Uno de los grandes debates de los últimos años ha sido la exigencia en las calles de derechos básicos garantizados para la población. La forma de financiamiento continúa generando polémica y discusión.
Viernes 26 de mayo de 2017
Ad portas de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, la discusión política y de “proyecto país” no sólo se expresa en los medios de prensa y canales de televisión, sino también en universidades, colegios y lugares de trabajo. Debates sobre corrupción de partidos políticos e instituciones de las Fuerzas Armadas, desempleo, situación económica del país, son algunos de los tantos temas que se tratan en Chile actual.
Sumado a lo anterior, la “cuestión de los derechos sociales” ha tomado una fuerza particular y hoy es obligatoriamente tratada en los debates políticos y presidenciales, en medios de comunicación, artículos, entre otros. ¿Educación gratuita universal? ¿Cómo costear salud para todos? ¿Podría existir derecho a la vivienda realmente? ¿Y cómo financiar las pensiones? Son algunas de las tantas interrogantes que surgen con indignación en un país estructuralmente neoliberal y sin derechos sociales básicos garantizados.
La derecha a través de Piñera asegura querer hacer retroceder los pocos avances en materia de reformas sociales, por ejemplo, con la educación; la Nueva Mayoría continúa bajo tensiones profundas entre “continuar el camino de las reformas” o dialogar aún más con los sectores más conservadores; y desde el Frente Amplio, Beatriz Sánchez afirma tibiamente que la vía para obtener recursos es por medio del aumento “justo” de los impuestos a las grandes empresas, mientras que Alberto Mayol propone expropiar al 20% de las empresas estratégicas.
Nacionalización del cobre y recursos naturales para financiar los derechos sociales
Lo que se ha ido demostrando con el pasar de los años y a través de diversos movimientos sociales que han protestado en las calles, es que la alta concentración de la riqueza en el país, la estrecha relación entre partidos tradicionales y empresarios, los altos niveles de corrupción en instituciones como el Ejército o Carabineros, hacen imposible que los derechos sociales puedan ser conquistados por mera voluntad política de las autoridades o sin que esto signifique un choque con intereses empresariales.
En este sentido, para el dirigente sindical de la fábrica de explosivos Orica, Antofagasta, y militante del Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR), Lester Calderón:
“la discusión sobre los derechos sociales y cómo poder garantizarlos, por medio de qué vía, vuelve a tomar relevancia a la par de la demanda sobre nacionalizar el cobre y los recursos naturales del país para poder financiar educación, vivienda, pensiones, salud. Se sabe que el cobre produce miles de millones cada año, el problema aquí recae en que la mayoría de esa plata se va con empresas extranjeras, y otro tanto es aglutinado por empresarios y grupos económicos, cuando debería estar todo bajo gestión de los trabajadores y sus organizaciones”, asegura.
“Con todo lo que se produce en las mineras perfectamente se podría asegurar cuestiones básicas como la educación, las pensiones o la salud, en vez de que toda esa riqueza quede en manos de capitalistas, tanto chilenos como extranjeros. Esto se trata sobre en qué manos estarán los recursos naturales del país, en manos empresariales o bajo las decisiones del pueblo trabajador”, continúa Calderón.
2005-2014: US$120 mil millones entregados por el Estado a mineras trasnacionales
De acuerdo a datos entregados por el Banco Mundial y analizados en un reportaje de Ciper Chile, en 10 años el Estado chileno entregó US$120 mil millones a 10 empresas mineras: Anglo American Sur (de la compañía minera global con sede en Reino Unido), Mantos Copper (capitales ingleses), Los Pelambres (Antofagasta Minerals del grupo Luksic es dueña del 60%), Candelari (canadienses), Quebrada Blanca (canadienses), Escondida (ingleses, japoneses, entre otros), Collahuasi (ingleses), Cerro Colorado (el grupo multinacional de recursos BHP Billiton Ltd), Zaldívar (50% en manos de grupo Luksic) y El Abra (compartida entre Codelco y los estadounidenses de Freeport-McMoRan).
Según datos del organismo internacional mencionado, en dicho periodo, la renta económica total de la minería en el país fue de US$ 385 mil millones, incluyendo tanto a Codelco (estatal) como a la minería privada. De ese total, y de acuerdo a Ciper Chile, US$200 mil millones serían destinados a las 10 empresas mineras señaladas.
Tomando los US$200 mil millones y descontando impuestos, a la vez que se consideran factores como la volatilidad del precio de las materias prima y los gastos en exploración, la suculenta cifra sigue alcanzando fácilmente los US$120 mil millones. Esto quiere decir que cada año desde 2005 hasta 2014, US$12 mil millones fueron entregados de parte del Estado a estas empresas mineras.
Es más, la “renta regalada a las mineras en el periodo estudiado equivale a casi 6 veces el total de los fondos soberanos actuales del país o al 45% del PIB del año 2014”, indica el reportaje.
Para Dauno Tótoro, precandidato diputado por el Distrito 10, militante del PTR y conocida figura del movimiento estudiantil, con los recursos obtenidos a través del cobre y de recursos naturales relacionales con las forestales, pesca, entre otros, se podría “perfectamente costear derechos sociales como la educación gratuita universal, salud de calidad, pensiones, porque riquezas hay en Chile. El problema es que estas son manejadas por capitalistas de afuera y dentro del país, sin embargo, no están al servicio de apalear las necesidades de la mayoría de la población”.
“Por esta razón es que venimos impulsando una campaña política sobre la nacionalización del cobre y los recursos naturales, bajo gestión de trabajadores, para poder financiar cada uno de los derechos sociales exigidos en estos últimos años”, puntualiza Tótoro.
