La semana que concluye será recordada como aquella en que el barril de petróleo en el mercado estadounidense cotizó por primera vez en la historia a valores negativos. La crisis del sector lleva la delantera en el parate generalizado que desató la pandemia, pero es tan incierta como el futuro de la economía. ¿El fin de la ilusión “eldoradista” en Vaca Muerta?

Cuando el barril perforó el piso

Lunes 20 de abril. Falta un día para el cierre de los contratos futuros de mayo del West Texas Intermediate, el barril de petróleo de referencia en Estados Unidos. Las reservas de crudo en Cushing, Oklahoma, el centro de almacenamiento clave y punto de entrega del contrato WTI, aumentaron casi un 50 % desde finales de febrero hasta principios de abril. Con 55 millones de barriles, su capacidad estaba cubierta en un 72% hacia el 10 de abril, sostuvo la Administración de Información sobre Energía yanqui (EIA por sus siglas en inglés). En las próximas semanas podría colapsar, advirtieron desde Goldman Sachs.

El WTI se produce lejos de los puertos, a diferencia del Brent (de referencia en Europa), que se vende a barcos en el Mar del Norte. Con la capacidad de almacenamiento de crudo en tierra llegando a su máximo, el lunes los inversores y las empresas se desprendían del petróleo como de papas calientes. La cotización descendió en caída libre. Pero al tocar el piso no se detuvo, lo perforó y siguió descendiendo. “El barril se desploma un 305 %”, titula la prensa… ¿Cómo? Por primera vez en la historia, cotizó a valores negativos, cerrando la jornada en -37,63 dólares. Es decir que, quienes habían adquirido contratos de WTI para mayo, terminaron en última instancia afrontando los elevados costos de su almacenamiento.

El martes 21, Trump escribe en un tweet que “no dejará caer la gran industria norteamericana de petróleo y gas”. El miércoles 22, tres meses y medio después del asesinato del general Soleimani, apunta su cuenta de Twitter a Irán: “destruiré sus cañoneros si acosan a nuestros barcos”. El precio del barril responde al estímulo y rebota, ubicándose al finalizar la semana alrededor de los U$S 17 en el caso del WTI y los U$S 21,5 para el Brent. Sin embargo, las profundas causas que llevaron a su desplome, siguen en pie. No se puede tapar el sol con las manos.

El parate económico precipitado por las medidas de confinamiento dispuestas para contener la propagación del COVID-19, redujo la demanda de petróleo en al menos un 30%, un retroceso sin precedentes, según la Agencia Internacional de la Energía, con sede en París (AIE). A mediados de abril, el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, sostuvo: “en unos años, cuando echemos la vista atrás, veremos que 2020 ha sido el peor ejercicio en la historia del mercado del petróleo. Más en concreto, este segundo trimestre será el peor trimestre de la historia. Y dentro de ese peor trimestre, abril será el peor mes en la historia". La posibilidad de la recuperación de esa demanda, es tan incierta como el alcance de la crisis económica abierta.

Pero por si esto fuera poco, hasta principios de abril se desarrolló una “guerra de precios” entre los dos principales exportadores a nivel mundial, Arabia Saudita y Rusia, impidiendo un acuerdo que redujera la oferta de crudo, mientras tanto en esos países como en Estados Unidos continuó la sobreproducción.

El 12 de abril, Arabia Saudita, Rusia y el conjunto de la Organización de Países Exportadores de Petróleo ampliada (OPEP+) llegan a un acuerdo que (como mucho de lo que ocurre durante la pandemia) no tiene precedentes. Estados Unidos se acopla, a diferencia de lo que ocurría en acuerdos anteriores. Desde mayo recortarían la oferta en 10 millones de barriles por día, hasta niveles de 2011. Pero la AIE estima que la demanda caerá tres veces más que eso, 29 millones de barriles por día, a niveles de 1995. A pesar de lo histórico del acuerdo, fue demasiado poco, y llegó demasiado tarde.

Esta combinación de factores fue la que confluyó en el extraño episodio del pasado lunes en el mercado estadounidense (que como dijimos, tiene desventajas a la hora del almacenamiento), pero se desarrolla a nivel global, haciendo caer a niveles históricamente bajos también al Brent. Los barcos, oleoductos y tanques de almacenamiento de todo el mundo, siguen la misma tendencia: hasta el 22 de abril, según la consultora Vortexa, los productos derivados del petróleo en altamar equivalían a 68 millones de barriles, más que duplicando los 30 millones de marzo.

