El autor fue seleccionado para integrar el Comité Provincial contra la tortura de Neuquén. En esta nota, denuncia las dilaciones por parte del gobierno provincial que siguen impidiendo su puesta en funcionamiento.
Martes 4 de julio de 2023 13:22
El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Neuquén (CPPT) fue creado el 20 de noviembre de 2019, producto de varios años de lucha de los organismos y militantes de DDHH de la región. Su historia, en tanto mecanismo de prevención, podría rastrearse incluso más atrás, pero para el caso de estas líneas la demora alarmante en su puesta en funcionamiento queda claramente en evidencia: casi 4 años ya.
Que un mecanismo estatal que vele por los derechos humanos de las personas privadas de su libertad se encuentre con trabas para comenzar a funcionar, podría no resultar sorprendente en el marco de un Estado que es responsable de las condiciones de hacinamiento que desde hace años presentan las cárceles de su provincia, y que al día de hoy -julio de 2023- tiene a sus principales unidades de detención cerradas por orden judicial. Pero a veces la capacidad de asombro alcanza niveles inexplicables, y aquí estamos. Sorprendidos ante semejante letargo, mientras la referida medida judicial sigue vigente no solo por la sobrepoblación de sus edificios, sino por el estado deplorable en el que estos se encuentran, y cuya consecuencia directa ha sido el traslado compulsivo de personas privadas de su libertad a comisarías, que no están preparadas ni adecuadas para tal fin.
El pasado 9 de marzo de 2023, el pleno de la Legislatura designó finalmente, y por unanimidad, a los/as integrantes del Comité. El proceso de selección había comenzado en noviembre del año anterior, pero los laxos tiempos de la política (o de la desidia política, mejor dicho) extendieron los tiempos bastante más de lo necesario, y aún lo siguen prolongando. A cuatro meses de aquella votación, un sinnúmero de trabas burocrático-administrativas siguen sin permitir que el Comité comience a funcionar; esto es, que las ocho personas designadas asuman sus cargos, se defina un lugar de funcionamiento y se le otorgue el presupuesto mínimo como para empezar a trabajar.
Pero dichas trabas no son solo burocráticas o administrativas, más allá de ser ese el velo tras el cual se esconden. Son políticas. Y es aquí donde la delgada línea entre el desinterés, propio de un gobierno cuya preocupación por resguardar y respetar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad brilla por su ausencia, se funde con la decisión política de actuar en consecuencia. Los silencios y ninguneos, en definitiva, no hacen otra cosa que poner en acto a la desidia como una política de Estado.
¿Cómo leer si no las reiteradas notas enviadas con pedidos de reunión al vicegobernador Marcos Koopman, presidente de la Legislatura (ámbito, cabe señalar, bajo el cual funcionará el Comité en términos administrativos dado que por Ley es autónomo e independiente), que ni siquiera fueron respondidas? ¿Cómo interpretar, si no, el pedido de reunión que el Comité le hizo al gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, que tampoco tuvo ningún tipo de respuesta? ¿De qué manera descifrar los escollos burocráticos puestos en el camino para la creación de los cargos, de la asignación del presupuesto y del otorgamiento de un espacio físico para comenzar a trabajar?
Los Comités de Prevención de la Tortura no son ni pretenden ser un sello que lave la cara a los gobiernos provinciales. Tampoco, hay que decirlo, son organismos que solo tengan como objetivo denunciar los malos tratos y otras penas crueles e inhumanas que se sufren en las unidades de detención. Como en este caso lo expresa claramente la Ley de su creación -que dicho sea de paso es de avanzada en comparación con los mecanismos similares del resto del país dada su mayoría de integrantes propuestos por los organismos de DDHH- sus objetivos también incluyen la elaboración de propuestas y recomendaciones sobre políticas públicas que tiendan a mejorar la situación de las personas privadas de libertad, la capacitación, la formación, la divulgación y la concientización sobre las problemáticas vinculadas a las situaciones de encierro, y toda una amplia gama de acciones que, se espera, puedan ser trabajadas con (o a pesar de) las gestiones de turno.
Sin embargo, pareciera que el gobierno actual solo lee la posibilidad de poner en marcha este mecanismo como un problema, como un estorbo a su gestión; y en sintonía con ello, no asume su responsabilidad política de activar de una vez por todas su funcionamiento. O quizá se trate tan solo de una muestra clara de desinterés; de desidia frente a una larga lista de eventuales prioridades, entre la cuales la deplorable situación carcelaria y la posibilidad de buscar alternativas que modifiquen esa situación se ubican en el último lugar.
Y para el caso, termina siendo lo mismo.
