CRISIS CORONAVIRUS. La desidia capitalista y la gestión gubernamental se cobran 29.408 fallecido en residencias

Era una de los grandes agujeros del impacto de la pandemia en el Estado español, el número de ancianos fallecidos en residencias desde que se detectara el primer caso de Covid19 hace en estas fechas un año.

Pues bien, el escalofriante dato es nada más y nada menos que 29.408 fallecidos por covid19 o síntomas compatibles con el virus. Los datos han sido recabados por las comunidades autónomas y sistematizados conjuntamente por los ministerios de Derechos Sociales, de Sanidad y de Ciencia con fecha de hasta el 21 de febrero.

Como no podía ser de otra manera, esta dramática cifra muestra en números el impacto de la covid en el sector de la sociedad más vulnerable al virus, nuestros mayores. Es innegable que parte de la vulnerabilidad es producto de la edad y de las pluripatologías previas que la mayoría de ancianos presentan en las residencias.

Pero no es menos cierto que la gestión de la pandemia en residencias, especialmente en las privadas y concertadas y la (in)acción del gobierno central y los gobiernos autonómicos, también ha jugado un papel clave en la situación de las residencias y que hoy nos dejan este desolador dato.

A partir de ahora los datos se irán publicando cada semana, según fuentes oficiales, cada viernes. Aún así señalan las mismas fuentes que aún se tratarán de datos provisionales, dado que la información procede de las autonomías y se debe homogeneizar.

Las CCAA con mayor número de fallecidos han sido Madrid (6.187) y Catalunya (5.418), seguida de Castilla y León (3.987) según datos oficiales del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales).

La distribución de los fallecimientos no ha sido homogénea y analizando los datos se observa claramente el impacto de la primera ola en estos números. Desde el mes de marzo al 22 de junio del año pasado, los 19.835 fallecimientos en residencias de mayores, bien con covid confirmada o con síntomas compatibles (9.859), duplican las 9.573 muertes notificadas del 23 de junio al 21 de febrero de 2021.

Fue precisamente durante el momento más duro de la pandemia, la primera ola, donde la actuación de las empresas propietarias de las residencias privadas o concertadas y de las administraciones públicas fue más criminal. Puesto que todos han sido responsables directos o indirectos de las muertes y contagios producidos, al ocasionarse en espacios institucionalizados y, por lo tanto, bajo la supervisión directa del Estado en el caso de los centros públicos, o indirecta en el caso de los privados y concertados.

Y no se puede definir de otra manera esta gestión política. El Estado de Alarma decretado el 14 de marzo del año pasado permitía, entre otras cosas, la intervención pública de todos los recursos privados, sanitarios, industriales, científicos, etc. pero no se hizo nada. Desde el Gobierno central no se tomó ninguna acción a la altura del drama que, aún sin cifras, todo el mundo veía y era conocer que se estaba viviendo en las residencias de ancianos.

Las residencias privadas o concertadas quedaron a su suerte. Sin mascarillas y guantes ni para los ancianos ni para los y las trabajadoras y sin ningún tipo de EPI. Sin la realización de test masivos tanto al personal como a los y las ancianas residentes. Así resultó imposible frenar el contagio y actuar una vez producido, separando y tratando médicamente tanto a los ancianos contagiados con síntomas moderados como desde luego a los graves. Algo tan elemental que no se hizo. Por el contrario, se les abandonó a su suerte.

En muchos casos personas mayores murieron abandonadas y en soledad al no disponer las residencias, ni contratar urgentemente, al personal socio-sanitario suficiente, mientras crecían las bajas (más de 10.000 sobre un total de unos 25.000 trabajadores) por la cadena de contagios entre el personal.

Si no se contrataron más trabajadores cualificados para enfrentar la pandemia fue por los costes que ese gasto suponía en las residencias privadas o concertadas y la consecuente reducción de los boyantes beneficios que los grandes fondos de inversión vienen obteniendo durante el último período. Como siempre, sus beneficios estuvieron y están por encima de nuestras vidas.

También en las residencias de titularidad pública se vivieron situaciones muy similares en la mayoría de casos y que también se cobraron con un número muy elevado de contagios y fallecidos.

Pero el negocio del cuidado de ancianos es boyante para las empresas “multiservicios” y los diferentes gobiernos no están por la labor de tocar el bolsillo a sus amigos. De hecho el número de residencias total en el Estado español es de 5.417. De ellas, 1573, un 29%, son públicas y 3.844 privadas, un 71%. Claro como el agua.

La gestión de estas residencias, bajo condiciones de absoluta precariedad, se define por bajos salarios, falta de personal y recorte de recursos materiales. Algo que obviamente tiene un impacto en la calidad del servicio para los usuarios y en las condiciones de las y los cuidadores.

No es de extrañar que con estas condiciones el negocio privado y la especulación hacen que el margen del beneficio de explotación de las residencias alcance el 20% y el 25%. Y “hay quién llega al 50%”, dependiendo si trabaja con plazas públicas o privadas.

Ante el enorme escándalo y la infamia que ha supuesto la enorme mortalidad y los innumerables casos de contagio entre los y las ancianas de las residencias y los y las trabajadoras solo cabe la exigencia de la intervención pública sin compensación bajo gestión de los y las trabajadoras, con una efectiva medicalización de las residencias y la dotación de los equipos de protección y seguridad necesarios, incluidos EPI, para todos.

Al mismo tiempo, es necesario iniciar un proceso de investigación independiente de lo ocurrido, gestionado y controlado por comités de trabajadores, familiares y residentes.