Así las cosas, hasta los más optimistas hablan del “peor año” para el mercado petrolero, sin descartar el cierre de pozos (un proceso complejo y costoso) y hasta la multiplicación de las quiebras de empresas del sector, empezando por aquellas de menor tamaño, más endeudadas, y dedicadas a las explotaciones de mayor costo, como lo son el shale oil y el shale gas. Si la expectativa del boom hidrocarburífero en Argentina se encontraba en stand by, esta nueva situación hizo explotar los equilibrios precarios en los que se venía sosteniendo la actividad.

Vaca Muerta: ¿hacia el fin de una ilusión?

En 2012 el gobierno de CFK recompraba la mayoría de las acciones de la Sociedad Anónima YPF a la española Repsol. Lo hacía después de permitir durante años que la multinacional explotara y exportara sin explorar, mientras las reservas de hidrocarburos caían.

La decisión se tomó cuando los enormes costos en dólares de la importación de gas se evidenciaron insostenibles. El discurso de soberanía no le gustó a la derecha. Macri mandó a sus diputados a votar en contra. Alberto Fernández, actuaba como lobbysta de la Repsol y denunciaba con Joaquín Morales Solá la supuesta “confiscación” a los accionistas.

Un año después, quedaría claro el plan: la mayoría accionaria del Estado en YPF (que siguió siendo una sociedad anónima con 49 % de accionistas privados cotizando en la bolsa de Buenos Aires y Nueva York y en la que hasta el día de hoy tienen participación fondos buitre como Black Rock), fue utilizada para asociarse a la yanqui Chevron, heredera de la Standard Oil.

La apuesta era ambiciosa: iniciar la explotación masiva de Vaca Muerta, una enorme formación rica en shale oil y shale gas, hidrocarburos no convencionales, para cuya extracción se requieren cuantiosas inversiones y la agresiva y contaminante técnica del fracking. Desde ese momento, la “promesa eldoradista” como la denominó Maristella Svampa, fue adoptada, aunque con matices en sus discursos, tanto por el kirchnerismo como por el macrismo.

Un saqueo sin grieta

El 28 de agosto de 2013, en medio de una represión que duró horas, la legislatura neuquina aprobaba el acuerdo con Chevron. Un acuerdo que incluyó cláusulas secretas y empresas off shore, y que implicó la concesión del yacimiento Loma Campana hasta el año 2048. Desde ese momento las petroleras no dejaron de obtener beneficios de parte del Estado.

Un mes antes del acuerdo el gobierno de CFK firmó un decreto “delivery”, el 929/13, creando un “Régimen de promoción” de la inversión en hidrocarburos. Entre otras cosas, habilitaba la exportación de parte de su producción sin pagar un peso y disponiendo libremente de los dólares, en tiempos en que la economía funcionaba con un cepo para la moneda extranjera.

En el 2014 el Congreso aprobaría la ley 27.007 generalizando los beneficios otorgados a la Chevron, e incorporando otros nuevos. Esa ley bajaría el piso de inversiones para entrar al “régimen de promoción”, reduciría a 3 años el plazo para comenzar a exportar parte de su producción (un 20 %) con 0 % de alícuota, y dejaría establecido en 35 años el plazo para las concesiones de explotación no convencionales, prorrogable por 10 más.

Las regalías se mantendrían en un 12 %, pero permitiendo a las autoridades de aplicación reducirlas a un ínfimo 5 %. A su vez, se limitarían otros impuestos, como Ingresos Brutos. El único proyecto alternativo a la "ley Chevron" en ese momento, fue el presentado por Nicolás del Caño junto a Raúl Godoy.

Los beneficios de la ley 27.007 se sumarían a los planes de estímulo ya existentes desde 2013 para la producción excedente de gas, que garantizaban un subsidio para alcanzar el precio U$D 7,5 el millón de BTU [1]. Las transferencias por medio de este estímulo fueron de U$S 1.139 millones en 2013, U$D 1.388 millones en 2014 y U$D 1.283 millones en 2015 [2].

Desde fines de 2014 el precio internacional del barril descendería de los U$S 70 por barril. Vaca Muerta atravesaría su primer sacudón que, claro está, la pagaron los trabajadores del sector con miles de despidos, jubilaciones anticipadas y reducción salarial por medio de suspensiones rotativas.

La política del entonces ministro de Economía Axel Kicillof, por medio de la Resolución 1077/2014, será sostener un precio interno por encima del precio internacional, por medio del famoso “barril criollo”, del que se vuelve a hablar por estos días. Gracias a esa resolución, en los años 2015, 2016 y 2017 el mercado local pagó un precio 39,7 %, 34,7 % y 4,4 % superior al precio internacional [3]. A través del “barril criollo”, fueron transferidos a las operadoras U$S 5.370 millones, solo entre diciembre de 2014 y mayo de 2016. El precio sostén dejó de existir hacia septiembre de 2017, cuando los precios internos convergieron con los internacionales (en ascenso).

