El Bolsón. La detención de Facundo Jones Huala y el crimen originario que se oculta tras ella

En horas de la madrugada del lunes Facundo Jones Huala fue detenido por personal de la Policía de Río Negro, a raíz de un supuesto llamado telefónico de vecinos de El Bolsón que escucharon ruidos molestos en una casa. Los cargos por los que se lo aprehendió son menores, excarcelables y no deberían haberlo retenido más de algunas horas. En ese sentido, vale destacar las falacias del gobierno provincial de Arabela Carreras, quien afirmó ante la prensa que la detención se produjo “tras un excelente trabajo de investigación” de su policía.

El tema es que sobre el lonko de la Pu Lof de Cushamen pesaba un “alerta azul” de Interpol, motorizada por el Estado de Chile, ya que en el país trasandino Jones Huala era considerado prófugo del Poder Judicial desde el 11 de febrero de 2022. Pero hay que remarcar que la existencia de una “alerta azul” no obliga al Estado argentino a detener a la persona en cuestión ni mucho menos. Según la propia explicación de Interpol, las notificaciones azules se lanzan “para conseguir más información sobre la identidad de una persona, su paradero o sus actividades” relacionadas a una determinada investigación penal.

Por eso, apenas fue aprehendido (por una mera contravención “doméstica”), a pedido de la gobernación rionegrina el gobierno argentino informó a Interpol y al gobierno chileno del “progresista” Gabriel Boric que, para poder mantener preso a Jones Huala y extraditarlo a Chile, se debía cambiar la “alerta azul” por una “alerta roja”. Interpol cumplió su parte en un trámite exprés, lo que permitió mantener detenido al lonko.

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Fiel a su política de criminalización de las comunidades mapuche, el Ejecutivo chileno logró que la Fiscalía de Río Bueno (que toma el caso de Jones Huala) iniciara el papeleo para pedir la extradición. Según informó Antonio Segovia, director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de Chile, “la extradición está en marcha”. Pero aún resta que la embajada de Chile en Buenos Aires le entregue ese pedido a la Cancillería argentina, que a su vez deberá enviárselo al Poder Judicial Federal de Río Negro, a cargo de la custodia de Jones Huala tras la declaración de “incompetencia” de los juzgados provinciales.

En síntesis, en menos de un día los Estados argentino y chileno, servidores de los grandes terratenientes y las corporaciones que se apoderan de los recursos naturales y de la vida de los pueblos de la Patagonia, pusieron todas sus armas en función de conseguir la “foto” que tanto se les pedía: un Jones Huala esposado y listo para ser encarcelado nuevamente en Chile.

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Otra aclaración se impone: en Argentina a Jones Huala se lo sindica como el líder de la “Resistencia Ancestral Mapuche”, la RAM, una supuesta organización “terrorista” sobre la que desde el Estado y varias cadenas mediáticas se habló hasta el cansancio. Pero ni a Jones Huala ni a ningún miembro de su comunidad, como de ninguna otra comunidad mapuche, se les pudo probar absolutamente ningún delito relacionado con esa organización. Incluso los procesos judiciales por los que se criminalizó a esas comunidades, aún sin poderlos relacionar con la RAM, terminaron en absoluciones para los imputados tras comprobarse que eran causas armadas sólo para perseguirlos y reprimirlos.

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En Chile Jones Huala enfrentó una causa en su contra por su supuesta participación en hechos ocurridos en 2013. Por esos cargos recibió una condena a nueve años de prisión. Le habían otorgado la excarcelación en enero del 2022. Su defensa preparaba las condiciones para que cumpliera su condena con libertad condicional en Argentina pero esa medida fue revocada y a partir de ese momento se lo consideró prófugo.

El juicio estuvo lleno de contradicciones, todos los procesados fueron sobreseídos mientras Jones Huala fue condenado prácticamente sin pruebas. Ni siquiera pudo comprobarse que el lonko estuvo efectivamente en el lugar de los hechos por los que se le acusó. Fue un juicio político, que consolidó la persecución de su figura y la criminalización de las protestas mapuche.

En 2017, cuando fue detenido en Argentina para ser extraditado a Chile, desde el Pu Lof Resistencia Cushamen se desató una dura pelea por su libertad, que incluyó una manifestación en Bariloche fuertemente reprimida (con detenidos y heridos) y el posterior corte la Ruta Nacional 40 a la altura del Pu Lof. Ahí mismo, en una brutal represión ordenada por la entonces ministra Patricia Bullrich y comandada por su segundo Pablo Noceti, Gendarmería terminó con la vida de Santiago Maldonado. Tiempo después, desconociendo incluso una sugerencia de la ONU, Jones Huala fue extraditado a Chile.

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Mientras los propios Estados argentino y chileno vulneran desde siempre los derechos de las comunidades originarias, violando sus propia leyes “democráticas”, se avanza en reprimir y criminalizar al pueblo mapuche para dejar allanado el camino a petroleras, mineras y grandes terratenientes, como Joe Lewis o la familia Benetton (ésta última apropiadora del territorio donde se encuentra la Pu Lof en Resistencia de Cushamen).

Tal como sucedió con otros referentes a lo largo de los últimos siglos, el caso de Jones Huala es un ejemplo de la campaña de estigmatización y odio racista impulsada desde el poder económico-político-judicial-policial. Mientras el mismo Estado y sus gerentes (sean “progres” o de derecha) dan vía libre al saqueo y la apropiación de los recursos naturales por parte de capitalistas nacionales y multinacionales, a las comunidades originarias no sólo se les niegan derechos constitucionales sino que se les inventan todo tipo de causas para justificar su persecución, criminalización y hasta su muerte. Rafael Nahuel y Santiago Maldonado son dos ejemplos recientes, de los que los grandes medios, a ambos lados de la grieta, ya ni hablan. Y cuyos verdugos siguen libres y en funciones.

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