Enmiendas. La corrupción no terminará con este fraude constitucional

En medio del escándalo que encendió los ánimos en el gobierno, por casos de corrupción que involucran a partidos afines al presidente Boric, donde la derecha busca golpear al gobierno hipócritamente, como si para ellos fuera algo ajeno. Frente a esto, es que en el consejo constitucional los partidos de “unidad para Chile” (PC,RD,CS,PS) elaboraron enmiendas en materia de anticorrupción para la propuesta de nueva constitución, buscando así alguna forma para "mitigar" la corrupción en el Estado y lavarse las manos ante la opinión pública.

Esta semana las y los concejeros de “Unidad para Chile”, conglomerado que representa a los partidos de gobierno en el antidemocrático proceso de nueva constitución, presentaron las enmiendas en materia de anticorrupción para implementar en la nueva carta magna. Siendo así dos principales aspectos a destacar, uno es el “robustecimiento del principio de probidad y transparencia” y el segundo sería extender las atribuciones fiscalizadoras de la contraloría general de la república, a toda entidad financiada con fondos públicos, tanto corporaciones e instituciones privadas.

Esto se da en el marco del escándalo de la Fundación Democracia Viva, ligada a Revolución Democrática, quienes son parte del Frente Amplio, y a la diputada Catalina Perez, donde se denuncian irregularidades en tratos directos con el MINVU de Antofagasta, por más de 420 millones de pesos. Desde el gobierno debieron salir actuar rápidamente, es así como Boric le pide la renuncia a la subsecretaría Tatiana Rojas, en esta misma línea RD, suspende la militancia de Catalina Perez y expulsa a Daniel Andrade, representante legal de la fundación y pareja de la Diputada.

En esta misma línea, desde los partidos del régimen, junto al gobierno vienen en una disputa por quién es menos o más corrupto. Mientras la derecha habla de “hechos inaceptables”, prácticamente horrorizada por lo sucedido, buscan blindarse ante posibles nuevas investigaciones que dejen en evidencia nuevos entramados millonarios que involucren fondos públicos del Estado. Algo que durante décadas ha estado ligado a los partidos tradicionales y empresas privadas, siendo la receta especial de quienes buscan hacerse millonarios a través del Estado y los fondos de las y los trabajadores. No hay que olvidar casos como Penta y SQM o el milicogate y el pacogate.

Es por esto que un problema profundo como el de la corrupción, nos tiene que llevar a reflexionar sobre el carácter del Estado y su composición estructural bajo un sistema capitalista que en esencia es corrupto, el cual a través de la burocracia estatal busca mantener sus privilegios de clase, como “burlar” la justicia para salir ilesos de juicio y castigo frente a casos como estos. En esta misma línea, las enmiendas de los partidos de gobierno que buscan ser la alternativa para subsanar la corrupción no resolverán el problema de raíz y menos a través de un proceso constitucional totalmente fraudulento, donde terminan siendo migajas que se mantienen bajo los márgenes del Estado capitalista y el régimen político neoliberal, terminando simplemente como una fachada para conciliar con los ataques de la derecha.

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Frente a ese escenario donde se destapa la corrupción de quienes administran el Estado y garantizan las ganancias de los grandes empresarios en desmedro de las condiciones de vida de las y los trabajadores. Se hace una necesidad poder forjar una alternativa de izquierda que sea consecuente, que se proponga enfrentar a la derecha de forma independiente al gobierno, con un programa donde se proponga luchar por las demandas postergadas de la clase trabajadora y el pueblo como lo es el derecho a la vivienda, salud y educación de calidad, buscando afectar las ganancias capitalistas, nacionalizando los recursos naturales, bajo gestiones de trabajadores y comunidades.