A instancias de Nicolás del Caño (PTS/FIT), miembros de la Coordinadora de Familiares de Víctimas del Gatillo Fácil participarán este jueves de una Audiencia en el Congreso Nacional. La situación en la provincia.
Sol Bajar @Sol_Bajar
Jueves 30 de octubre de 2014
Este jueves, integrantes de la Coordinadora de Familiares de Víctimas del Gatillo Fácil de la provincia de Córdoba participarán de una Audiencia Pública y posterior conferencia de prensa en el Congreso Nacional. La actividad, impulsada a instancias del diputado nacional Nicolás del Caño, del PTS en el Frente de Izquierda, comenzará a las 14 horas en la sala 3 del Edificio Anexo.
Junto a legisladores nacionales, referentes de derechos humanos y miembros del Equipo de Políticas de Seguridad y Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), que preside Horacio Verbitsky, darán su testimonio las mamás de Lautaro Torres, joven asesinado por la policía provincial en barrio Las Palmas de la Ciudad de Córdoba, y de Cristian Guevara, asesinado por esta misma fuerza en el Barrio Villa la Tela de ésta localidad. Para rodearlas de solidaridad, la referente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos Carla Lacorte y otras familiares de víctimas del gatillo fácil policial de la provincia de Buenos Aires, como las mamás de Mauro Silva y de las víctimas de la llamada “masacre de la Comisaría primera”, han confirmado también su participación en la audiencia.
Nicolás Del Caño, quien recientemente impulsó la reunión de familiares de Sergio Avalos con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Nación, un caso similar al de Luciano Arruga señaló que la actividad de este jueves “tiene el objetivo de extender a nivel nacional el reclamo de justicia que encabezan los familiares en la provincia que gobierna Juan Manuel De la Sota”. El diputado de izquierda recordó además que, en lo que va del año, “ya son 8 los jóvenes asesinados a manos de las fuerzas represivas de la provincia, mientras sigue sin haber un sólo avance en las causas judiciales, en una clara muestra de la complicidad que mantiene la justicia con los responsables de estos hechos.”
No son casos aislados
Los datos aportados por la Coordinadora contra la represión policial e institucional (Correpi) señalan que al menos 2.127 personas fueron asesinadas por torturas en cárceles o gatillo fácil desde el fin de la dictadura militar hasta noviembre del 2012.
Las cifras muestran también que sólo en la última década, es decir, bajo los gobiernos kirchneristas, los asesinatos por gatillo fácil y torturas en cárceles y comisarías, crecieron de manera escalofriante, en un porcentaje cercano al 140%, que supera al de todos los gobiernos constitucionales anteriores.
Las denuncias por abuso, persecución y criminalización de la juventud pobre de Córdoba se dan en este marco, y ya son innumerables. El caso más escandaloso y reciente se desató tras la amenaza que el Jefe de la Policía local, Julio César Suárez, realizó al periodista de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Dante Leguizamón, en momentos en que éste cubría una de las habituales razzias que organiza la fuerza en los barrios más pobres.
En aquella oportunidad se trató del barrio Los Cortaderos, donde los vecinos denunciaban los brutales actos de “violencia institucional y de represión” que terminaron con el asesinato de Alberto “Guere” Pellico. “Guere”, el último de los jóvenes que fue víctima de “gatillo fácil” en la capital cordobesa, murió el pasado 15 de agostode un disparo en la cabeza que vino desde atrás. Por este hecho, dos policías fueron detenidos e imputados por homicidio calificado y entorpecimiento de la investigación, mientras que el funcionario Suárez fue imputado la semana pasada bajo el cargo de “coacción”, por las amenazas vertidas al periodista.
En declaraciones de este miércoles, y pese a ratificarse la imputación del policía, el gobernador de la Sota defendió su accionar y consideró que la “imputación es por un tema que tiene muy poco que ver con sus funciones”.
Como si fuera poco, a esta impunidad que ampara a la policía provincial se suma la mirada cómplice de la justicia frente a cada denuncia realizada por los familiares de las víctimas. Lamentablemente, no es sorpresa. Como denunció Del Caño tras la visita de familiares de Sergio Avalos al Congreso Nacional, “no son casos aislados: más de un tercio de los asesinados desde el fin de la dictadura militar fueron víctimas del aparato represivo del estado y sólo en los últimos diez años fueron asesinadas más de 30 personas por el sólo hecho de manifestarse y luchar por sus derechos.El entramado de impunidad compromete a los gobiernos nacionales y provinciales, a las fuerzas represivas y al poder judicial.”
Para denunciar esta realidad, en la audiencia que se realizará este jueves en Diputados estarán presentes Natalia Suárez y Emilia Rojas, las mamás de Lautaro Torres y Cristian Guevara respectivamente. Allídarán testimonio de la situación que se vive en los barrios populares de la provincia, donde la criminalización, la judicialización, las amenazas y el hostigamiento permanente hacia la juventud por parte de la policía, cuenta con la herramienta de un arbitrario Código de Faltas que es cuestionado por numerosos juristas por su carácter anticonstitucional. Contra este reaccionario Código, todos los años se movilizan más de 10 mil jóvenes cordobeses que exigen su derogación, en la conocida "Marcha de la Gorra".
Finalizada la actividad en Diputados, las integrantes de la Coordinadora de Familiares de Víctimas del Gatillo Fácil de Córdoba, que han recibido el apoyo de las Madres de Plaza de Mayo Sonia Torres y Ana Barnes, del rector de la Universidad Nacional de Córdoba Francisco Tamarit y de los diputados nacionales Nicolás del Caño (PTS/FIT), Ernesto Bernabey (FPV) y Graciela Villata (Frente Cívico), entre otros, se reunirán con familiares de Luciano Arruga en la localidad de La Plata.
