ENTREVISTA DAVID BALLESTER. “La democracia se quedó con el ‘pack completo’ de la dictadura y eso perpetuó las prácticas de violencia institucional”

Foto: ID.es

Acabas de publicar el libro “Vides truncades. Repressió, víctimes i impunitat a Catalunya (1964-1980)” ¿Podrías contarnos de qué trata esta investigación?

El libro es un estudio de 20 casos de víctimas de la represión institucional y parainstitucional en Catalunya entre 1964 y 1980, el tardofranquismo y la Transición. De la institucional recojo 17 de casos: seis muertos en manifestaciones, seis por ‘gatillo fácil’ -el uso abusivo de armas de fuego por la policía- y cinco muertos en comisarías o cárceles. También hay tres casos de víctimas del terrorismo de extrema derecha, que los incluyo ya que la convivencia del aparato del Estado con estos grupos era total. Mi tesis es la opuesta a las principales tendencias historiográficas que dibujan en estos años una dictadura atemperada, desarrollista y con trazas predemocráticas y la Transición como una época plácida, y no lo que fue, una etapa cargada de violencia.

¿Cómo surgió la idea de investigar sobre este tipo de violencia?

La génesis del libro es un poco atípica. Hace seis años comencé otro libro, que ya está acabado y estoy buscando editor, que se titula “Corre democràcia, corre”. Es un estudio de las manifestaciones durante la Transición para darle importancia a la presencia de la gente en la calle. Fue algo fundamental tanto para hacer reventar el proyecto nada reformista de Arias-Fraga, como para forzar a los azules convertidos en neodemócratas como Suárez y Martín Villa a ir hasta donde ellos mismos no pensaban ir, una democracia plena, aún con todos los defectos, limitaciones e hipotecas del Franquismo que tiene.

En este libro también hablo de un sujeto muy olvidado en la historiografía española y catalana: la policía. Dedicaba un capítulo a los cuatro muertos en manifestaciones en la Transición en Catalunya. Pero me dije “debería también citar los otros dos muertos en manifestaciones a finales del Franquismo”, el obrero de la SEAT y el de la términca del Besòs. Pero además “debería también hablar de los muertos por gatillo fácil”. E hice una primera nota a pie de página. Empecé a descubrir casos y cuando me quise dar cuenta había material para un libro entero. Lo que tenía que ser una pequeña rama del árbol se convirtió en todo un árbol nuevo, que por una cuestión editorial se ha publicado antes que su “padre”.

En varios de los casos que tratas en el libro explicas como los responsables de estas muertes quedan impunes, es más, muchos continúan ascendiendo dentro de la policía ¿Qué puedes contarnos de esto?

En la introducción hablo justo de la falta de una depuración de los cuerpos policiales, así como del aparato de justicia, de prisiones... La democracia se quedó con el “pack completo” de la dictadura y eso perpetuó las prácticas de violencia institucional. Hasta comienzos de los ‘80 no comienzan a descender los muertos en manifestaciones y el gatillo fácil no comienza a bajar hasta 1983. Siguen por tanto muriendo decenas de ciudadanos cada año. Solo en la Transición mueren 41 personas en manifestaciones y 105 personas por gatillo fácil en el conjunto del Estado.

Esto sin contar algo que se consideraba aún muy habitual, que en un enfrentamiento entre un policía y un delincuente, aunque no fuese armado, se le abatiera y matara. Algo que deberíamos también contar como gatillo fácil, ya que según las resoluciones del Consejo de Europa sobre la utilización de armas de fuego, no es motivo suficiente que un ciudadano, sea o no delincuente, huya como para utilizarlas.

Reconstruyendo esta parte de la historia me encuentro con la sorpresa, aunque es difícil que te sorprenda algo en este sentido, de ver que policías que han matado a ciudadanos en manifestaciones o por gatillo fácil, aparecen en el BOE condecorados pocos meses después. No por haber matado, sino por otros hechos, pero quiere decir que matar a un ciudadano no penalizaba lo más mínimo.

Tratas el caso de Sebastián Trapote, actual Jefe Superior de la Policía Nacional en Catalunya...

Así es. En el libro hay varios casos con el autor de las muertes identificado y donde la causa es sobreseída, se le ponen penas mínimas que no se acaban de cumplir, cambios de destino... Entre estos el que más llama la atención es el del joven subinspector Sebastián Trapote Gutiérrez, que después hará una trayectoria policial larga que le ha llevado a ser desde 2015 el máximo jefe de la Policía Nacional en Catalunya.

Él acababa de salir de la Academia en 1974, aunque esto no es ningún eximente, y mató a un padre de familia con siete hijos. Uno de los casos especialmente crudos y contundentes. Está además perfectamente demostrado por la sentencia 393 del 5 de julio de 1983, en la que un juez sentenció por primera vez que se tenía que indemnizar a la familia, aunque fuera muchos años después y tras muchas dificultades económicas. El Tribunal Supremo decidió que el Estado era responsable civil subsidiario, y en esta sentencia, que se puede consultar ya que las sentencias son públicas, el juez afea la conducta a la Policía por sus contradicciones, a los policías que practicaron la detención de aquel hombre, que además no era un delincuente, era un error, y se habla textualmente de “fuerza desproporcionada”, que los policías actuaron con “imprudencia” y con “falta de experiencia profesional”.

