los “platos rotos” lo paguen los trabajadores y el pueblo.
La represión en el Codicen marca, en perspectiva, un antes y un después en lo que hace a la política represiva. Si bien el FA venía incrementando el presupuesto para las fuerzas represivas e incorporando más y mejores aparatos para la represión, con esto se da un salto en la criminalización de la protesta social, en especial dirigida a la juventud.
El gobierno dio así un mensaje político contundente a los sectores que se escapen de la malla de contención de la dirección del PIT-CNT, un mensaje aleccionador de lo que se viene en la próxima etapa, signada por un ajuste fiscal y un freno a la expectativas e ilusiones que las bases frenteamplistas todavía mantienen con “su” gobierno.
Tanto la dureza del gobierno en el conflicto educativo, como el rostro represivo que muestra hoy, ha llevado a cientos de trabajadores y estudiantes que muchos de ellos habían votado al FA, a verse desencantados, a distanciarse del gobierno, restándole apoyo político, comenzando así un lento pero sostenido proceso de ruptura de sectores cada vez más importantes de la clase obrera y popular con su vieja dirección.
Importante repudio a la represión
Al cierre de esta edición, estudiantes y docentes realizaban una concentración en la Plaza del Entrevero con más de 3 mil personas para repudiar la represión policial y señalar las responsabilidades políticas. Esta acción culmina una jornada de paro de varios gremios de la educación, entre ellos la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria y AFUTU (enseñanza técnica). Continuando con las acciones, está previsto un paro de 48hs para jueves y viernes por parte de los profesores secundarios de Montevideo y una movilización este jueves a las 17hs por el centro de Montevideo.