La política energética de Cambiemos, que copó el Ministerio de Energía con CEOs, empezando por Aranguren, de Shell, fue aumentar las transferencias al sector desde los hogares, aplicando tarifazos brutales, que en el caso del gas llegaron al 2.400 %. Buena parte de esos tarifazos, terminaron en Vaca Muerta.

Esto, sin embargo, no significó que el macrismo dejara de subsidiar. Según un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales [4], los subsidios (dolarizados) a los combustibles en 2019 (entre las empresas que extraen y las que distribuyen), duplicaron lo destinado en 2018 por parte del Estado a las Universidades Nacionales. Si se comparan los subsidios (que paga el estado nacional) con las regalías (que reciben los estados provinciales), el resultado es escandaloso.

En el gas, los subsidios recibidos por las empresas en los últimos años fueron mayores a las regalías que pagaron: en 2016 recibieron U$S 3,5 de subsidios por cada dólar que pagaron en concepto de regalías; en 2017 U$S1, 7 y en 2018, U$S 1,3.

María Marta Di Paola, Directora de Investigación de la FARN sostiene en una entrevista que “en 2019, el 88 % de la producción de gas de Vaca Muerta fue subsidiada. Las empresas que recibieron subsidios fueron 13, se llevaron el 0,20% del presupuesto nacional, que equivale a 4 millones de Asignaciones Universales por Hijo (AUH), o 665 mil salarios mínimos, o 5 meses de recaudación de lo que es el monotributo”.

El macrismo, con la Resolución 46/2017 (aún vigente), retomó el mecanismo del subsidio a la producción excedente de gas de Kiciloff, pero para el conjunto de la producción no convencional. El estado transfiere la diferencia entre el precio del millón de BTU en el mercado, y un precio establecido en US$ 7,50 para 2018, 7 dólares en 2019; a US$ 6,50 en 2020 y a 6 dólares en 2021. Así, por tomar un ejemplo, si el precio de mercado del gas hoy es de U$S 2,5 el millón de BTU, las petroleras que obtengan el subsidio deberán pagar U$D 0,78 de regalías al Estado provincial; pero recibiendo U$S 4 del Estado nacional. Un negocio insólito.

La gran ganadora de esta política fue Tecpetrol, la petrolera del grupo Techint, de propiedad del magnate Paolo Rocca. En poco tiempo pasó de la nada a ser la estrella del gas no convencional, con la explotación de Fortín de Piedra. Según un informe de Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (EJES), de enero a septiembre de 2018 Tecpetrol tuvo ingresos por ventas por $14.272 millones. Más de un tercio, $4.911 millones, provinieron del subsidio estatal. Luego de que Christine Lagarde le tirara de las orejas a Dujovne, el monto del subsidio ya no se calcularía tomando la producción total, sino la declarada al iniciar el proyecto. Y como Tecpetrol invirtió para obtener 8,5 millones de metros cúbicos de gas por día, pero se llevó la grata sorpresa de terminar extrayendo 17 millones, demanda al estado argentino por una suma que a septiembre de 2019 ascendía a nada menos que U$S 386 millones. Miserables...

El macrismo aprovechó el marco legal heredado de los años menemistas y kirchneristas, e impuso nuevas contrarreformas, especialmente en el terreno laboral. Fue así que a comienzos de 2017 las patronales impusieron una adenda flexibilizadora del convenio petrolero para los no convencionales. Macri, el gobernador de Neuquén Omar Gutiérrez, Aranguren y el entonces Ministro de Trabajo Jorge Triaca, celebraron la responsabilidad del sindicalista y empresario (y en ese entonces senador) Guillermo Pereyra. Vaca Muerta se convertía en la vanguardia de la reforma laboral.

La adenda incrementó los riesgos laborales al reducir dotaciones, habilitar trabajos nocturnos, aumentar la tolerancia para el trabajo con vientos fuertes de hasta 60km/h y ráfagas aún mayores, implementar la polifuncionalidad y las “tareas simultáneas”, superar el máximo de horas extras, etc.

Según La Nación, la reducción de los costos laborales por la adenda fue de un 30 %. Para los trabajadores, la adenda fue parte de una ofensiva que relajó los mecanismos de seguridad y dio rienda suelta al aumento de la productividad obrera, logrando un récord de muertes laborales. 8 obreros fallecieron desde ese momento, que se suman a los cientos de accidentes evitables que terminan con lesiones, mutilaciones y discapacidades para muchos trabajadores.

