Aplazamiento de las Elecciones. La democracia en tiempos de pandemia

El circo parlamentario
La comedia no podía comenzar sin que Jaime Mañalich, uno de los responsables de la muerte de 30.000 mil personas por su estrategia frente a la pandemia, apareciera en escena como el experto sanitario del régimen político.

Cuando el comité asesor del gobierno emitió la solicitud al presidente para retrasar las elecciones, en el marco del dramático aumento de contagios de la tercera ola del covid-19, la derecha ardió en furia. Se dispuso a emitir una fuerte declaración política rechazando la postergación de los comicios.

Izkia Siches, y el Colegio Médico, habían perdido toda autoridad para la élite política y empresarial chilena y difícilmente volverían a aceptar que su voz dictase el curso de las decisiones de Estado. Esto no es un mero capricho. Los intereses económicos a los que se encuentran estrechamente ligados, han desplegado un fuerte lobby durante toda la pandemia para evitar y reducir al grado mínimo cualquier medida de confinamiento.

En su razonamiento, retrasar las elecciones implicaba reconocer ante la opinión pública, y aceptarlo como un hecho de la causa, que la actual ola de pandemia requerirá nuevas restricciones al funcionamiento de la economía, y por tanto a sus ganancias. No faltaron argumentos democráticos, que políticos y abogados a sueldo improvisaron para cubrir el frío cálculo egoísta que genera la avaricia capitalista, y presentarlo como un piadoso sentimiento de sincera preocupación por la opinión pública.

Solo Jaime Mañalich podía imponerse como voz de autoridad. Mañalich, el arquitecto de la estrategia sanitaria de cuarentenas dinámicas, hoy conocido como plan “paso a paso”, como sistema de control de la pandemia para evitar invertir en infraestructura hospitalaria y de trazabilidad. Mañalich, que diseñó la base del actual sistema de salvoconductos y permisos que permite mantener funcionando gran parte de la actividad económica. Mañalich cuya estrategia ha costado 30.000 muertes y que cuando el congreso intentó acusarlo, simplemente se limitó a burlarse de la fanfarronería parlamentaria de la oposición, que ni siquiera fue capaz de juzgarlo.

Sus declaraciones bastaron para desactivar la ofensiva de la derecha de postergar las elecciones. Los empresarios, por su puesto, no se dan por vencidos. Este lunes se dio a conocer que solo el anuncio de la cuarentena generó que seredujera en un 25% las ofertas de empleo.

El Banco Mundial anuncia que la economía chilena crecerá de 4,4 % a 5,5% en 2021. El precio del cobre continúa al alza. Las necesidades productivas de la economía chilena requieren de mayor contratación. Sin embargo, los empresarios deciden arbitrariamente suprimir en un 25% las ofertas de puestos de trabajo.

Así como los monopolios presionan al mercado y coaccionan a los consumidores con variaciones arbitrarias de los precios, los capitalistas toman de rehén a la clase trabajadora y descargan sobre ella el costo de la crisis, para asustar a los políticos, que temen a las masas descontentas, y amenazarlos con los leones para que mantengan su docilidad. En este juego, por su puesto , las vidas de miles de trabajadores son una pieza del tablero. Los empresarios han hablado políticamente con fuerza respecto al curso que deben seguir los acontecimientos.

La oposición parlamentaria se encuentra completamente subordinada al curso de los hechos. Fuad Chahín , presidente de la DC, emitió un alarido en defensa de la “democracia”. La Concertación y el Frente Amplio responden a la clase media que en gran parte recibirá también los costos del confinamiento. Pequeños propietarios, comerciantes, profesionales a honorarios, diversas actividades económicas en pequeña escala, carecen de los medios para sostener su actividad económica.

En su desesperación, pueden convertirse rápidamente en los defensores más férreos del interés de los grandes empresarios por mantener la economía abierta. Dominan mejor el lenguaje democrático para confundir y atraer a la intelectualidad universitaria progresista, que aturdida carece de un plan de acción para la situación más que exigir bonos o vaciar aún más los fondos de pensiones.

Sus partidos políticos, sus académicos universitarios, y sus candidatos a presidente, constituyente, gobernadores, alcaldes y concejales, solo pueden dar el triste espectáculo de su impotencia: corren en círculos. Solo logran solicitar respetuosamente y de rodillas una limosna de 177 mil pesos para la población.

