El docente, investigador y delegado gremial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Juan Graña, denuncia en La Izquierda Diario las arbitrariedades del concurso de su cargo, que ejerció por más de diez años.
Juan M. Graña Profesor Adjunto FCE-UBA, Investigador CONICET/CEPED y Delegado Gremial AGD-Económicas
Jueves 13 de octubre de 2016
La Universidad Pública, y en particular la UBA, ha profundizado en los últimos años su larga crisis, y ello no se debe exclusivamente a su escaso presupuesto. Otra de las claves de dicho proceso de deterioro está relacionada con el sistema de concursos docentes, aquel que debería asegurar la prevalencia del mérito académico en el plantel docente y que por tanto debería ser una pieza clave en la afirmación y continuidad de la calidad educativa de esta institución. A pesar de ello, dado el desconocimiento generalizado sobre cómo funciona tal sistema, se sostiene que es un instrumento transparente. Su realidad dista mucho de ello.
Entre las razones detrás de la manipulación de los concursos en la Universidad se destaca que, los mismos no sólo posibilitan la estabilidad del docente a mediano plazo (permiten la permanencia por 7 años en el cargo) sino que también permiten votar en el Claustro de Profesores, el cual representa la mitad de los Consejeros Directivos de las Facultades. Como en cualquier proceso eleccionario, si alguien controla el padrón controla en gran medida el resultado. Es principalmente por esto que este mecanismo se encuentra en el centro del deterioro de la Universidad Pública.
Veamos las estratagemas más difundidas para controlar los concursos. En primer lugar, se dilatan o “frenan” tanto los concursos de profesores interinos “oficiales” que perderían en caso de llevarse a cabo así como aquellos donde seguramente se regularizarían docentes “opositores”. En estos últimos casos, esa falta de regularización absolutamente arbitraria es utilizada años después como excusa para cesantearlos como interinos a los 65 años (proceso ilegal según la Ley Nº 26.508). Eso fue lo que intentaron en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA con Guillermo Gigliani, Secretario General de AGD-Económicas (situación doblemente ilegal por tener fueros gremiales). Sólo con estos antecedentes debería perderse toda confianza en los concursos, pero no termina allí.
En segundo lugar, los cargos a concursar se convocan sin referencia a la Cátedra a la que pertenecen o al Programa oficial que utiliza el docente interino. Esto convierte a los concursos en cotos de caza para conseguir rentas adicionales para las Cátedras vinculadas a la gestión, imponer visiones teóricas más afines a éstas o simplemente emplear a docentes “oficiales”.
En tercer lugar, gran parte del concurso se juega en el nombramiento del Jurado. A veces se eligen Autoridades, lo que es completamente contrario al espíritu del Reglamento de concursos que, en su Artículo 19, indica que ni el Decano ni Rector pueden ser Jurados en sus Jurisdicciones para no beneficiar a sus candidatos. Pero, como esta restricción no se extiende a las demás Autoridades, los vicedecanos, los Consejeros Directivos y Superiores, los Directores de Departamentos y Carreras, etc. suelen ser Jurados. Si no son ellos, comúnmente se elige a docentes que responden políticamente a las Autoridades o que tienen vínculos con los candidatos “oficiales”. Esto último no debería ser posible en el marco del Reglamento, pero esos docentes no se excusan (Art. 23) y si se los recusa (Art. 22) comúnmente no se los aparta porque las Autoridades que deben definir esa impugnación son las mismas que los designaron en contra de la letra del Reglamento.
En cuarto lugar, comúnmente no existen grillas oficiales de evaluación para los antecedentes ni ponderaciones sobre las diferentes etapas del Concurso (Antecedentes, Prueba de Oposición y Entrevista) dependiendo de la categoría del cargo. De esta manera, se permite cualquier arbitrariedad dado que todo queda completamente a consideración del Jurado. Lo más habitual es que los Dictámenes ni siquiera cumplan con la letra del Reglamento que indica que deben detallarse y evaluarse todos los antecedentes (Art. 37). Es claro que, sin grilla ni evaluación, se da lugar a la pura arbitrariedad. En ese marco, incluso se llega a mentir descaradamente en la única parte no pública del concurso, la Entrevista Personal.
Para completar el menú en algunas Facultades las Autoridades nombran “veedores oficiales” que nunca se presentan, de manera de quitarles todas las herramientas posibles a los demás candidatos. En otras, simplemente no se permite a los veedores participar de las deliberaciones, algo contrario al Reglamento.
Si todo el entramado falla, hecho que veces ocurre porque algunos docentes mantienen su honestidad, las Autoridades siempre se puede recurrir a la “pérdida” del expediente y a demoras injustificadas en la designación de docentes regulares.
Existen diferentes casos de cada tipo de estratagema pero cabe mencionar algunos particularmente vergonzosos: el concurso de regularización deJuan Iñigo Carrera(FSOC-UBA), el de renovación de Pablo Fucci (CBC-UBA) y los de Mariano Féliz y Tamara Seiffer en la UNLP.
Pero este sistema perverso volvió a atacar, en este caso se devoró el concurso de regularización de mi cargo. Aquí la diferencia de antecedentes respecto del resto de los postulantes es muy importante –aunque borrados del Dictamen- y en otra instancia, la Prueba de Oposición, la candidata que ganó ni siquiera llegó a presentar todos los temas en el tiempo estipulado. Dados estos dos puntos, el Dictamen es simplemente arbitrario. Pero los invito a leer el dictamen e impugnación para llegar a su propia conclusión.
Como en todos los otros casos, qué razón concreta explica el resultado del concurso es cuestión de especulación. Lo único que es posible afirmar, sin lugar a dudas, es que el mecanismo de Concursos está podrido al punto de no retorno. Más aún, con los manejos actuales, la mediocridad continuará asentándose, porque ya no importa lo académico, ni el mérito, ni la docencia e investigación. Y para intentar tapar este proceso puertas adentro, hacia afuera se festeja el avance de la UBA en rankings de dudosa calidad.
Más allá de mi caso particular, la situación de la Universidad y sus concursos sólo se podrá revertir a través de dos mecanismos: 1) exigir la aplicación inmediata e irrestricta del Convenio Colectivo de Trabajo que establece la regularización de todo docente interino con cinco o más años en el cargo de manera de limitar el daño que se le está generado a la Universidad al expulsar docentes de calidad y 2) impulsar la transformación radical de los mecanismos de elección de manera de separar definitivamente el acceso a cargos regulares de docencia e investigación de la rosca política más mediocre, con vistas a recrear una Universidad Pública de calidad.
Hasta ese momento este largo deterioro continuará su curso.
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