Con este envión Vaca Muerta repunta, vuelve a su ciclo ascendente, y el gobierno presenta como logro que en 2018 Argentina vuelva a exportar gas a Chile. Si bien se desaceleró tras la reinterpretación de la Resolución 46, la actividad en Vaca Muerta siguió creciendo, a contramano de la recesión a nivel nacional.

Será con el resultado de las elecciones primarias de agosto de 2019, que el macrismo decretará el congelamiento de tarifas, al mismo tiempo que la devaluación ampliaba la brecha entre los precios internacionales y los del mercado local. Desde ese momento la tendencia cambiará.

En enero de 2020 un informe de la firma NCS Multistage sostiene que la cantidad de etapas de fractura fue un 18,5 % menor que en ese mismo mes de 2019. Aun así, la producción de Vaca Muerta siguió en aumento “por inercia” (los nuevos pozos se suman a la producción de los que ya estaban en funcionamiento).

En 2019, Vaca Muerta rindió 10 millones de barriles de petróleo más que en 2018. En el caso del gas, el aumento interanual fue de 2.600 millones de metros cúbicos.

Pero las petroleras pretenden no perder márgenes de ganancia. Y con su lobby, obtuvieron del gobierno de Alberto Fernández al menos tres favores: 1) la ley de “solidaridad”, que suspendió la movilidad jubilatoria y postuló como norte el pago de la deuda externa, redujo las retenciones al sector del 12 al 8 %; 2) a la hora de su promulgación, el único veto del presidente fue al artículo 52, que sostenía: “en ningún caso el derecho de exportación de hidrocarburos podrá disminuir el valor Boca de Pozo para el cálculo y pago de regalías”. Esto significa que las empresas que exporten gas o petróleo no solo pagarán menos en concepto de retenciones al estado nacional, sino que además pagarán menos en concepto de regalías a los estados provinciales (ya que para calcularlas no se tomará en cuenta el total producido, sino que se descontará el 8 %); 3) luego de una reunión con los ejecutivos de YPF, ExxonMobil, Pan American Energy, Vista Oil & Gas, Pluspetrol, Tecpetrol, Shell, Chevron, Total, Wintershall y Compañía General de Combustibles , el 16 de enero el Banco Central emitió una resolución flexibilizando el cepo para permitir a las empresas el giro de divisas al exterior, en concepto de utilidades y dividendos, por un monto equivalente al 30 % de sus inversiones.

Socialización de los costos

Como vimos, Vaca Muerta llega a esta crisis luego de años en que las petroleras consiguieron de los distintos gobiernos innumerables beneficios. Las ganancias, son privadas. Pero los costos, los socializan.

Mientras Vaca Muerta crecía, los contrastes sociales en la provincia de Neuquén, epicentro de la explotación, también se acrecentaron. Los costos de vida en la región son altísimos. La inflación es aún superior a la media nacional y el año que pasó alcanzó el 63,6 %. Los asentamientos informales aumentaron desesperadamente, mientras que un alquiler para una persona no baja de los $15.000 por mes. En Neuquén el Producto Bruto Geográfico aumentó contrastando con la recesión a nivel nacional, pero al mismo tiempo aumentaban la pobreza y la indigencia.

Pero los “costos” no son solo económicos. Los impactos ambientales son cada vez más evidentes. El discurso del “fracking seguro” no se sostiene: derrames, incendios de magnitudes que tardan semanas en controlarse, y solo luego de importar profesionales y tecnología de otros países. Solo en 2018 se registraron 3 “incidentes” por día.

La relación entre sismos y fracking, que en muchos países fue la principal causa de prohibición o moratoria de la técnica, hoy es inocultable. En Sauzal Bonito se produjeron cientos de temblores desde que empezó el fracking.

Contaminación del agua, filtraciones de gas y fluidos, accidentes radiactivos, venteos sin ningún tipo de control, pozos sumideros y basureros petroleros emanando tóxicos que respira la población… Todo esto sin contar con el enorme volumen de gases de efecto invernadero que se emiten tanto en el consumo de la energía, como para su extracción, en momentos en que la crisis climática recorre el mundo.

Para todo este desastre, fue necesario desplazar y criminalizar a comunidades del pueblo nación mapuche, como en el caso emblemático del Lof Campo Maripe.

¿Hay alternativa a la crisis?