La crisis que se avecina

El punto es que la clase trabajadora es la única que no puede ejercer su voz. Obligada por la necesidad de trabajar para obtener un salario, debe someterse invariablemente a los caprichos de sus empleadores, quienes las exponen al contagio en el transporte público, en sus labores productivas y en las escuelas de sus hijas e hijos. Los empresarios incluso se burlan de ella, colocando funcionarios serviles que repiten que no hay evidencia de que las aglomeraciones en el metro generen contagios.

Sometida a un toque de queda que carece de efectividad sanitaria, restringida en su derecho a circular y manifestarse públicamente, sometida a una fuerte represión de todas sus aristas, inclusos sus organizaciones de solidaridad como las ollas comunes, la clase trabajadora ahora pierde la única oportunidad de expresar su voz sin ganar a cambio ninguna medida que resguarde su salud o su estabilidad económica.

En este escenario paralizar la actividad económica, como respuesta a la incapacidad de los empresarios y su gobierno de dar solución a la crisis sanitaria, es una medida de defensa que puede tomarse en función de resguardar la vida de la clase trabajadora, que contaría con el apoyo de amplios sectores.

Incluso no sería necesario abordar el problema práctico que supone una gran concentración masiva en medio de una ola de contagios. Basta con que los trabajadores se nieguen a asistir a sus puestos de trabajo y acompañar la acción con asambleas locales o virtuales , y manifestaciones territoriales. Una acción así sería una enorme demostración de fuerzas.

Para que la cohesión de la clase trabajadora permita una acción de esta envergadura es necesario un programa de emergencia claro y objetivos concretos para la movilización de tales fuerzas. Un impuesto extraordinario sobre la minería y las grandes fortunas que se canalice en inyectar recursos al sistema sanitario (contrataciones y aumento de infraestructura) y una renta básica para toda la población de 550.000 mientras dure el confinamiento.

Tales medidas las proponemos desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios en la Lista de Trabajadores Revolucionarios para que sean discutidas en pos de organizar las fuerzas de la clase para un escenario complejo donde los empresarios se aprontan a volver a precarizar las vidas de los trabajadores sin que sus organizaciones sindicales y partidos que supuestamente la representan, se preparen para dar ninguna resistencia ni combate.

Una batalla que no podemos eludir

La supuesta izquierda radical, tanto la Lista del Pueblo como la autodenominada de “Los movimientos sociales”, sólo se encuentran efectuando “parlamentarismo” sumándose a la inmovilidad e impotencia autoimpuesta del Frente Amplio y del Partido Comunista. Exigen aumento de las ayudas estatales pero sin proponer un plan para lograrlo, quedando como un saludo a la bandera frente al lloriqueo por la carencia de fondos para continuar las campañas electorales. La CUT ya se adelantó en el inicio de la cuarentena y anuncian acciones simbólicas, como un paro sin convocatoria, para justificar patéticamente el acto de no prestar combate.

Si los empresarios cercenan la democracia sin un plan sanitario claro para evitar más muertes, manteniendo la movilidad, y sin ayudas sustanciales para paliar la crisis económica, y en el intertanto además aprovechan de suspender los permisos de campañas políticas, hay que buscar todos los medios posibles para continuar desplegando la organización de la clase trabajadora y la juventud, manteniendo sus redes de solidaridad, levantando asambleas para discutir un plan de acción. Aún a costas de sortear las barreras represivas.

Es urgente que todas las organizaciones sociales, los partidos y agrupaciones políticas de izquierda, estudiantiles, sindicales, territoriales y feministas convoquen a una reunión de coordinación para discutir cómo enfrentar este escenario.

La vida de miles de trabajadores han sido ofrecidas como tributo para mantener funcionando la rueda de la ganancia capitalista. No presentar batalla a un adversario tiene costos históricos infinitamente mayores que cualquier elección parlamentaria.

La desmoralización, la precarización de la vida, la muerte y el pesimismo pueden terminar por debilitar el espíritu de la rebelión de octubre que permite que aún exista un proceso constituyente, pese a todas las rampas y desvíos que tiene el actual proceso electoral. No podemos limitarnos a esperar tranquilamente unas elecciones de futuro incierto. No puede ser ese el único plan que ofrezcamos para enfrentar la crisis en curso.

Pero esta no es una visión fatalista. La historia puede tener otro rumbo. Solo es necesario no dejarse derrotar por los acontecimientos, y disponerse a prestar combate. Y si todo no es suficiente para torcer el curso de los hechos, disponerse para asumir la responsabilidad histórica que nos corresponde de sacar las lecciones necesarias para aprender y triunfar en la siguiente embestida. La responsabilidad de que la crisis la sigan pagando los trabajadores será de quienes se niegan siquiera a presentarse a la batalla.