Mundo Obrero. La disputa de Macri y la CGT por las obras sociales: qué dice la izquierda

Hace algunos meses llegó a La Izquierda Diario la denuncia de una trabajadora de la alimentación de la Zona Norte. “La obra social de la alimentación es como popularmente se conoce al martes 13: no te enfermes ni te accidentes. Los fines de semana te derivan a un hospital público y en la semana te dan turnos para dentro de un mes. Si necesitas traumatología, "hay sólo dos" traumatólogos, uno que nunca está y el otro que está lógicamente saturado. Así que bancate el dolorcito un mes o andá a un hospital público”.

Ante esta situación, la mitad de los trabajadores de los 13 mil afiliados decidió pasarse a otra obra social y los que podían contrataron una prepaga. Desde el Sindicato de la Alimentación deslindan responsabilidades: “el Estado les tiene retenidos fondos”.

Mientras tanto, Rodolfo Daer, como reveló nuestro diario allá por enero de 2016, cobraba más de 240 mil pesos por sus funciones en el sindicato y la obra social. Lo que debe cobrar ahora…

Así estamos

El cuadro pinta de cuerpo entero la situación de la salud de los trabajadores y sus obras sociales. Una atención en general pésima; un Estado y un sindicato que se apropian los fondos destinados a la salud obrera; burócratas millonarios tras décadas sin trabajar.

La cuestión se ha convertido en uno de los puntos de tensión entre la gestión de Macri y las cúpulas sindicales. Cuando comenzaba el ajuste y había que adornar la tregua, el gobierno le soltó 2700 millones de los 29000 que tiene retenidos el Fondo de Retribución Solidaria. Ahora que se sintió envalentonado tras su buen resultado electoral y la crisis del peronismo, echó a los hombres de la CGT en el manejo de los fondos y amenazó hacer públicas las declaraciones de bienes de los sindicalistas que presiden las obras sociales. Justo los ministros millonarios.

Vamos a arriesgar un pronóstico: la sangre no llegará al río hasta después de las elecciones de Octubre. El vandorismo empresarial de Cambiemos busca imponer nuevas condiciones a la relación que tiene con las cúpulas sindicales peronistas. Al pacto político; y al comercial, claro. Eso incluiría la intención de reducir los aportes patronales a las obras sociales en una de las futuras "reformas laborales", del 6 al 4%.

Un negocio con la salud obrera

En la Argentina, las cúpulas sindicales administran los fondos de las obras sociales desde 1970. En 1984 el 75% de los trabajadores tenía cobertura de una obra social. El desempleo y la precarización laboral llevaron a que en los años 90 el número cayera a casi la mitad. Luego, las leyes menemistas fomentaron la desregulación, los negociados y la concentración del sector.

Hoy las obras sociales recaudan el 9% de nuestro salario bruto: el 6% por ciento lo aporta el empresario y el otro 3% el trabajador. Una parte de ese monto es administrado directamente por los gremios, otra parte es retenida por el “Fondo Solidario” que administran los gobiernos de turno, supuestamente destinado a enfermedades complejas y aquellas que no puedan ser cubiertas por los sindicatos más chicos.

Cristina Kirchner llegó a retener casi 30000 mil millones que sus funcionarios manejaban discrecionalmente, entre otras cosas para subsidiar “proyectos” de sectores empresarios. En su disputa con la CGT, se quedaba con fondos que en realidad eran de los trabajadores. Una expresión brutal de la estatización de los sindicatos que sostiene el modelo sindical peronista.

A esta confiscación debía sumarse la merma en los ingresos de las obras sociales, con un 50% de los trabajadores que no llega a cubrir la mitad de la canasta familiar y un 30% “en negro”, sin aportes. La crisis llevó a la situación calamitosa que cuenta nuestra corresponsal al principio de la nota.

Lejos de enfrentar esa apropiación por parte del Estado, y en última instancia de la clase empresaria, la burocracia sindical respondió como lo que es: una casta que tiene intereses propios, distintos a los de sus “representados”. Por un lado, armó negociados que fueron desde la tercerización de servicios hasta la criminal “mafia de los medicamentos” (la única mafia que Macri no criticó porque fue liderada por su sindicalista modelo “Momo” Venegas). Además, comenzó a cobrar “cuotas solidarias” a los no afiliados; armó sus propias prestadoras o directamente prepagas para tener entre sus propios trabajadores pacientes “de primera” y “de segunda”.

Donde hay una necesidad, pensaron, nace un negocio.

Y el negocio llevó no sólo a los negocios del aparato sindical. También al negocio personal de sus dirigentes. Como las prestadoras asociadas a OSMATA por las que fueron procesados José Rodríguez y sus hijas. Como los 139 mil pesos por mes que cobran los triunviros Héctor Daer y Carlos Acuña por ser secretarios generales de sus gremios y de la Obra Social (OSPSA y OSPES). Como los 20 mil dólares mensuales que cobraban los integrantes del Secretariado de la UOM como parte del “seguro de sepelio” que tenían que pagar sus afiliados. Y una lista interminable.

Qué propone la izquierda

La izquierda denuncia los tejes y manejes entre el gobierno y las cúpulas sindicales con las obras sociales que atienden la salud de los trabajadores. Y propone una salida: