Pese a las políticas de reducción de déficit, el Ayuntamiento de Madrid sigue sin resolver el drama de habitacional y de vivienda social para las clases populares.
Juan Carlos Arias @as_juancarlos
Jueves 22 de septiembre de 2016
Foto: EFE
Madrid continúa siendo la ciudad más endeudada del Estado español. Sin embargo se ha convertido en el alumno aventajado de las políticas de reducción del déficit, al lograr mantener el ritmo más acelerado en su disminución.
Según datos publicados por el Banco de España, el Ayuntamiento ha logrado reducir su deuda a lo largo del último año en más de 1.000 millones de euros. De este modo la deuda municipal actual queda en 4.563 millones de euros. El descenso ha supuesto una bajada del 19,5% si se compara con el volumen que existía hace tan solo un año.
Entre 2014, cuando se comenzó a reducir la deuda bajo el gobierno de Ana Botella, y junio de 2016, se ha aminorado en nada menos que en un 35%. En términos absolutos ha supuesto pasar de unos 7.000 millones a la cantidad ya mencionada, 4.563. Es decir, que en un período en el que la crisis social y económica hacía estragos entre las clases populares, el Ayuntamiento ha pagado “religiosamente” a los bancos mientras reducía considerablemente sus políticas de intervención social, sin que el nuevo equipo haya si quiera recuperado el nivel de gasto social previo a la crisis.
En el caso del gobierno del PP esto se hacía a la vez que se impulsaban políticas de esquilmación de lo público. Como la venta de viviendas públicas a fondos buitre, la privatización continuada del espacio público, actuaciones urbanísticas que suponían auténticos pelotazos o las concesisones de servicios públicos (limpieza, jardinería, recogida de basuras...) con contratos a muy largo plazo y en condiciones absolutamente favorables para las grandes multinacionales.
En el período de gestión de Manuela Carmena, la deuda ha disminuido en 1.074 millones, un récord jamás alcanzado por los gobiernos del PP en tan corto período de tiempo. El Ayuntamiento cerró el ejercicio de 2015 con una reducción de 816 millones y un superávit municipal presupuestario de 511 millones de euros, lo que implicaba una incremento considerable sobre los 217 millones de superávit de 2014 en la etapa de Botella.
Sin embargo, como he reconocido el propio Ayuntamiento, parte de ese superávit iría destinado a la realización de nuevas inversiones, en lugar de destinar la totalidad a paliar las graves carencias sociales de la ciudad de Madrid.
Como vemos pues, en otras áreas de gestión este alumno parece no esforzarse de la misma manera. Los grandes problemas de vivienda social en la ciudad de Madrid, por ejemplo, siguen sin ser resueltos favorablemente para las clases populares. En muchos casos alegando dificultades económicas presupuestarias para adquirir un mayor parque de viviendas públicas, y sobre todo negándose a tomar medidas punitivas de calado para al menos forzar a los bancos a ceder vivienda vacía para uso público.
Los datos sobre un derecho básico, como es la disponibilidad de vivienda social de carácter municipal para atender las necesidades de los sectores más desposeídos, resultan preocupantes. Lo primero que hizo el equipo de gobierno de Carmena fue reunirse con los responsables de las principales entidades bancarias, Bankia, Santander y BBVA, sin conocimiento público del contenido de los encuentros. Hasta ahora, apenas se ha conseguido la cesión de 400 pisos que irían destinadas a lo que denominó “banco de viviendas sociales”. Algo realmente insuficiente para paliar la grave situación de necesidad de alojamiento existente en el municipio madrileño.
Por otra parte, según datos municipales, resulta a todas luces insuficiente la oferta de un parque de viviendas de 6.280 de alquiler social, cuando existe una lista de espera de 9.000 solicitudes. Esto implica que hay un porcentaje de desatención del 143% de la población necesitada de vivienda que ha realizado una petición expresa de la misma.
Frente a esta realidad, la alternativa que propone el Ayuntamiento de Manuela Carmena pasa, tal y como anunció la presidenta de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, Marta Higueras, por la compra de 150 viviendas en varias fases. Una cifra que seguiría dejando a 8.850 familias en la lista de espera.
Por otro lado, Ahora Madrid es incapaz de ofrecer una solución a los inquilinos de las 1.860 viviendas propiedad del fondo buitre Blackstone, que vienen sufriendo un auténtico “mobbing inmobiliario”, con enormes subidas de la renta, impedimento de la prórroga de los contratos vencidos, eliminación de las ayudas públicas…
Otros puntos esenciales del programa electoral de Ahora Madrid, como por ejemplo, la remunicipalización de los grandes servicios municipales, la reversión de los pelotazos urbanísticos gestados por los gobiernos neoliberales del PP o la auditoría ciudadana de la deuda que ponga negro sobre blanco las razones del endeudamiento tan generado por los megaproyectos en beneficio de los “amiguetes”.
Ante esta situación ¿No había otras prioridades para el Ayuntamiento del “cambio” de la capital a las que destinar los más de 1.000 millones pagados a la banca y acreedores?
Juan Carlos Arias
Nació en Madrid en 1960. Es trabajador público desde hace más de 30 años y delegado sindical por UGT de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Es columnista habitual de Izquierda Diario en las secciones de Política y Economía. milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.