Cuando los precios internacionales suben, las petroleras exigen la libertad para que el mercado local se ajuste a esos precios. Cuando el precio internacional baja, esas mismas empresas salen corriendo a exigir la intervención del estado para fijar los precios domésticos por encima de esos niveles, pagar menos impuestos y ajustar a los trabajadores.

El gobierno de Fernández se encuentra con una encrucijada. Si desde su asunción no publicó un plan energético, se esperaba que tras la negociación con los bonistas enviara al Congreso un proyecto de ley de hidrocarburos con más nuevos beneficios. Incluso su neoliberal estrella, Guillermo Nielsen, filtró en su momento algunos ejes de un borrador. La ilusión, nuevamente: juntar dólares para pagar deuda.

Hoy pareciera que pasó un siglo desde la “rosca” por el proyecto de ley. El gobierno se encuentra en negociaciones para reeditar en los próximos días un nuevo “barril criollo”. Las principales interesadas en esta política son las productoras no integradas (es decir, que no participan del segmento de la refinación) y los gobiernos de las provincias como Neuquén, Chubut o Santa Cruz, ultra-dependientes de la monoproducción de hidrocarburos, cuyos estados se sostienen a partir de las regalías, y sin ellas solo podrían sostener sus gastos con mayor endeudamiento.

De concretarse, nuevamente la drástica caída de los precios internacionales no se traduciría en una reducción de las tarifas (que suben cuando el precio internacional sube, pero nunca bajan cuando éste retrocede), sino que los consumidores cargarán con el peso de nuevas transferencias a las empresas.

Como publicó La Izquierda Diario en la última semana, solo las principales 12 empresas operadoras, facturaron $2,5 billones en los últimos 3 años. Pero a solo un mes de cuarentena, las cámaras de operadoras y empresas de servicios, sostienen que no pueden pagar los salarios. Con la complicidad de la burocracia empresaria de los sindicatos petroleros, y amparadas por el Art. 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (la excepción que habilitó Alberto para suspender), impusieron la rebaja de un 40 % de los salarios.

Las empresas del sector con trabajadores agrupados en la UOCRA, directamente avanzaron con los despidos (como Filo Hua Hum) o con suspensiones con rebajas de un 85 % del salario (como EDVESA). Por cada puesto de trabajo bajo convenio petrolero, otros, más inestables, dependen de empresas contratistas de menor tamaño. Este es un mecanismo que utilizan las grandes operadoras y empresas de servicios multinacionales, que cada vez emplean menos y tercerizan más, funcionando las contratistas como la primer “válvula de escape” ante cualquier crisis.

La crisis actual puso en evidencia la irracionalidad de la producción en el capitalismo orientada por la ganancia, la voracidad con la que el capital destruye la naturaleza y explota a la clase trabajadora. El fracking, que sirvió a Estados Unidos, durante la década pasada para autoabastecerse y no depender de la importación de hidrocarburos de Medio Oriente, es una expresión de esa irracionalidad, y solo se mantiene por medio de un fuerte endeudamiento. En las condiciones actuales, cuando la crisis pone en cuestión la rentabilidad y sostenibilidad de ese tipo de explotación, los capitalistas pretenden descargar todo el peso de la crisis sobre la clase trabajadora.

Es necesario un programa que parta de la apertura de los libros contables de todas las empresas del sector. Las empresas se amparan en el desconocimiento de sus ganancias para reclamar rescates y salvatajes. Al decir de Trotsky, el secreto comercial es “un constante complot del capital monopolizador contra la sociedad”.

Hay que prohibir los despidos y rebajas salariales. Las empresas que despidan o rebajen salarios deben ser expropiadas sin pago y fusionadas en una sola empresa estatal. El control de esa empresa debe estar a cargo de sus trabajadores y trabajadoras, las comunidades y pueblos originarios que han sido afectados por la producción, junto a profesionales de universidades públicas y organizaciones socioambientales.

Quitando la ganancia capitalista de la ecuación, la energía debe dejar de ser un negocio y ser pensada racionalmente, como un derecho. Es inadmisible que mientras el almacenamiento se agota, haya millones de familias que no tengan acceso a la energía, a calefaccionarse en el invierno.

Esa empresa estatal única podría estar al frente de una transición a una matriz energética sustentable, desfosilizada y diversificada, que reduzca drásticamente la emisión de gases de efecto invernadero, desarrollando energías renovables o de bajo impacto ambiental, combinadas en función de las potencialidades de cada región, y que racionalice no solo la producción, sino también el consumo de la energía, en base a un plan de obras públicas que permita construir viviendas eficientes y la reconversión de la industria.