En los últimos días fue noticia la muerte de un adulto mayor por Covid-19 y el contagio de 10 personas más en un geriátrico sin habilitación del municipio.
Jueves 4 de junio de 2020 00:00
Un verdadero revés sufrió hace unos días la ciudad de Bahía Blanca al enterarse de la muerte de un adulto mayor de 82 años. Según el Comité de Contingencia para Coronavirus hasta el momento hay un total de 10 infectados, entre ellos 4 trabajadores y 6 adultos mayores del geriátrico “clandestino”. Los pacientes fueron trasladados a diferentes hospitales de la ciudad y, según informaron, los contactos estrechos fueron aislados. Se eleva así el número total de contagios a 72 y el de fallecidos a 3.
La Cámara de Geriátricos de la ciudad confirmó hace pocos días que hay alrededor de unos 300 geríatricos en Bahía Blanca pero sólo 11 se encuentran habilitados por el municipio, es decir alrededor de un 3%, de acuerdo a un registro que proviene de Región Sanitaria 1. Además, la cámara estima que en promedio se encuentran unos 20 pacientes por institución, con lo que calculan un promedio de 6.000 adultos mayores.
Mónica Grimberg, ex funcionaria municipal durante la intendencia de Rodolfo Lopes, trabaja en Región Sanitaria 1 y tiene un parentesco con la fallecida. Además, otra ex funcionaria municipal también durante la intendencia del peronista Rodolfo Lopes, Ana Brandán, trabaja en el mismo organismo sanitario y es responsable directo de controlar los geriátricos y su legalidad y, por ende, la salud de los adultos mayores.
El miércoles Ezequiel Jouglard, director municipal de epidemiología, realizó declaraciones en los medios de comunicaciones diciendo que "Todavía no la tenemos confirmada, pero el hecho de que se empiece a dificultar poder atar los nexos epidemiológicos nos dice que estamos cerca de tener circulación comunitaria." Además agregó "Se llama así (transmisión por conglomerado) cuando hay gran cantidad de casos que tienen nexo en un espacio y tiempo determinado. El primer caso es el que nos marca si es comunitario o no".
El vocero del municipio a modo de seguir cargando de responsabilidad civil los nuevos focos de contagio, cuando ni siquiera pueden tener en regla un 5% de los geriátricos, remarcó que “no hay que relajar el distanciamiento social, el uso de tapabocas y nariz, el lavado de manos, higiene de superficies”. Si el virus está en la comunidad, la responsabilidad no recae en ella sino en el Estado y el municipio por no saber cómo administrar la apertura de la cuarentena ya que incluso no pueden hacer cumplir a las empresas privadas los protocolos sanitarios como ya sucedió con el foco de contagio del parque eólico.
Por el momento ni el intendente Hector Gay, ni nadie de la oposición peronista han hecho declaraciones sobre lo sucedido. ¿El municipio realmente desconoce la existencia de este tipo de asilos? Está más que comprobado que no, pero al no tener ninguna política que se ocupe de los adultos mayores que viven en condiciones de pobreza y precariedad, estos son confinados a lugares que no cuentan con las condiciones de salubridad -y "dignidad"- necesarias, desentendiéndose así de este problema
Trabajar toda una vida para que salven a los bancos y empresarios
El discurso del gobierno nacional de “cuidar a nuestros adultos mayores” se viene expresando desde esa mañana de abril donde los jubilados tuvieron que hacer colas de hasta 12 horas a la intemperie para cobrar y en la etapa más estricta de la cuerentena, luego dieron un aumento miserable por debajo de la fórmula macrista haciéndoles perder aún más contra la inflación y, como si fuera poco, ahora dejan a los geriátricos al libre criterio empresarial sin controlarlos y produciendo focos de contagio.
Luego de toda una vida de haber trabajado la respuesta que da el Estado, y acá vemos que coincide el macrismo de Gay con el peronismo de Alberto Fernández es pagar la deuda odiosa y externa, subsidiar a las grandes empresas como Techint o Clarín o la Merceden Benz y sólo un aumento miserable del 6,12% para los jubilados.
Esto se complementa con la situación de los geriátricos a nivel nacional. En CABA hubo varios establecimiento que tuvieron que ser desalojados por convertirse en focos críticos de contagios masivos de Covid-19 y poner en aislamiento a sus residentes y sus trabajadores. Es sabido que los trabajadores de los asilos son mayoritariamente mujeres y enfermeras, o cuidadoras y que no trabajan en un sólo lugar sino muchas veces lo hacen en más de un geriátrico o incluso en hospitales a causa de los salarios de miseria que cobran.
Por esto es necesario que el Estado garantice todos los elementos de protección personal y testeos masivos a todos los trabajadores de la salud en los asilos para poder identificar y aislar a los contagiados y no poner aún más en riesgo a la población adulta. Además, organizar equipos de profesionales que puedan reemplazar y repartirse las horas de trabajo sin recorte salarial para que no trabajen reventados en distintos lugares.
Hace semanas la Cámara de Senadores bonaerense, en un intento de paliar el estado de abandono de los adultos mayores, sancionó la ley que declara la emergencia sanitaria de los geriátricos tanto de gestión pública como privada a raíz de la pandemia del coronavirus. El Ministerio de Salud bonaerense podrá permitir "el funcionamiento excepcional, precario y transitorio por un plazo que en ningún caso podrá superar el de la emergencia social, económica, productiva, y energética" y además " determinará el procedimiento a seguir para los casos en que el establecimiento no cumpla las condiciones mínimas de permanencia y deba a su clausura definitiva, disponiendo, juntos con los Municipios, el traslado de los adultos mayores a otros establecimientos o residencias".
Entendemos que esto no solamente es insuficiente sino que además garantiza la especulación empresarial sobre la salud de los adultos mayores. La salud no debería ser un negocio, así como tampoco debería serlo garantizar el agua en un barrio popular para que las personas puedan lavarse las manos con jabón.
Es urgente que los geriátricos privados pasen a la órbita estatal y dependan del Ministerio de Salud donde se priorice el criterio sanitario y no el lucro empresarial. Y también que se pongan en pie y sean reconocidas por el Estado comisiones de seguridad e higiene integradas por trabajadores de la salud, familiares y los internos que puedan y deseen participar, para poder decidir sobre las necesidades y la protección de los adultos mayores.