¿Qué papel consideras que tuvo la Ley de Amnistía de 1977 en la configuración de este escenario de impunidad y continuidad?

Es decisiva. Utilizando la terminología que se usa para las dictaduras latinoamericanas es una ley de punto final u obediencia debida. Yo era adolescente cuando se aprobó la Ley de Amnistía y en su momento nos alegramos mucho. Pero no fuimos conscientes de la letra pequeña, el hecho de que blindaba a los torturadores, a los asesinos, etc. que habían perpetrado crímenes contra la humanidad durante los 40 años de Franquismo. Esta “letra pequeña” demostraba una cosa: si hacía falta blindarles es que alguna cosa habían hecho.

Algunos de los que cometieron estos crímenes a la hora de intentar llevarlos a juicio no se podía. E incluso se da la paradoja que gente que asesinó a los que luchaban por la amnistía y la libertad fueron liberados gracias a esta ley. Es el caso de los asesinos de Arturo Ruíz en Madrid, que muere en enero de 1977 en una manifestación por la amnistía.

Todo esto fue acompañado por una gran dosis de amnesia, no solo por la derecha de la UCD o la derecha catalana de Convergència, sino quien tiene aún más responsabilidad es el PSOE, que estuvieron 14 años en el gobierno y no se preocuparon de ni siquiera depurar la policía o la memoria histórica. De hecho llevaban cuatro años en el poder, en 1986, cuando fue el 50 aniversario de la guerra civil y decidieron que no había nada que recordar o conmemorar.

¿Y qué pasó con los policías torturadores bajo los primeros gobiernos socialistas?

En todo este tiempo se siguió ascendiendo a policías torturadores, como Ballesteros o Martín Torres. Este último ascenso llevó a que más de una docena de militantes de Zaragoza, que habían sido torturados por él, escribieran una carta a Felipe González quejándose de que había ascendido, a jefe de la Brigada de Información, a quien les había torturado. O aquí en Barcelona, donde el Ministerio de Interior intenta nombrar jefe superior de la policía a “El Manillas”, un policía de la Brigada Político Social, conocido por ese mote por apretar en exceso las manillas, las esposas, a los detenidos. Ante las quejas del PSUC y CCOO el alcalde Narcís Serra intervino y se nombró a otro. Pero a “El Manillas” lo pasaron a Zaragoza. De hecho la revista emblemática de la izquierda aragonesa, ‘Andalán’, hizo un artículo titulado ‘¿Lo que no vale para Barcelona vale para Zaragoza?’.

Como historiador no es tu primer libro sobre estos temas ¿Qué otros libros has publicado y qué dificultades te encuentras a la hora de investigar?

Yo llevo ya casi 20 años investigando estos temas. A comienzos de siglo publiqué dos libros, junto con otros colegas, que hablaban de la importancia de las manifestaciones en este periodo. Uno de ellos dedicado al 11 de septiembre de 1977, la manifestación del millón, en la cual hubo un muerto también por la noche. Y otro, “Tiempos de Amnistía”, sobre las manifestaciones del 1 y 8 de febrero de 1976 en Barcelona. Es un poco agotador por la gran dificultad para acceder a los archivos policiales y judiciales.

La semana que viene participarás en una mesa redonda sobre la denuncia de calumnias que he recibido, como periodista de Izquierda Diario, de parte de Sebastián Trapote, justo por hablar en un artículo del caso que tratas en tu libro ¿Qué opinión te merece esta querella?

Es increíble que te denuncien por cinco líneas de un artículo, que no es un artículo de investigación, sino que emana de fuentes secundarias. Es decir, todo lo que dice ya había sido publicado antes. Son cinco líneas que hacen referencia al caso de Sebastián Trapote Guitiérrez, en el cual hay una sentencia judicial que deja claro que él disparó, o se le escapó un tiro, cuando el detenido estaba de cara a la pared, que no estaba armado y que el tiro no fue en defensa propia.

Esto no lo digo yo, lo dice la sentencia 393 del 5 de julio de 1983. Por tanto, discutir algo que ha sido publicado en Interviú, en El Periódico, en Tele/eXprés, en El País, que yo lo publico en el libro, es absurdo. Esto no quiere decir, obviamente, que tengan que meterse con los periodistas que lo han publicado antes. Pero es absurdo, es un hecho demostrado, hay una sentencia judicial, hay una viuda, siete hijos, un abogado que llevó el caso que está todavía vivo. Es un sinsentido, que puede tener más explicación con el contexto que estamos viviendo de delitos de odio, ley mordaza y, en mi opinión, una cierta impunidad.

Creo que no tiene recorrido porque no se aguanta por ningún lado. No puede haber ningún juez que a estas alturas pueda tener en consideración las afirmaciones de los representantes legales de este señor que entran en contradicción con una sentencia del Tribunal Supremo de hace 35 años que no fue recurrida. Espero que sea la última vez que una periodista o un informador tenga que pasar por este trago por explicar la verdad.