Opinion. La derecha quiere ganar las calles: sus planes para la crisis y los motivos para enfrentarlos

El próximo lunes la derecha opositora volverá a salir a las calles.

Como el 20 de junio, aprovecharán otra vez una fecha patria, esta vez el 17 de agosto (fallecimiento de San Martín), para movilizarse con banderas argentinas.

La operación simbólica consiste, por supuesto, en disfrazar sus intereses como si fueran los de todo el pueblo argentino.

Claro que, sin mucho esfuerzo, se puede dilucidar rápidamente que al frente de la convocatoria están los referentes de Juntos por el Cambio, buscando movilizar a su base social.

Sin ir más lejos, el principal convocante público, Luis Brandoni, además de actor es afiliado y ex diputado de la Unión Cívica Radical. Por su parte, Patricia Bullrich, presidenta del PRO, fue una de las primeras en confirmar su asistencia al banderazo.

Junto con discursos republicanos de defensa de la “justicia”, seguramente se oirán otra vez reclamos contra la cuarentena en nombre de la “libertad”, de mano dura contra la “inseguridad” o de defensa de la propiedad privada contra los atropellos “chavistas”.

Su capacidad real de movilización se verá el lunes. Lo que sí se puede afirmar desde ahora, es que es la forma que, por el momento, encontró Juntos por el Cambio de apoyar con eufemismos los intereses de los poderosos y de la casta judicial, a la vez que comenzar a perfilar un armado político y social de cara a las elecciones legislativas de 2021.

Hasta ahora, no les fue tan mal: Alberto Fernández los envalentona a seguir saliendo a las calles, ya que no utilizó la gran fortaleza que le dio la cuarentena, sobre todo en sus primeros momentos, para avanzar, sino que esta oposición logró que el presidente retroceda con la expropiación de Vicentín, que el impuesto a las grandes fortunas siga siendo promesa y no realidad, y también coincidieron con el oficialismo en un gran festejo por el acuerdo con los lobos de Wall Street por la deuda ilegítima que dejó Macri. Esta semana se supo también que el proyecto de legalización del aborto seguirá durmiendo en un cajón durante un tiempo más.

Sin embargo, los referentes de Juntos por el Cambio no son los únicos que despliegan su programa frente a la crisis. Mientras el país se encuentra en el peor momento de la pandemia, con récords de contagios y fallecidos, una cuarentena que cada vez se respeta menos y una promesa de vacuna para dentro de largos y difíciles meses, lo cierto es que comienzan a mostrarse las propuestas frente a la profunda crisis económica y social.

Esta semana copó la agenda en ese sentido Roberto Lavagna con sus reclamos de reforma laboral y devaluación.

No hay de qué sorprenderse. En su campaña electoral del año pasado, el veterano economista había dicho que “si no hay reforma laboral, no habrá más empleos”. En el fondo de la cuestión, está la naturalización de la degradación de las condiciones de trabajo, sin la protección de empleos en blanco de la época del “estado de bienestar”. En otras palabras, administrar y profundizar los retrocesos del neoliberalismo sin jamás proponerse revertirlos.

Sus declaraciones no deben ser pasadas por alto. Lavagna no solo es un economista que es escuchado en el Frente de Todos, y que compartió gabinete con el actual presidente en tiempos de Néstor Kirchner, sino que hace muy pocos meses fue propuesto por Alberto Fernández para presidir el nunca implementado Consejo Económico y Social. Su voz no es la de cualquiera.

A algunos miles de kilómetros de distancia, quien sonrió al escuchar estas declaraciones fue Kristalina Georgieva. La directora del FMI seguramente celebró que en Argentina se empiece a instalar la agenda con la que ella espera a Guzmán para renegociar la impagable deuda con el organismo: ajuste fiscal, reformas estructurales y sometimiento eterno a los dictados del capital financiero internacional.

Cómo enfrentar los ataques

Como señalamos hace pocas semanas en esta columna, Alberto Fernández es el Gobierno de la sábana corta. No se puede quedar bien con Dios y con el Diablo.

Hay dos caminos contrapuestos: negociar y dialogar con los “banderazos”, con el FMI y con los poderosos en general, como viene haciendo el oficialismo, o encarar una agenda en favor de las grandes mayorías populares.

Los resultados hasta el momento son alarmantes. Según un estudio de la Universidad Católica Argentina (UCA) difundido esta semana, durante la cuarentena la desocupación creció un 50 % en nuestro país: ya hubo un millón de nuevos desempleados y la tasa subió entre abril y junio desde el 10,4 % al 15,5 %.

La culpa de esta situación no es del virus sino de las medidas que se toman. Como advirtió un informe de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), Argentina está en el podio de los países de la región donde más creció la desigualdad durante la pandemia. Dicho de otro modo: no es una consecuencia del coronavirus, sino que muchos de los poderosos siguieron ganando y la crisis golpea sobre las mayorías.

En este marco, el empoderamiento de las fuerzas de seguridad cumple el rol de profundizar la criminalización de la pobreza ante la crisis social. El crecimiento de casos de gatillo fácil o la desaparición de Facundo Castro son los casos más alarmantes.

A todo esto también hace un aporte central, por supuesto, la CGT, que no solo deja pasar todo y firma comunicados con los empresarios más poderosos del país a favor de sus intereses, sino que esta semana renovó sus credenciales de entreguista acordando la prórroga del acuerdo con la Unión Industrial Argentina (UIA) para que las suspensiones sigan siendo con rebaja salarial. La CTA, aunque con más recaudos simbólicos que la CGT, tambíen es cómplice con su pasividad del profundo deterioro social que se profundiza.

Suele escucharse como argumentos justificativos de la política oficial que el camino es el “diálogo” para evitar la crisis o que “no da la relación de fuerzas”.

Lo primero, ya se demostró completamente falso. Los acuerdos, como siempre, siguen beneficiando a los poderosos, mientras la pobreza ya creció hasta alcanzar a casi la mitad de la población.

Lo segundo, es una maniobra discursiva. ¿Cómo sería la relación de fuerzas si las centrales sindicales y gremios salieran a luchar en vez de apoyar la incesante degradación de las condiciones de vida? ¿Por qué solo la derecha sale a las calles?

Esas discusiones son parte de lo que se está debatiendo en los plenarios que está convocando el Movimiento de Agrupaciones Clasistas (PTS + independientes) y que ya han reunido a miles de trabajadores y jóvenes, primero por región y ahora en una importante cantidad de gremios como docentes, estatales, salud, transporte, telecomunicaciones, agroindustria y rurales, metalmecánicos, alimentación, comercio y call centers.

Estas reuniones del sindicalismo y la izquierda, junto a los que sufren la violencia policial, la juventud precaria, los estudiantes y el movimiento de mujeres, se preparan para construir una gran movilización para ganar la calles apenas la situación sanitaria lo permita. Y también para reunir las fuerzas para imponerle a los burócratas de los sindicatos que salgan a luchar, o bien que paguen un alto costo si no lo hacen y fortalecer así a los sectores antiburocráticos, clasistas y combativos. También desde estos espacios se llevó el debate al Plenario del Sindicalismo Combativo, planteando la necesidad de hacer reuniones abiertas y sin cupos, para conquistar una verdadera fuerza para luchar.

Con estas fuerzas en movimiento, estará a la orden del día pelear por revertir los ataques inmediatos, pero también por un programa de fondo, de ruptura con el FMI, por el no pago de la deuda y otras medidas, para no naturalizar y administrar la pobreza, sino que esta vez la tortilla se vuelva.

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