Tucumán. La crueldad al amparo de la ilegalidad

Hace poco más de un mes, Lucía no se llamaba Lucía y no vivía en Tucumán sino en Jujuy. Al comienzo macabro de 2019 de los femicidios se sumaba un mensaje directo, mafioso, de la reacción: los derechos de las mujeres y las niñas no serán respetados.

La forma del mensaje fue la obstaculización de la interrupción legal del embarazo (conocida como ILE) en uno de los casos contemplados en el artículo 86 del Código Penal desde 1921, el fallo F.A.L. de la Corte Suprema al que la Provincia adhirió en 2012, así como en el Protocolo para la atención del embarazo en menores de 15 años, elaborado por UNICEF, al que Jujuy había adherido en abril de 2018.

Pero el 18 de enero, una niña de 12 años fue sometida a una cesárea en nombre de lo que la derecha, las Iglesias y los sectores conservadores llaman “salvar las dos vidas”. No bastaron los pedidos de la niña y su mamá, el gobierno de la provincia y el sistema de salud la sometieron a un calvario: no se interrumpiría el embarazo, se haría una cesárea. Y por si faltaran aditamentos dignos del peor futuro imaginado por Margaret Atwood cuando escribió El cuento de la criada, “una familia importante” (que resultó ser la del fiscal Carlos Stornelli) se ofrecía para hacerse cargo de la bebé, que murió a las pocas horas.

En Tucumán, Lucía llegó al hospital Eva Perón en enero con 16 semanas de gestación y un pedido explícito de interrumpir el embarazo producto de una violación intrafamiliar. Desde ese momento hasta la intervención quirúrgica 7 semanas después, el gobierno mantuvo a la niña y la madre como rehenes e impidió el acceso a profesionales de salud y se les negó contención psicológica ni información sobre sus derechos. Mientras, el secretario de Salud de Tucumán, Gustavo Vigliocco recorrió los medios diciendo que la niña y la madre querían continuar el embarazo y se habían considerado los riesgos pero por la contextura de la niña, no existían riesgos (todo fue desmentido por la médica que atendió a Lucía el 27 de febrero).

Si ese día de enero la mamá de Lucía hubiera tenido en su bolsillo el dinero suficiente, nunca habría estado a merced de esta tortura en el sistema de salud público. En una clínica privada, sin amenazas, sin pañuelos celestes obstaculizando en la puerta, ni objetores de conciencia a la vista, se podría haber realizado un aborto seguro ese mismo día y hasta podría haber dormido en la habitación contigua de la hija de alguna familia importante. El mensaje es claro: aterrorizar a quienes acuden al sistema de salud público para garantizar los derechos que tienen por ley. La ilegalidad mantiene esos derechos como lujos que solo algunas mujeres pueden tener.

Las vidas que no valen

Quienes se reúnen alrededor de los pañuelos celestes dicen que lo hacen en defensa de la vida, pero en los hechos sus acciones se organizan contra el derecho más básico: decidir sobre el cuerpo. Esta privación no actúa igual sobre todas las personas, somos las mujeres las privadas de ese derecho elemental (y aun así las democracias siguen ostentando ese nombre) por el que, sin embargo, se puede pagar si tenemos el dinero. Lo que estaba naturalizado ya no lo está y es por eso que las consecuencias más bárbaras (de la barbarie) desnudan aquello que estaba oculto.

La crueldad que vimos en Jujuy y hoy vemos en Tucumán es, a la vez, un patrón de conducta de los Estados (provinciales por acción, nacional por omisión) y la confirmación de que la ilegalidad es la condición necesaria. Los protocolos (diseñados y promovidos por organizaciones de insospechada “ideología de género” como las Naciones Unidas) son las herramientas que garantizan derechos básicos e intentan reducir esos “vacíos” donde reina la crueldad y el desinterés por la vida de las mujeres. Basta el testimonio de la médica Cecilia Ousset, que participó de la intervención quirúrgica y narró su desesperación cuando todas las personas dentro del quirófano se declararon “objetoras de conciencia” y abandonaron a Lucía en Tucumán.

Las peleas de comunicados y declaraciones entre el gobierno provincial de Juan Manzur (del PJ y anunciado partidario de la expresidenta Cristina Kirchner) y el gobierno nacional, en la palabras del secretario de Salud Adolfo Rubinstein (de Cambiemos), solo hablan de la mezquindad de los bloques mayoritarios atravesados ambos por sus pactos con la Iglesia católica (y trabajando por las evangélicas). También hablan del desprecio de esos políticos por la vida de las mujeres y las niñas, a las que el Estado les da la espalda de diferente forma.

Si no avanza, retrocede

Cuando el Senado votó darle la espalda al reclamo de ponerle freno al aborto clandestino, nos dijeron “en la próxima sale”, “ganamos la calle” (que es verdad pero no suficiente), hasta dijeron “no se enojen con la Iglesia”. Es cierto que la derrota legislativa no le puso punto final a la historia, sigue vivo el reclamo de aborto legal y la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito volverá a presentar un proyecto de ley. Pero no da lo mismo. Y Lucía, en Jujuy y en Tucumán, es la peor confirmación.

La reacción, como su nombre lo indica, reacciona ante el avance de la desnaturalización de un prejuicio, en este caso, un derecho básico negado. A la movilización masiva por el aborto legal les responden el lobby de las Iglesias, católica y evangélica, las campañas contra la Educación Sexual Integral, los “abrazos” celestes a los hospitales, el hostigamiento a profesionales de la salud que aplican los protocolos ya existentes. Y, lo más peligroso,precedentes como el de Jujuy, al que ahora se suman Tucumán, que intentarán instalar que una cesárea forzada es una decisión “salomónica” que “salva las dos vidas”, aunque en la realidad no salva ninguna.

La crueldad de anteponer prejuicios y creencias personales a la vida de las mujeres no conoce barreras partidarias (con excepción del Frente de Izquierda, todos los bloques se dividieron al debatir el aborto legal). Lo hizo el oficialista Gerardo Morales en Jujuy y lo hizo el opositor Juan Manzur en Tucumán. Parece una verdad de perogrullo, pero es importante recordarlo cuando todo se desvanece en discursos electorales, solo parece haber dos alternativas, alguna -nos dicen- digna de resignar reclamos, y la vida ya no vale tanto.

La insistencia en no resignar el derecho al aborto legal no se trata de necedad o de maximalismos. Está en juego la vida de las mujeres en una realidad que ya es difícil para la mayoría que cobra salarios insuficientes y tiene un acceso cada vez más precaria a la educación y la salud.

La impunidad con la que actúan los médicos, los obstaculizadores de protocolos existentes y los funcionarios estatales confirma que los protocolos terminan siendo algunas fojas mojadas, que se burlan fácilmente amparadas en que el aborto en Argentina sigue siendo clandestino, que solo algunas mujeres pagar para atravesarlo sin riesgos. Y al amparo de esa ilegalidad lo único que crece es la crueldad.