En las últimas semanas han comenzado una cascada de juicios de las diferentes tramas de corrupción relacionadas con los principales partidos e instituciones del régimen.
Viernes 14 de octubre de 2016
Entre estos casos se destacan los de la trama Gürtel –nuevamente en el centro de la escena política tras las escandalosas declaraciones de Francisco Correa-, las “tarjetas black”, los ERES en Andalucía, la financiación ilegal del PP valenciano y nacional, la trama de corrupción del gobierno de Matas en Baleares y un largo etcétera. El volumen de dinero y recursos malversados en estos casos es realmente apabullante. Esto pone de relieve uno de los problemas más sentidos en el país, como demuestran los datos del CIS: la corrupción generalizada dentro del Estado español.
Uno de los elementos comunes de todos estos casos es el nivel de impunidad con el que actuaban los acusados, que refleja una forma de hacer política totalmente extendida por parte de las élites. Como también paso en los ‘90, la crisis económica sirvió como catalizador para destapar una gran cantidad de tramas, provocando una presión terrible en todas las instituciones del régimen por parte de la opinión pública, lo que llevó a su vez a sucesos sorprendentes, algunos impensables en la etapa política anterior, como la imputación de toda una infanta.
La magnitud alcanzada por estas tramas mostró claramente que la corrupción en el Estado español es sistémica –como lo es en todos países capitalistas del mundo-, es decir, forma parte de los mecanismos que hacen funcionar al propio sistema. Aunque el caso español muestra cada vez mayores síntomas de descomposición al calor de la crisis del propio régimen político.
Casos como el de las “tarjetas black”, en las que están implicados desde empresarios, hasta políticos capitalistas y burócratas sindicales, son ejemplos claros de como dentro de todas las instituciones del régimen existen el mismo tipo de corruptelas. Pruebas que dejan al descubierto el discurso que ha ido elaborando durante décadas la burguesía, de que simplemente se tratan de casos aislados o manzanas podridas, y que tanto ha calado en la conciencia de la clase trabajadora.
Todo esto ha jugado un papel muy importante en el aumento de la indignación que tuvo sus principales expresiones políticas en la etapa de movilizaciones que va de 2011 a 2014, y de una manera muy difuminada en la creación de Podemos. Para una gran parte de la clase trabajadora, que fue duramente castigada durante la crisis, la corrupción se convirtió en un problema democrático elemental, ya que la misma “casta” que hacia política en su contra y reprimía sus movilizaciones luego eran los principales implicados en las distintas tramas de corrupción. Una mención especial merecería la monarquía, una institución corrupta hasta el tuétano que se apoya en criterios ridículamente antidemocráticos.
Sin embargo, no parece que esto vaya a parar aquí, cada caso de corrupción investigado nos lleva a muchos más en una lógica endiablada que no parece tener fin. A pesar de las extendidas ilusiones democráticas que tiene la mayoría de la población, la alternativa de cambiar las cosas dentro de este régimen podrido del ‘78 es cada vez más absurda.
Para terminar con las corruptelas y los privilegios de la “casta política”, es necesario tomar el toro por las astas, imponiendo mediante la lucha de clases la apertura de procesos constituyentes en los que se puedan tomar medidas que erradiquen de cuajo las bases de la corrupción, como por ejemplo que todo cargo político electo cobre un salario igual al de una maestra o un trabajador calificado, o que estos sean revocables en cualquier momento por los propios electores.
Como decía Lenin, a propósito de las enseñanzas de la Comuna de París de 1871: “estas medidas democráticas, sencillas y ‘evidentes por sí mismas’, al mismo tiempo que unifican en absoluto los intereses de los obreros y de la mayoría de los campesinos, sirven de puente que conduce del capitalismo al socialismo.”
