Luego de la investigación publicada por La Red, que denuncia la entrega de millonarios aportes a galería de artes de elite ubicadas en Vitacura, vinculadas a la familia del diputado y ex Ministro de Cultura Luciano Cruz-Coke y la familia del empresario Juan Carlos Yarur, varias han sido las reacciones del gremio ante tan aberrante noticia; incluso el sub secretario de las Culturas Juan Carlos Silva salió a responder y justificar la entrega de recursos bajo las reglas de los fondos concursables.
Viernes 20 de agosto de 2021
Lo que se devela en este hecho particular del “Caso Galerías”, como algunos medios ya han denominado, es una lógica general de la institucionalidad cultural que impide que la participación cultural y el acceso a los bienes culturales sea realmente un derecho de todas las personas. Partiendo por la concursabilidad de los fondos, ¿Por qué un sector que está en crisis debe concursar por recursos? Esto, no solo demuestra la poca importancia que se le da ámbito del ocio y la cultura en momentos de crisis, sino también al completo abandono de las organizaciones que cumplen este rol. En general, un concurso beneficiará a quienes tengan más herramientas y recursos para la postulación siendo un dispositivo de segregación en sí mismo, y no centrándose en quienes más lo necesitan para sobrevivir.
A esto se suma la gestión y administración privada de centros culturales, galerías y museos que reciben financiamiento permanente del Estado, lo que genera espacio para sueldos millonarios de directivos, como el actual director ejecutivo de Centro Gabriela Mistral GAM cuya remuneración mensual es de casi 7 millones de pesos, así también al tratarse de una entidad privada la elección de la programación y artistas que se vinculan a estos espacios depende de esa gestión y no de mecanismos democráticos integrados por la totalidad de la comunidad del sector cultural.
Foto: Galeria Patricia Ready/ @juliepolidoro
De esta manera vemos que el hilo conductor para las distintas aristas del financiamiento cultural son las designaciones, favores políticos y amiguismos que favorecen a la elite, lo que se observa tanto en el “caso galerías” en que el Estado financia a millonarios relacionados con puestos de poder, la Ley Valdés o la Ley de donaciones culturales que facilita la evasión de impuestos de grandes empresas, como también en las designaciones de puestos importantes, como el nombramiento de Felipe Alessandri a presidente del directorio de GAM la semana recién pasada.
Ante la lógica de concursos que solo benefician a algunos, se propone un sueldo de emergencia de $600.000 para los trabajadores de las artes, las cultura y el patrimonio que han sido golpeados por la pandemia, además de la distribución de sueldos millonarios de directivos, para garantizar trabajo estable y sin la precariedad propia del sector, como el subcontrato y la informalidad de las contrataciones a honorarios. Además, las iniciativas culturales sin fines de lucro deben tener financiamiento permanente, este financiamiento como la gestión de los grandes espacios culturales debe ser administrado por un Consejo de Trabajadores del arte y la cultura. Es necesario dar fin a las lógicas de mercado de la cultura, para que esta sea realmente un derecho.
