Diputados. La disputa judicial como “agenda permanente”: comenzó el debate de juicio político a los integrantes de la Corte

La Comisión de Juicio Político de la Cámara Diputados se reunió este jueves y comenzó el proceso contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. A pesar de que es uno de los 28 temas con los que Alberto Fernández convocó a sesiones extraordinarias (del 23 de enero hasta el 28 de febrero), es el “debate estrella” que concentra la atención y las energías tanto del oficialismo como de Juntos por el Cambio.

Apenas el Frente de Todos garantizó el quórum con sus 16 integrantes, Juntos por el Cambio ocupó sus puestos para pedir la palabra. En la inauguración de la comisión no faltaron los discursos encendidos y los cruces como era esperable durante casi 4 horas, aunque lo único que se resolvió es cómo será la agenda para su funcionamiento. Por lo menos se espera que el proceso tenga una duración de 90 días, aunque algunos diputados y diputadas del oficialismo están interesados en que se extienda hasta el cierre de listas de las elecciones presidenciales.

El cronograma continuará en lo inmediato el próximo jueves 2 de febrero: será el día donde los autores y autoras de los 14 proyectos de pedido de juicio político contra los miembros del Máximo Tribunal harán sus exposiciones. Allí tomarán la palabra desde diputados y diputadas del Frente de Todos, de la Coalición Cívica de Juntos por el Cambio (que tienen presentados dos proyectos pero solo limitados al supremo Ricardo Lorenzetti), la senadora oficialista Juliana Di Tullio, asociaciones de derechos humanos y otros particulares.

El jueves 9 de febrero será una jornada abocada exclusivamente a resolver la admisibilidad del juicio político. La comisión deberá evaluar si hay sustento o no para avanzar con el proceso, y si corresponde a los cuatro integrantes de la Corte o solo a algunos de ellos. Si ese día se vota favorablemente la admisibilidad, recién en una siguiente convocatoria empezará la “etapa de prueba” donde se espera que desfilen una buena cantidad de testigos sobre las distintas causales planteadas en los 14 proyectos para remover a los jueces de la Corte. La mayoría de ellos se centra en el mal desempeño en sus funciones, aunque por motivos distintos que van desde el fallo 2x1 para darle impunidad a los genocidas, pasando por el de la coparticipación, la decisión de cambiar la composición del Consejo de la Magistratura y que poner al frente al presidente del Máximo Tribunal, hasta por desmanejos en la administración de la Obra Social del Poder Judicial o por emitir fallos favorables a empresas que son ex clientes de los cortesanos.

El oficialismo ya adelantó que planea convocar como testigos a Silvio Robles, el asesor del juez Rosatti, y a Marcelo D’Alessandro el ministro de seguridad de Larreta (ahora de licencia), protagonistas de los chats filtrados de Lago Escondido. En esa instancia también tendrán posibilidad de tomar la palabra los cuatro magistrados: dependerá de su decisión si quieren ejercer el derecho a la defensa y hacerse presentes, hacer un descargo por escrito o llamarse al silencio.

Será justamente la “etapa de prueba” con la participación de diversos testigos la que va a extender en el tiempo la comisión de juicio político y mantener la disputa judicial como “agenda permanente”. Una vez que finalice esta instancia, se avanzará con la emisión de uno o más dictámenes donde quedará plasmada la decisión de elevar o no al Senado el pedido de juicio político.

Hubo un contrapunto sobre los testigos entre el oficialismo y Juntos por el Cambio que solicitó, a instancias de la Coalición Cívica, que se puedan convocar testigos para la jornada que deberá votar la admisibilidad del proceso. El jefe de la bancada del Frente de Todos, Germán Martínez, fue el encargado de rechazar el pedido excusado en el reglamento: los testigos sólo serán admisibles en la “etapa de prueba”, es decir, una vez que se declare admisible iniciar el proceso de juicio político.

Hasta este estadio del recorrido, el Frente de Todos tiene garantizada la mayoría de la comisión para avanzar con el proceso, ya que cuenta con 16 integrantes, mientras Juntos por el Cambio tiene 14, y el Interbloque Federal 1. El freno vendrá en la votación del recinto de la Cámara de Diputados donde se necesitan dos tercios de los miembros, y el oficialismo no los tiene con la composición actual. De todas formas, el dictamen que termine saliendo de la comisión tendrá vigencia por tres años, y podrían ponerlo a consideración si cambiara la composición del Congreso o el sistema de alianzas se lo permita en otro momento hasta el 2026. Para hacer realidad el juicio político y remover a los jueces de su cargo, el último paso es que sea aprobado por dos tercios en el Senado.

Un debate con tres posiciones

La primer reunión fue un precalentamiento, y se expresaron tres posiciones: la del oficialismo, Juntos por el Cambio y la del Frente de Izquierda.

