Las políticas de inmigración provocan que aumenten los jóvenes y niños internados en centros de acogida. Los recortes hacen que, a su vez, sea casi imposible garantizar la subsistencia en ellos.
Marc Ferrer Barcelona
Jueves 26 de mayo de 2016
Las políticas reaccionarias de la UE en cuanto a la “crisis migratoria”, como el cierre de fronteras o la persecución racista en la cual la policía tiene el ojo puesto en la población árabe, hace que muchos de los jóvenes y niños inmigrantes tengan que ser internados en centros de acogida como DEGAIA -Direcció General d’Atenció a la Infància i l’adolescència-, lo que provoca la saturación de los mismos centros y condiciones lamentables para los propios adolescentes.
En Marruecos las cifras estimadas sitúan el paro juvenil, menor de 34 años, en torno al 31%. Y en números generales, el desempleo afecta a más del 60% de licenciados. Sin embargo hay quien eleva esta cifra hasta el 80%, sobretodo teniendo en cuenta que la población juvenil representa un tercio de la población.
En muchos casos, los jóvenes llevan hasta el extremo protestas contra el engaño al que somete muchas veces el propio Estado marroquí, asegurándoles por ejemplo empleo en la administración que luego no cumplen.
Ante este panorama, muchas familias envían a sus hijos a cruzar el estrecho, con perspectivas de conseguir una mayor calidad de vida. Saben que siendo menores tendrán cubiertas algunas necesidades que en Marruecos no se les puede garantizar, como puede ser una educación cualificada, médico, comida, ropa, etc.
Sin embargo, para muchos de estos chicos y chicas, el “sueño” de una mejor vida se desvanece al cruzar el Estrecho. Muchos son los que se sienten agarrados a una vida sin referentes y en muchos casos viéndose obligados a delinquir para poder sobrevivir.
Los que tienen “mejor suerte”, acaban en centros de acogida como DEGAIA, donde se les procura las necesidades básicas a jóvenes procedentes no solo de Marruecos, sino de diferentes comunidades árabes como Argelia o Pakistan, recorriendo miles de kilometros y cruzando zonas de guerra como Afganistán o Siria. A la vez que se les hace un diagnóstico médico y psicológico.
No obstante, las normas de convivencia tienen un caracter estricto y represor, en las que la presencia de vigilancia es permanente, los horarios de tiempo libre están muy acotados, e incluso deben pasar diariamente por escáneres de detectores de metales. Un severo control para la institución que se hace indigerible para la vida de un adolescente, el cual en muchos casos se queda en la tesitura de la elección entre someterse a un estado pseudo-carcelario y de vigilancia permanente o escapar y vivir en la calle.
Con suerte, algunos de estos jóvenes pueden ser derivados a pisos tutelados o CRAE’s -Centro Residencial de Acción Eductiva-, pero al cumplir la mayoría de edad deben abandonar el hogar, y en muchos casos sin tener ninguna grantía para la subsistencia.
Por si fuera poco, los recortes en servicios sociales sufridos desde el inicio de la crisis en el Estado español vienen mermando la calidad del propio servicio. Los recortes se han hecho notar en especial en presupuesto destinado y en la reducción de plantilla.
Todo ello hace que los propios educadores trabajen en condiciones muy adversas para hacer un trabajo educador efectivo. Pues el conflicto diario con el que se tiene que trabajar, abordando temas como la drogadicción, las vivencias conductuales de los propios adolescentes o la ausencia de referentes adultos, necesitan de unas condiciones básicas que actualmente no se garantizan por parte del Estado.
Centros como DEGAIA tienen que afrontar también un sobreexceso de internos, lo cual implica condiciones penosas y la ausencia de intimidad para los propios adolescentes.
En definitiva, ante esta realidad latente, generada por la política migratoria reaccionaria de la UE y los recortes de presupuesto para servicios sociales, está provocando que se agrave hasta el extremo la situación de cientos de jóvenes e impidiendo que tengan una oportunidad real de emanciparse como adultos.
