La caída de los precios del petróleo, la inestabilidad del peso y la inflación son fuertes golpes para la economía mexicana y sus trabajadores. La crisis nacional toca la economía.
Diana Valdez México D.F. / @yellikann
Miércoles 17 de diciembre de 2014
El panorama se complica para el régimen mexicano. Sumado al caso de los normalistas desaparecidos, la inflación, la caída de los precios del petróleo y la inestabilidad del peso en el mercado mundial han llevado al gobierno mexicano a tomar medidas de seguridad al respecto de los temas económicos.
El precio de la mezcla mexicana de petróleo alcanza sus niveles más bajos desde 2009. Cotizándose poco arriba de los 50 dólares por barril, el crudo mantiene una tendencia a la baja desde principios de año. Y pese a que el gobierno mexicano advierte estar asegurado, las consecuencias de estos movimientos por arriba se siguen cargando para los de abajo.
La realidad económica mexicana se vive a cada día en las casas de los millones de trabajadoras y trabajadores del país. Las distintas reformas estructurales que fueron aprobadas en los últimos meses son las encargadas de que los indicadores macroeconómicos se vean bien, mientras los bolsillos de las familias soportan el peso de la crisis que desde 2008 se arrastra en la economía nacional.
Sus números
La crisis económica que inició en 2008 con la caída de Lehman Brothers y el colapso de los mercados financieros, fue presentada por el gobierno mexicano como una cosa menor. Las declaraciones sobre el estado de la economía mexicana y las implicaciones de la crisis sobre el país fueron siempre optimistas.
Según datos del gobierno, el desempleo ha bajado y se ubica a niveles de 4,9%, la inversión fija bruta mantiene un crecimiento por arriba de 4%, y la inflación se mantiene en 3,57%. Sin embargo, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) cae con el paso de los meses para ubicarse por debajo de 2% para este año.
A últimas fechas, y a pesar de la evidente reducción en el nivel de vida de las mayorías, los políticos en el gobierno se han llenado la boca con números alentadores, pero que sólo traen beneficios para unos cuantos. Aludiendo a las reformas estructurales y sus efectos tardíos, la posición optimista es cada vez menos creíble.
Las evidencias sobre una posible crisis en la economía nacional siguen apareciendo: la Bolsa Mexicana de Valores se desplomó ayer mismo alcanzando 3,31% a la baja, la peor cifra desde junio.
Hoy, en medio de una crisis política profunda, en pleno fin de año y con expectativas de crecimiento económico echadas abajo por la realidad nacional, el gobierno mexicano advierte estar preparado para superar la “desaceleración” de la economía mexicana.
La baja acumulada de 23% en los precios del petróleo se salvará con un seguro contratado con un precio de 79 dólares por barril. La “volatilidad pasajera” en la que el dólar se encuentra por encima de los 15 pesos mexicanos, se sobrelleva con la inyección de 200 millones de dólares diarios al mercado cambiario, pero ¿y los salarios?, ¿y la salud?, ¿y la educación?
Sin más argumento que los indicadores macroeconómicos, el gobierno sigue abonando a la crisis nacional. Mantiene una postura simplista ante los conflictos políticos y económicos que no hace más que acumular el descontento de las masas que hoy están saliendo a manifestar su inconformidad.
Esperando para 2015 un repunte de la economía estadounidense, los economistas del régimen insisten en subordinar la economía mexicana a los planes del imperialismo norteamericano.
Nuestros números
No se puede tapar el sol con un dedo, y las evidencias cotidianas nos hacen pensar que la economía no se refleja en los números presentados. El estancamiento de la economía se vive a diario en los trabajos y en los mercados, el deterioro de la calidad de vida de los mexicanos pone en evidencia la situación por abajo.
Uno de los mayores problemas que enfrentan las familias mexicanas es el problema del salario. Si bien año con año se realizan aumentos al salario mínimo, el poder adquisitivo de éste ha bajado en casi 80% durante los últimos 30 años.
Los aumentos salariales no se corresponden con el 4% de inflación que se mantiene. Mientras los salarios suben 3,5%, la inflación viene por arriba y directa a los bienes y servicios básicos para la sobrevivencia. La subida de los alimentos, la luz, la gasolina y el transporte público –principalmente– han afectado duramente la vida de trabajadoras, trabajadores y sus familias.
La devaluación de la moneda, derivado de los precios petroleros deflacionarios, hace que el dinero de los mexicanos valga menos en los mercados y alcance para menos. El mismo Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó en días pasados la tendencia a la baja de la actividad en el mercado interno. Las mexicanas y los mexicanos ya no pueden adquirir bienes y servicios –mucho menos los importados– pues su salario se ve devaluado a la par de la moneda a nivel internacional.
La caída de los precios del petróleo puede verse en el día a día, y a pesar de “estar asegurados”, las finanzas públicas se ven seriamente amenazadas.
El presupuesto de egresos que el gobierno mexicano utiliza para brindar servicios como salud y educación depende en una tercera parte de ingresos petroleros, y en vista de la baja dramática de los precios del petróleo, dicho presupuesto ya ha sido modificado en cuatro ocasiones durante los últimos meses. Tendrá que ser reacomodado en función de esto. La educación y la salud pública serán los primeros afectados. Aprovechando las recientes reformas, serán las y los trabajadores quienes resientan la reorganización del presupuesto.
Los que respaldarán las entradas no garantizadas en el presupuesto debido a estas bajas, serán los impuestos a las mayorías. Bajo la visión del gobierno federal, la recaudación no puede verse afectada, y sólo la deuda pública y la implementación de impuestos directos a la población podrían equilibrar las pérdidas petroleras.
Las reformas estructurales que “permitirán” la inversión extranjera en el país –sobre todo en sectores clave como el petrolero y el automotriz– han puesto como garantía las condiciones de vida de los más pobres. Las facilidades que el gobierno mexicano ofrece a las grandes empresas trasnacionales son a costa de los bajos salarios, la inestabilidad laboral, el seguro social y el mismo territorio y sus recursos naturales.
Las cifras sobre la creación de empleos y pobreza se maquillan con programas asistencialistas que no abonan a resolver la situación de fondo. La brecha entre “ricos y pobres” se hace más grande y mientras los grandes empresarios nacionales aumentan sus ganancias y presumen lujos, son las familias trabajadoras –las que crean la riqueza del país– quienes están cada vez más sumidas en la miseria.
En este contexto, la crisis política y de confianza –que también alcanza al secretario de Hacienda- plantea un panorama oscuro para el gobierno. Y falta aún la respuesta de los trabajadores, a los que intentarán aplicar las reformas.
