La defensa de Jordi Turull y Josep Rull, solicitó su puesta el libertad tras haber acatado el 155 y ser cesados. Se aplaza la audiencia de Carles Puigdemont para el 4 de diciembre
Lunes 20 de noviembre de 2017
La defensa de Jordi Turull y Josep Rull, consejeros de Presidencia y Territorio respectivamente de Catalunya, que permanecen en prisión acusados de rebelión, solicitó hoy su puesta el libertad tras haber acatado las medidas impuestas por el Gobierno español tras la aplicación de las medidas represivas dictadas por el 155.
Ambos permanecen en prisión junto a otros seis consejeros del Govern catalán, entre ellos el vicepresidente Oriol Junqueras, desde el pasado 2 de noviembre, acusados de los supuestos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos.
El abogado defensor, Jordi Pina, argumenta que ha presentado sendos recursos de apelación a la Audiencia española contra la orden de prisión incondicional dictada por la jueza de la Audiencia española Carmen Lamela, ya que acatan "expresamente" las medidas del artículo 155 sin promover ninguna "resistencia".
“Los querellados actualmente no ostentan ningún cargo en el gobierno de la Generalitat. Y esto es así porque, incluso discrepando, han aceptado la aplicación del artículo 155 de la constitución por parte del gobierno español”, argumentó el abgoado defensor. De esa manera Turull y Rull piden que se les aplique los mismos criterios por los que el Tribunal Supremo dejó en libertad bajo fianza a la presidenta del Parlament de Cataluña Carmen Forcadell.
Argumentan que “el riesgo de reiteración delictiva es hoy completamente nulo. Fijaos, en primer lugar, que todos los querellados, incluso discrepando políticamente del contenido y la legitimidad, han acatado expresamente las medidas decretadas al amparo del artículo 155 de la constitución sin haber hecho ni promovido ningún tipo de resistencia a la aplicación”, según informa el diario digital catalán VilaWeb.
A la vez denuncian que “La adopción de la prisión provisional se ha producido con una clara vulneración de los derechos de defensa y de disponer de un proceso justo con todas las garantías” ya que la jueza no dio tiempo suficiente para la preparación de las declaraciones.
Por otro lado niegan que los miembros del gobierno hayan cometido delitos de rebelión o sedición, porque los dos requieren la existencia de un alzamiento ‘violento’, tal como quiso estipular el poder legislador cuando reformó el código penal. El abogado apuntó que ‘En ningún lugar del extenso relato fáctico de la interlocutoria… se describe ningún hecho que pueda ser constitutivo de alzamiento violento o público que exige el tipo penal analizado’.
Se aplaza la audiencia de Carles Puigdemont para el 4 de diciembre
Por su parte, el abogado de Carles Puigdemont, Paul Bekaert, defendió el pasado sábado que el aplazamiento de la audiencia para decidir sobre su entrega a España argumentando que "no es ganar tiempo", sino un trámite para garantizar el derecho de la defensa a hacer sus alegatos. Bekaert dijo que "no es ganar tiempo. Es solo el derecho de la defensa a escribir sus alegatos e informar al tribunal, porque es bastante complicado, no es un caso simple".
El pasado viernes tuvo lugar la primera audiencia del caso ante tribunal belga, tras la cual el juez decidió fijar una nueva cita el 4 de diciembre para que hagan sus alegatos tanto la defensa como la Fiscalía de Bruselas, que pidió la ejecución de las euroórdenes contra Puigdemont y sus exconsejeros por todos los cargos salvo el de prevaricación.
"Para los tribunales belgas 14 días es (un plazo) muy corto", dijo el abogado en referencia al tiempo transcurrido entre que la Fiscalía belga recibió las órdenes de detención y entrega el 3 de noviembre, y la audiencia celebrada el viernes.
El letrado insistió en que "es normal" que defensa y Fiscalía presenten sus alegatos por escrito, pero rehusó precisar cuándo entregará el equipo defensor estos argumentos al juez. Tampoco desveló si habrá cambios en su estrategia de defensa por "respeto" al tribunal, dijo.
Corresponde a la defensa presentar en primer lugar sus alegatos, a los que después puede responder la Fiscalía, cuyas conclusiones pueden a su vez ser contestadas de nuevo por la defensa, explicó Bekaert.
Esto debe ocurrir como tarde el 4 de diciembre, cuando tendrá lugar la vista oral tras la cual el juez deberá pronunciarse sobre las euroórdenes cursadas por España. Para ello, sin embargo, no existe un plazo fijo más allá de los dos meses con que cuenta en general la Justicia belga para cerrar el caso, incluidos los recursos de apelación y casación, explicó este letrado.
Dado que Puigdemont y los exconsejeros están en libertad condicional no se aplica el límite de 15 días que rige cuando los encausados están en prisión, indicó. En esta tesitura el letrado cree que el procedimiento podría prolongarse dos meses. "He tenido muchos casos y en general llevan dos meses", dijo Bekaert, recordando que en el procedimiento a los dirigentes catalanes "la ley prevé que desde el 2 de noviembre todo debe terminar, incluida la casación, el 2 de enero".
Bekaert recordó, sin embargo, que puede solicitarse un alargamiento de este plazo bajo ciertas circunstancias y advirtió que en el pasado ha llevado casos que han durado hasta cuatro meses, si bien no cree que esto vaya a ocurrir con Puigdemont. Todo apunta, en cualquier caso, a que el procedimiento estará abierto cuando el 5 de diciembre comience la campaña electoral para el 21D, al que el Puigdemont concurre como cabeza de lista de
"Junts per Catalunya". En este sentido, el letrado belga aclara que el juez no podría dictar medidas que impidan a Puigdemont hacer campaña. "No habrá otras medidas (...) Durante todo el procedimiento la libertad condicional y las condiciones permanecen en vigor", dijo Bekaert, quien precisó que las medidas cautelares, que incluyen la prohibición de salir de Bélgica, serán las mismas hasta que se cierre el proceso.
