El grupo Tragsa es un nuevo ejemplo de malversación de fondos públicos, explotación laboral y una burocracia sindical corrupta. La CGT denuncia una trama de complicidades.
Martes 17 de mayo de 2016
Desde 2013 los trabajadores de Tragsa perteneciente al SEPI Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), vienen sufriendo la aplicación de un ERE que pretende poner en el paro a 1336 trabajadores. En ese mismo año las pérdidas de Tragsa ascendían a 18,5 millones de euros, pero sus directivos repartieron bonos económicos por valor de 4 millones y en el último balance cuando la previsión de pérdidas asciende ya a 40 millones, los mismos directivos u otros, qué más da, van a recibir pluses por valor de hasta 50.000 euros.
El tope salarial fijado por Rajoy en 2012, límite de 105.000 euros anuales, ya fue rechazado por la dirección de Tragsa y ahora muchos de esos directivos podrían superarlo gracias a estos nuevos pluses, de los que los trabajadores aseguran conocer el origen. "Estos pluses salen a costa de nuestro esfuerzo y de nuestra paga de navidad" explica Juan Manuel Rodríguez, secretario de la Organización CGT TRAGSA.
Es el premio a la inoperancia, la justa recompensa para quienes la crisis es algo abstracto, ya que está la clase trabajadora para sufrirla. Pero lo más grave es que es una empresa administrada con capital público. Dinero público que también sirve para contribuir al acomodo, la traición y burocratización de las direcciones sindicales mayoritarias, según han denunciado desde CGT en su twitter. Reproducimos esta declaración:
En la Sección Sindical Estatal de CGT en Tragsa nos ha quedado bien clara la relación existente entre la empresa y UGT tras la sentencia de 4 de noviembre de 2015 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sentencia nº 868/2015).
En dicha sentencia se establece como hechos probados que 11 personas fueron contratadas aparentemente por TRAGSA con diferentes contratos laborales. TRAGSA les dio de alta en la seguridad social y abonaba el salario. Estos contratos datan, algunos de ellos desde los años 80, otros desde los 90 y el resto ya en los años 2000. A pesar de estas aparentes contrataciones estas personas nunca trabajaron para TRAGSA ya que ocupaban cargos electivos en la estructura de la UGT.
Todas estas personas aparentemente contratadas en diferentes categorías percibían un salario mensual idéntico de 2.272,51 euros. Estos supuestos delegados sindicales nunca trabajaron para TRAGSA y tampoco fueron seleccionados por TRAGSA sino que para la supuesta contratación eran elegidos por UGT. Todos ellos tenían cargos y responsabilidades en la estructura del sindicato UGT. Es decir, según la sentencia había un acuerdo entre TRAGSA y UGT en el que la empresa se limitaba a contratar y retribuir a unas personas a las que no escoge y que nunca trabajaron en TRAGSA sino que estos realizan tareas de cargos sindicales para UGT.
La Sentencia declara que este acuerdo era una forma de financiación que le venía prestando TRAGSA a UGT. Un pozo sin fondo al que van a parar continuamente ingentes cantidades de dinero que evidentemente salen del sacrificio de toda la clase trabajadora en general, precarizando los puestos de trabajo con reducciones salariales y de derechos, sustituyendo plantillas fijas por contratos temporales sin ningún tipo de garantías laborales.
Tras una sentencia de la audiencia nacional el ERE fue declarado nulo pero la empresa presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y este acabó dándole la razón declarándolo procedente y ajustado a derecho. Sin palabras.
