El Estado de Chile le ha entregado todas las facilidades habidas y por haber a los grandes empresarios. Les ha asegurado que no van a perder ningún centavo. Mientras la gente que vive del trabajo se empobrece día a día, los grupos económicos de este país, así como firmas extranjeras, retiran sus ganancias en tranquilidad, las que, probablemente, gastarán en sus viajes de lujo en alguna isla exótica del globo terráqueo. Y no solo eso.
Lunes 4 de mayo de 2020
El 30 de abril de 2020 la matriz del holding CENCOSUD y su filial Cencosud shopping decidieron repartir el 80% de las utilidades generadas en 2019, entregando 220 millones de dólares —el equivalente a 569.000 sueldos mínimos ($320.500)— a sus accionistas (1). Esta acción se llevó a cabo luego de que el holding se acogiera a la “Ley de Protección al Empleo” que autoriza a los empleadores a suspender el pago de sueldo a sus trabajadores —mediante la suspensión del contrato de trabajo— mientras dure la crisis de emergencia sanitaria establecida por el gobierno. Con esta ley, los trabajadores reciben una remuneración a través del cobro de su Seguro de Cesantía, es decir, de sus propias cotizaciones descontadas de los salarios durante los meses o años que realizaron servicio para la empresa.
Resulta una completa ignominia y un insulto para el pueblo trabajador que uno de los holdings que tiene a uno de los 5 súper ricos de Chile y Número 745 a nivel mundial —Horst Paulmann— según Forbes (2), se haya repartido semejante cantidad de dinero, habiendo dejado libre su compromiso en pagar las remuneraciones a sus trabajadores. Y no solo por eso.
Como mencioné más arriba, el reparto de utilidades realizado el 30 de abril equivale a alrededor de 569.000 sueldos mínimos. Esto sin contar la existencia de los demás holding y grandes empresas chilenas que se atuvieron a la “ley de protección del empleo” y las facilidades tributarias (3), pertenecientes a los grupos económicos de Saieh, Angelini o Matte, por nombrar algunas. Con el patrimonio millonario de cada uno de estos grupos económicos se podrían cancelar a lo menos un millón de sueldos acordes a un valor de 500.000 pesos líquidos durante los próximos 5 meses y aportar en la compra de miles de respiradores mecánicos para enfrentar la crisis sanitaria, así como también la construcción de hospitales para tratar a los enfermos por coronavirus y así enfrentar de manera eficaz la pandemia.
El Estado de Chile le ha entregado todas las facilidades habidas y por haber a los grandes empresarios. Les ha asegurado que no van a perder ningún centavo. Mientras la gente que vive del trabajo se empobrece día a día, los grupos económicos de este país, así como firmas extranjeras, retiran sus ganancias en tranquilidad, las que, probablemente, gastarán en sus viajes de lujo en alguna isla exótica del globo terráqueo. Y no solo eso.
Mientras los magnates del país mantienen sus ganancias con la crisis del COVID-19, el gobierno insiste en su política criminal de “retorno a la normalidad” o “retorno seguro”, reabriendo centros comerciales y empresas, llevando a los trabajadores a exponer sus vidas y las de sus familias. Las consecuencias de esto ya se están viendo: en 2 días Chile batió récord en el número diario de contagiados por COVID-19. Y no hay suficientes respiradores mecánicos ni entrega de parte del Estado de insumos sanitarios para el pueblo trabajador.
Todo esto cubierto de intervenciones provocadoras e ignominiosas de empresarios y líderes patronales que llaman a reanudar la actividad económica a costa de la muerte de trabajadores (4).