En el caso de Juntos por el Cambio fueron dos los ejes centrales para polemizar con el oficialismo: que es un circo para no hablar de los temas importantes del país, y que el gobierno estaría en una avanzada contra las instituciones y la independencia del poder judicial. Fue el mendocino Omar de Marchi del PRO, ya lanzado a la carrera electoral en su provincia que lo enfrenta a sus socios radicales, quien arrancó afirmando “este circo que montan a diario, tiene principalmente dos objetivos: no hablar de los problemas importantes del país (...), y para intervenir, meterse, manipular la agenda judicial”. Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, lo complementó a su turno: “Quieren el sometimiento total del Poder Judicial a su voluntad. Por eso atacan a la Corte”. Lo extraño es que sean los propios diputados y diputadas de Juntos por el Cambio quienes hablen de un circo, cuando su propia coalición está focalizada en montarse en la disputa judicial. La única reunión que convocaron como interbloque fue para… debatir su estrategia para la comisión de juicio político. Ninguno de los otros temas que convocan a extraordinarias mereció su atención, aunque haya muchos “importantes para el país” como reclamaron. Es el caso de la moratoria previsional, que quedó pendiente desde diciembre por su negativa e impide desde entonces que casi 1 millón de personas puedan jubilarse. La diputada de izquierda Myriam Bregman intervino en la Comisión donde les preguntó: “¿O Juntos por el cambio no está usando esta discusión, el juicio político a los miembros de la corte para no discutir la moratoria previsional y decir que no se puede discutir otra cosa?”. Desde el Frente de Todos, diputadas como Marisa Uceda y Vanesa Siley también les reclamaron avanzar con los demás proyectos, que Juntos por el Cambio se niega a tratar de forma extorsiva mientras dure el proceso del juicio político.

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Así, la coalición opositora se ha sumado al circo para que el poder judicial continúe siendo el eje del debate, incluso buscando que sea el tema casi excluyente. Por otro lado, aunque critiquen el proceso, desde su espacio, la Coalición Cívica impulsa el juicio político a uno de los jueces. La voltereta discursiva de los lilitos intentó explicar que solo su pedido contra el juez Lorenzetti es procedente, pero que todos los demás no tienen sustento. Esto le valió una chicana de la diputada Bregman: “aprovecho esta oportunidad para pedirles una brújula, para que nos indiquen cuándo pedir un juicio político a un miembro de la Corte Suprema es un hecho de justicia y cuándo es un ataque a las instituciones, porque estoy medio perdida”.

En el Frente de Todos pusieron mucho énfasis en las cuestiones reglamentarias en reiteradas intervenciones (de la Constitución, el reglamento de Diputados y de la comisión en particular) que sustentan el inicio del proceso y su validez. Una vez despejada esta cuestión, los discursos fueron para cruzar a Juntos por el Cambio y ratificar los motivos para avanzar con el juicio político a los supremos. Fue el oficialista Leopoldo Moreau quien sostuvo que “no es culpa nuestra que se hayan alineado para defender su Corte porque esta no es la Corte de todos los argentinos, esta Corte tiene dueño y son los 500 empresarios que han obtenido fallos favorables y los medios hegemónicos que quedaron desnudos con la banda de Lago Escondido. Hay que erradicar del país la mafia del Poder Judicial”. Moreau respondió además a Myriam Bregman que había recordado que “desde el ´83 para acá el peronismo ha tenido mayoría en el Senado. ¿Quién nombró esos jueces, quién los designó, cómo llegaron?”. El diputado oficialista se focalizó en contestarle que “el pecado original” de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti es que aceptaron ser designados por un decreto de Mauricio Macri. Pero Bregman retrucó que luego de ser designados por decreto, la mayoría de los senadores peronistas legitimó la decisión del ex presidente votándolos en la Cámara Alta.

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Myriam Bregman señaló otra contradicción al oficialismo: uno de los proyectos de juicio político contra Horacio Rosatti hace referencia a que tiene relaciones o protegió genocidas. “¿Ahora nos enteramos? ¿Cuando fue ministro de Justicia del gobierno kirchnerista no se sabía?” preguntó la diputada sin obtener respuesta del Frente de Todos. Es que el presidente de la Corte Suprema que está en el ojo de la tormenta de las denuncias, fue Ministro de Justicia de Néstor Kirchner entre 2004 y 2005.

Nicolás del Caño estuvo presente junto a Myriam Bregman a lo largo de la comisión donde polemizaron con las dos coaliciones: “quieren escaparle a la discusión económica porque están haciendo un ajuste brutal, y quieren correr la agenda mediática para esconder que las medidas que está tomando el ministro Sergio Massa”. No solo en referencia a las distintas alas del oficialismo, sino también a las grandes coincidencias que tienen desde Juntos por el Cambio cuando se trata de ajustar al pueblo trabajador para cumplir con las imposiciones del acuerdo con el FMI. Al mismo tiempo dejaron sentado que “hay grandes motivos para cuestionar esta Corte” y por eso fueron a dar el debate. Desde la izquierda se distinguen tanto del oficialismo como de la oposición de derecha, sostienen que los jueces son opuestos a “representantes del pueblo”: no los vota nadie, viven de privilegios y con cargos eternos a los que acceden por acuerdos entre los partidos mayoritarios. Insistieron en que “no solo es un problema del Poder Judicial, es un problema del régimen político atado al FMI, donde se está produciendo una enorme transferencia de recursos desde los sectores asalariados a los sectores más concentrados del capital”.

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Este jueves quedó abierto el primer capítulo de un largo proceso que comienza para exponer a los cuatro jueces de la Corte con el pedido de juicio político. El Frente de Todos pretende convocar otras comisiones para tratar los demás proyectos del temario de las sesiones extraordinarias, aunque sin dudas será la agenda judicial la gran protagonista por la conveniencia de las dos coaliciones mayoritarias.