El juez Gustavo Villanueva, a cargo de la causa por el asesinato de Rafael Nahuel, rechazó un nuevo pedido de la Administración de Parques Nacionales que solicita a la Justicia el desalojo de la comunidad mapuche de la lof Lafken Winkul Mapu del predio de Villa Mascardi.
Martes 15 de mayo de 2018
El amigo de Mauricio Macri, Eugenio Breard, titular de Parques Nacionales, dueño del Country Club Cumelén de Villa La Angostura fue el responsable de pedir a la Justicia el desalojo de la comunidad mapuche donde la Prefectura asesinó por la espalda a Rafael Nahuel el 25 de noviembre de 2017. En esa oportunidad la Justicia dio lugar al pedido de desalojo solicitado por la Administración de Parques Nacionales.
En marzo de este año Breard volvió a reiterar el pedido de desalojo a la comunidad mapuche, a quienes legítimamente les pertenecen las tierras. Este viernes el juez Gustavo Villanueva, el mismo que ordenó desalojar a los mapuches en noviembre del año pasado, esta vez resolvió rechazar el pedido del empresario y titular de Parques Nacionales.
Crimen de Nahuel
Rafael Nahuel fue asesinado por la espalda por prefectos. El joven de 22 años estaba junto a su comunidad, reclamando por las tierras que le pertenecen, en lago Mascardi, cerca de Bariloche, en territorio del Lof Lafken Winkul Mapu. El 25 de noviembre, a las órdenes de la ministra Bullrich, el grupo especial de Prefectura Albatros, Policía Federal y Gendarmería Nacional participaron del operativo represivo donde finaliza con la vida del joven mapuche.
Un día después, el 26 de noviembre, el Ministerio de Seguridad emite un informe donde relata los supuestos hechos. El informe intenta encubrir lo actuado por las fuerzas represivas que asesinan a un joven por la espalda. En el informen dicen que en medio de un patrullaje los prefectos se toparon con un grupo de personas que “comenzó una agresión contra los Albatros con piedras, boleadoras y lanzas”. Y que luego de que uno de los efectivos intentara repeler el ataque “con un arma no letal con munición no letal de pintura”, “inmediatamente se escucharon gritos por parte del grupo de encapuchados, que decían ’los vamos a matar, son pocos, son cuatro’”.
Acto seguido, según la versión oficial, “los efectivos escucharon fuertes estampidos en dirección a su posición y observaron a dos o más personas portando armas de fuego que, por el sonido y el efecto de las efracciones, daban cuenta de ser de grueso calibre. Además, se dieron cuenta del calibre de las balas porque arrancaron ramas gruesas de cuajo”. El comunicado trataba de instalar la teoría del enfrentamiento.
Al día siguiente, en conferencia de prensa la ministra de Seguridad y su par de Justicia, Germán Garavano, justificaron el crimen del joven mapuche Rafael Nahuel.
“Queremos conceptualizar lo que está sucediendo en nuestro país, una situación que hace varios años que sucede pero no ha sido tomada en cuenta. En el sur de nuestro país han sucedido más de 70 acciones violentas o atentados en los últimos años”, sentenció Bullrich. Y agregó que se está “frente a grupos violentos que han escalado, que no respetan la ley, que no reconocen a la Argentina, al Estado, la Constitución, los símbolos, que se consideran un poder fáctico con una ley distinta”.
Y volviendo a la teoría del enfrentamiento la ministra sostuvo: “Nosotros no tenemos que probar lo que hace una fuerza de seguridad en el marco de una acción ordenada judicialmente”.
“Nosotros le creemos lo que nos dicen las fuerzas y no tenemos por qué no creerles”, argumentó la camaleónica funcionaria. Y en ese sentido se basó en lo relatado por los prefectos del grupo Albatros: “hubo estruendos muy fuertes, propios de armas de grueso calibre. Pero esas armas no pudieron ser secuestradas y seguramente ya no están más en ese lugar”.
Pero meses más tarde, los resultados de la pericia balística realizadas en las manos de Nahuel dieron negativo. No había rastros de pólvora en las manos del joven. Los resultados de la pericia se conocieron a mediados de marzo, y la información desmiente la operación que habían armado Patricia Bullrich y el ministro de Justicia para justificar la represión que terminó con la vida del joven.
