Las denuncias contra los abusos en la iglesia católica se han masificado, y junto con ello, las críticas sobre la relación de Justicia, el Estado y la Iglesia.
Teresa Melipal Santiago de Chile
Lunes 6 de mayo de 2019
El historial de abusos de la Iglesia Católica presenta más de 80 denuncias y un centenar de víctimas, obispos, diáconos, sacerdotes jesuitas y maristas. Hecho que ha generado repercusión en la credibilidad de la institución culminando en una baja de creyentes católicos, según el Latinobarómetro 2018.
Este mes, el Ministerio Publico selló un polémico convenio con la Conferencia Episcopal de Chile por causas de delitos sexuales, con el fiscal nacional Jorge Abbot a la cabeza y el secretario general de la Conferencia Episcopal. Esto en medio de la formalización hacia la institución católica por encubrimiento de parte de los obispos al interior de la Iglesia.
Doble moral
Una de las recientes denuncias de violaciones de parte de los miembros de la Iglesia Católica va contra la cara "caritativa" de institución eclesiástica, Renato Poblete, ex sacerdote jesuita y ex capellán del Hogar de Cristo, quien perpetuó reiteradas violaciones sexuales contra la estudiante de teología de la Universidad Católica por más de 8 años. Marcela Aranda, en la entrevista de AhoraNoticias, señala que el ex capellán le amenzaba y chantajeaba con perder la universidad si no atendía a las órdenes del religioso. "Lo más terrible y que me hace sufrir es que él me obligó a abortar y no sólo una vez, tres veces", señaló la denunciante.
Separación efectiva de las iglesias y el Estado
Tras el escándalo por el convenio entre el Ministerio Público y la Iglesia anunciado por el fiscal Emiliano Arias, de la región de O´Higgins, y el fiscal de la región de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien advirtió que “celebrar este tipo de acuerdos con instituciones que tienen intereses en investigaciones vigentes puede implicar una afectación a la autonomía institucional y, consecuencialmente, al principio de objetividad, pudiendo significar también para las víctimas de estos delitos un elemento de revictimización”, expresa que la iglesia católica ha permanecido impune bajo el alero del Poder Judicial (quien hoy también se encuentra en crisis).
Si bien en Chile la Iglesia se separó del Estado formalmente, en la Constitución de 1925, vemos que lo expuesto en el papel y en la realidad se evidencia lo contrario: el cuantioso financiamiento del Estado a las iglesias cristianas; leyes morales contra las mujeres, niños y adolescentes, relegándolos como objetos de derecho para la clase dominante; una educación sexista que discrimina la diversidad sexual y cosifica a la mujer; hospitales y clínicas que niegan el derecho a abortar, relegando a las mujeres a abortar en la clandestinidad, entre otros, son algunos ejemplos de la vinculación de la moral de la iglesia católica como las iglesias evangélicas con el Estado de Chile.
Es por esto que para exigir la separación efectiva de las iglesias y el Estado, debemos recuperar la lucha por el aborto legal, donde organismos del movimiento de mujeres como la Coordinadora 8M junto con la Confech y Aces, desde el movimiento estudiantil y el Colegio de Profesores, desde los trabajadores hagan un fuerte llamado para reimpulsar la campaña por el aborto legal, libre, seguro y gratuito, para que las y los cientos de miles que salimos a marchar este 8 de Marzo podamos enfrentar a la hipocresía de las iglesias, a la derecha y a los empresarios.