El 1° de mayo la Central Clasista de Trabajadores y otros sindicatos convocaron a una manifestación en Plaza Dignidad. A esta concurrieron unas centenas de personas las que fueron rápidamente reprimidas por Carabineros y llevadas a comisaría. La medida se habría justificado por haber incumplido la norma que prohíbe reuniones con más de 50 personas. Sin embargo, desde un comienzo los organizadores dieron muestra de disciplina al mantener a las personas a 1,5 y 2 metros de distancia. Los manifestantes estuvieron retenidos en las celdas sin ninguna norma de prevención para el contagio del COVID-19: 3 personas por metro cuadrado. Sin contar que se les requisaron mascarillas y alcohol gel. Pero para enviar a los trabajadores a las empresas, cruzando kilómetros en buses y metro, para eso no hay “medidas de resguardo”.
Un día antes, se reabrió el Mall Apumanque localizado en la comuna de Las Condes, así como varios centros comerciales del sector oriente de Santiago. Según fuentes periodísticas, en Apumanque “el peak de visitantes se registró a las 11.40 horas con 750 personas al interior” (La Tercera, 30 de abril de 2020). Más del doble de las personas que concurrieron a Plaza Dignidad.
Una convocatoria en Plaza Dignidad fue reprimida por el Estado bajo el falso argumento de transgresión de normas de cuarentena. Pero una aglomeración de personas en malls o en paraderos para llegar a los lugares de trabajo no concita ninguna preocupación de las autoridades. Lo único que importa es que “funcione la economía”, es decir, que continúe la acumulación de ganancias de las grandes empresas.
En conclusión, en Chile el Estado ejerce la fuerza para reprimir a aquellos que están sufriendo los efectos de la crisis sociosanitaria y asegura que las empresas puedan moverse en plena y absoluta libertad: repartirse ganancias, despedir –o suspender— personal y obtener facilidades tributarias otorgadas por el gobierno para no pagar contribuciones.
El Estado de Chile ha desenmascarado su crudo carácter de clase: en esencia es un Estado al servicio de los grandes grupos económicos y empresas, a quienes no les interesa la vida de los trabajadores, solo sus ganancias.
Esta cruda realidad social y económica que está experimentando la mayoría del pueblo chileno debe servir como experiencia para pensar un nuevo tipo de Estado y una nueva forma de producción y asignación de los recursos.
Es una gran oportunidad para que los trabajadores que están organizados en sindicatos, los que viven en poblaciones, las personas que deben salir a trabajar, tanto trabajadores pobres como profesionales y trabajadores de “clase media”, conversen, discutan y reflexionen acerca de si esta es la única manera de sobrevivir en el país. No puede ser que un puñado de familias y grandes empresarios nos dejen tirados en la calle y se lleven toda la riqueza del país con la que se podría enfrentar de manera eficaz la pandemia y mantener a las personas con lo necesario para subsistir.
De esto hay algo que está claro: se debe abandonar la forma de producción capitalista neoliberal basada en la absoluta libertad de la empresa privada y el mercado como cuasi exclusivo asignador de recursos y garante de derechos para la sociedad.
Se debe avanzar a una nueva forma racional de asignar los bienes y servicios en función de las necesidades sociales y de subsistencia humana, ya no más del capital. Una forma ecológica y democrática de producción y asignación de los recursos que ponga fin a la matriz productiva extractivista. Una forma de producción determinada en conjunto por las y los trabajadores asalariados, profesionales, trabajadores independientes y pequeños empresarios, en otras palabras, la gente que vive del trabajo.
Resulta evidente que los trabajadores asalariados –la clase obrera— de las posiciones estratégicas de la economía nacional y servicios esenciales serán fundamentales, tanto por el rubro en que se desempeñan –puertos, minas, retail, salud, transporte, por nombrar algunas—, como porque muchos trabajan para las empresas pertenecientes a los principales grupos económicos mencionados, aquellos que concentran el 30% de la riqueza total del país.
Lo peor no ha llegado. La crisis social y económica que ha creado la codicia empresarial no ha mostrado su momento más álgido. Habrá lucha y resistencia los próximos meses y esta vez debemos vencer.
Vicente Mellado
Licenciado en Historia. Universidad de Chile. Magíster © en Ciencias Sociales, mención Sociología de la Modernización. Universidad de Chile
