El Senado “congeló” el pasado lunes el proyecto de ley. La derecha estuvo acompañada por un grupo de manifestantes frente al Palacio Legislativo. Pero las organizaciones que nuclean a personas trans se preparan para responder. Hablamos con Antonella Fialho. Habrá movilización el 21 de agosto.
Jueves 16 de agosto de 2018
El proyecto de ley fija una reparación económica para las personas trans, en especial para quienes sufrieron discriminación y torturas durante la dictadura. Por ser considerado una “amenaza a la moral”, este colectivo fue víctima de persecución y abusos, marcando de esta forma sus vidas.
El proyecto de ley Integral que se está debatiendo presenta algunas deficiencias como el magro costo fijado para la reparación, entre otros aspectos. Sin embargo, constituye un avance en el reconocimiento de la situación de extrema discriminación de la población trans, y una forma de mitigar la complicada situación económica por la que viven en especial las mujeres trans, las más excluidas por el mercado laboral.
Según cifras otorgadas por el Censo Trans del 2016, el 60% de las personas trans tiende a no finalizar el ciclo básico, el 67% de las personas trans ejerció alguna vez trabajos sexuales y un 45% afirma haber sufrido algún tipo de violencia relacionada con su identidad de género. Estos números son realmente alarmantes y dejan en evidencia el tipo de sociedad que hemos formado a lo largo del tiempo y hoy, con un gran esfuerzo intentamos deconstruir.
Sin embargo, en el Senado uruguayo volvieron a colarse los discursos discriminatorios, los argumentos tutelares y la supuesta defensa de la familia uruguaya. Esto puede implicar, o bien una modificación al proyecto, o directamente una vuelta atrás al mismo.
Con el argumento de que se pone en cuestión el ejercicio de la patria potestad, varios senadores y senadoras se manifestaron en contra del proyecto de ley. El Partido Nacional, encabezado por Verónica Alonso, manifestó su férrea oposición, a la vez que fueron secundados por el presidente de la Comisión del Senado, el colorado Germán Coutinho, ex intendente de Salto – departamento que presenta el 100% de sus médicos que objetaron conciencia para practicar la interrupción voluntaria del embarazo a las mujeres que lo soliciten. Pero también senadores frenteamplistas manifestaron su rechazo a varios de los artículos del proyecto de ley.
El Senado uruguayo se pone a tono con las posturas derechistas del Senado argentino que recientemente rechazó el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo para las mujeres argentinas, condenándoles a seguir practicando abortos en condiciones de clandestinidad y de riesgo de muerte.
La defensa de la familia tradicional
El artículo más polémico es el que permite a menores de edad modificar su sexo sin el consentimiento de sus representantes legales, a la vez que podrán tener acceso a tratamientos de hormonización si así lo desean y un Juez lo aprueba.
El modelo de familia que defienden estos senadores y senadoras impone la heteronorma binaria hombre-mujer y refuerza la (doble) moral burguesa y patriarcal que oprime a mujeres, niñas, niños e identidades sexuales disidentes. Aquellos que protestan por la supuesta pérdida de la patria potestad, no tienen en cuenta que son muchas veces las mismas familias de las personas trans quienes expulsan a sus hijos e hijas por considerarlos “diferentes” o directamente “monstruos” o “aberraciones de la naturaleza”. Recordemos que, según el Censo realizado, un 58% de las personas trans declararon haber sido discriminadas por algún miembro de su familia.
A su vez, la desvinculación familiar está estrechamente relacionada a la desvinculación del sistema educativo a edades tempranas. Estas situaciones terminan muchas veces en situación de calle, el ejercicio de la prostitución para garantizar la subsistencia y un espiral de mayor vulnerabilidad y violencia institucional y social.
“Su” defensa de la familia tradicional implica entonces estigmatizar y patologizar la identidad trans, a la vez que consagrar como “normal” el matrimonio entre el hombre y la mujer, demonizando cualquier otro tipo de unión y de identidad sexual.
Cuando se vive socialmente dentro de un género no forma parte de la heteronorma binaria, la sociedad no reconoce la propia identidad, no la acepta. Consecuentemente, nos enfrentamos a grandes niveles de discriminación, de violencia física y psicológica, simplemente por el miedo a romper con las tradiciones y la desinformación. Esto forjó un sentido común que sostenía que estas “desviaciones” formaban parte de una patología qye había sido incluida en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos mentales (DSM-IV), provocando un daño manifiesto a su población a la vez que altos niveles de estigmatización, favoreciendo la transfobia y desigualdad.
Es difícil romper con estos estereotipos cuando nos enfrentamos a personas públicas con cargos políticos que violentan y niegan el derecho de otros y otras. La colectividad trans ha sido sin dudas una de las más vulneradas a lo largo de la historia y debemos como sociedad hacer posible que ejerzan sus derechos civiles, sociales y de salud de la misma manera que el resto de las personas.
Verónica Alonso, abanderada del fundamentalismo religioso
La senadora del Partido Nacional que, según trascendió en los medios, podría llegar a postularse para las próximas elecciones presidenciales, encabeza la juntada de firmas contra la ley trans, y ya presentó unas 33 mil para evitar su sanción. Las firmas se juntaron entre organizaciones evangelistas, las mismas que sostienen la campaña de la senadora, y las mismas que prepararon la intervención derechista el pasado 8 de marzo cuando provocativamente increparon la movilización en el marco del Día Internacional de la Mujer con sus consignas de “no se metan con nuestros hijos” y “femenina sí, feminista no”.
Con esta arremetida, la derecha se propone garantizar que las personas trans, en especial las mujeres, continúen en la situación de opresión, marginación y pobreza absoluta que hoy presentan.
“Como luchadora, como activista quiero a la gente en las calles”
En consulta con La Izquierda Diario, Antonella Fialho del Colectivo Campesinas Rebeldes señaló que “tenemos que dejar de pensar si conviene o no movilizarnos, yo hablo por mí, a mi me conviene que sean visibles, que salgamos a las calles” en referencia a la posibilidad de convocar a una movilización exigiendo la sanción de la ley trans para el próximo 21 de agosto. “Quiero taparles la boca a los fundamentalistas religiosos, a la Verónica Alonso y quien se quiera oponer a nuestros derechos” manifestó Antonella con bronca. Y llamó a movilizarse: “Ya estamos perdiendo la paciencia. Como luchadora, como activista quiero a la gente en las calles. A las personas trans, pero también a homosexuales, bisexuales y a quien quiera acompañarnos. Nadie nos va a parar. Nadie se ha puesto en nuestra a pensar en lo que pasa con las compañeras trans” sentenció.
Las estadísticas de la violencia
Según el Primer Censo a personas trans realizado en Uruguay y publicado en 2016:
• De un total de 853 personas censadas, solo 16% pasa los 50 años de edad
• 9 de cada 10 persona declararon haber sufrido discriminación a nivel general
• Entre las personas trans de 18 a 29 años, el 6,9% no terminó la escuela, mientras que el 60% tiene ciclo básico incompleto. La deserción debido a la discriminación asciende al 75% y se da alrededor de los 14 años.
• Solo el 23% tiene un empleo formal.
Apoyar al colectivo trans
El movimiento de mujeres, que viene de movilizarse por sus derechos, que mantiene las alertas frente a los feminicidios, tiene que apoyar las reivindicaciones del colectivo trans. Por dos razones: porque en América Latina las personas trans tienen una expectativa de vida de 35 años y esta ley ayudaría a mejorar sus condiciones de vida y porque luchar contra el patriarcado y el capitalismo es una lucha de todas y todos.
