Renunció el presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega. Sube Alejandro Vanoli, del núcleo más cercano de la Presidenta. El Gobierno denuncia a los especuladores que empujan a una devaluación, pero no toca a los banqueros. El Frente de Izquierda dice que la solución es nacionalizar la banca con control de los trabajadores.
Jueves 2 de octubre de 2014
Fueron las palabras de la propia Presidenta las que apuraron la renuncia de Juan Carlos Fábrega: “En el Banco Central hay ochenta mil expedientes, algunos que datan de los años 80, sobre infracciones a la Ley Penal Cambiaria, de exportadores, de bancos, de financieras, miles y miles de millones de dólares que han sido sustraídos”, acusó.
Por las recientes maniobras del famoso “contado con liqui”, fueron escrachados por el Gobierno los banqueros del Mariva, del Banco Macro y del Patagonia. La Presidenta tuiteó ayer que el Mariva, y su dueño José Luis Pardo, están siendo investigados “por el fiscal Miguel Osorio en la misma causa que lo hace con Ernestina Herrera, Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro por la transferencia a una entidad financiera de Bahamas de más de tres millones de pesos en octubre de 2008”. Pero el hecho de que la cantidad de expedientes acumulados en el BCRA sean nada menos que ochenta mil, y que vengan desde hace treinta años, es más que suficiente prueba para incriminar no solo a Fábrega, sino de conjunto a todos sus antecesores de Gobiernos radicales y peronistas por permitir maniobras especulativas contra el peso con el que se pagan los salarios. Inclusive, en el año 2012, cuando al frente del BCRA estaba Mercedes Marcó del Pont, ante una corrida especulativa la propia Cristina Fernández vetó la aplicación de la limitadísima Ley Penal Cambiaria.
El cambio en el Banco Central, un relevo no planificado, constituye una manifestación al interior del Gabinete de la zona de turbulencias por la que pasa la economía. Se fue Fábrega, un hombre estrechamente ligado a los banqueros que llegó al Gobierno de la mano de Boudou y que era parte de un elenco gubernamental que intentaba mostrarse más amplio, también con Capitanich como puente entre el núcleo kirchnerista y los gobernadores. La anunciada partida del chaqueño como jefe de Gabinete y la designación de Vanoli, cercano al entorno de la Presidenta, al BCRA, muestran que el kirchnerismo se cierra sobre sí mismo en esta de etapa de Gobierno signada por los temblores de la devaluación y por la vuelta de la crisis de la deuda a la escena nacional.
En este panorama el Gobierno pretende blindarse con una pobre maniobra discursiva: el que se opone sería parte de un "complot de desestabilización” junto a empresarios exportadores, sojeros, financistas, Duhalde y, encima, con apoyo de la mismísima embajada norteamericana.
¿Qué dice la izquierda? “Pasaron de los beneficios a la denuncia de complot. Durante diez años beneficiaron a todas las empresas internacionales, como Lear, Chevron, y ahora los acusan de desestabilizar al Gobierno”, resaltó el joven legislador nacional Nicolás del Caño, del PTS en el Frente de Izquierda. “Esto es solo una guerra de palabras. Acusan a Estados Unidos, pero después pagan la deuda externa usurera y quieren fortalecer las relaciones con las empresas petroleras. Como ya dijimos cuando se discutió la Ley de Abastecimiento, con las medidas del Gobierno los especuladores pueden dormir tranquilos. La plataforma del FIT es clara en ir a la cuestión de fondo: el monopolio estatal del comercio exterior para evitar la especulación de las grandes cerealeras, y la nacionalización de la banca para cortar de raíz toda fuga de capitales y corridas contra el peso”.
