La ministra Calsina dio su visión acerca del proceso educativo en el marco de la pandemia, en un importante medio de comunicación local. En su relato hay que escuchar sobre todo lo que no se dice.
Andrés García Docente 9 de Abril - Prosecretario gremial Cedems Jujuy
Jueves 7 de mayo de 2020 13:25
El mismo día en que la ministra de Educación, Isolda Calsina, en una extensa nota del diario El Tribuno señalaba, entre otras cosas, que “el pago a los docentes se está llevando en forma normal”, el ministro de Hacienda Carlos Sadir anunciaba el posible desdoblamiento del pago de los salarios para los trabajadores estatales y docentes, a pesar de que la provincia volvió a endeudarse con el voto de radicales y peronistas en la Legislatura.
¿Errores de comunicación? No, sino una muestra más de que, en el marco de la pandemia, la política sigue siendo de ajuste sobre el pueblo trabajador y de que el relato y la realidad van por caminos separados.
Como hilo conductor de esta crítica elegí la distancia entre el relato oficial y la realidad que vive y atraviesa la comunidad educativa.
¿Se puede pensar un plan educativo sin identificar los contextos concretos?
Frente a la pregunta del Tribuno acerca de cómo educar en un contexto de cuarentena, la ministra sólo aportó una vaga imagen general acerca de cuál sería ese contexto: alusiones a aprender en base “a aciertos y errores”, al “esfuerzo”, ya que no “hay un manual para enseñar en tiempos de pandemia”, para luego enfocarse, de manera reduccionista, en los problemas de conectividad, “de señal”, sin precisar datos científicos, como si todo se redujera sólo a eso.
Por eso, la pregunta surge naturalmente ¿Se puede pensar un plan educativo sin identificar los contextos concretos y sus consecuencias? ¿Es el proceso de enseñanza-aprendizaje una isla dentro de la realidad social?
Para responder, se parte de algunas estadísticas para pensar ese contexto de forma más concreta: la provincia de Jujuy viene encabezando el ranking nacional de pérdida de empleo registrado, tiene casi un 40% de pobreza por encima de la media nacional del 35,5% (según cifras del último trimestre de 2019) y altos porcentajes de trabajo llamado “en negro” por encima del 50% (siendo del 90% en jóvenes que tienen entre 18 a 24 años, uno de los sectores más afectados por el desempleo también).
La inflación fue del 4,6% en marzo, sobre el 3,3% nacional. En alimentos y bebidas ya hay un 12,4% acumulado en el año. Todo en el marco de paritarias estatales congeladas de hecho y del acuerdo de la CGT con las cámaras empresarias, avalado por el Gobierno nacional de descuentos de 25% en los salarios. Mientras que 167.387 personas recibirían el Ingreso Familiar de Emergencia de 10 mil pesos que otorgó el Gobierno nacional y que son insuficientes. ¿No debería ser parte el análisis de estas problemáticas en la elaboración de un plan educativo?
En este marco y de acuerdo a los datos aportados por un estudio del Observatorio Argentinos por la Educación, en Jujuy el 55% de los hogares no tiene acceso a internet fija, en relación a la cantidad de estudiantes sin acceso a internet en el hogar, tanto en nivel primario como secundario, está cerca del 30%. Si se toman los datos aportados por la ministra de que hay 161000 estudiantes en esos niveles, alrededor de 48000 chicos/as están por fuera de la tan mentada educación virtual.
Como se expresa en los grupos de WhatsApp de docentes y familias, para miles de personas hoy la preocupación central pasa por el plato de comida diario más que por la tarea o la virtualidad. La llamada brecha digital sólo llega a profundizar una desigualdad social ya existente en la que la escuela como institución, es usada por los gobiernos de turnos, como herramienta parcial de contención. El diagnóstico abstracto de la ministra se choca de frente con una realidad cada vez más difícil, que excede la conectividad y la virtualidad, pero que no puede quedar por fuera de la reflexión. Entre tantas frases generales de Calsina, lo que comienza a ser una preocupación que no encuentra respuestas gubernamentales es qué va a pasar con los índices de deserción escolar, por ejemplo.
Una (mala) planificación burocrática desde arriba
En base a ese diagnóstico interesadamente abstracto desde el Ministerio (fiel a su estilo) se vienen sacando una serie de resoluciones que de conjunto se podrían definir como una mala planificación burocrática desde arriba, cuya concepción verticalista busca ubicar al docente como un mero aplicador de obligaciones para garantizar lo que el Estado debería garantizar y no hace. Buscando anular, de esta manera, el rol de sujeto activo que podemos jugar como trabajadores y trabajadoras de la educación que podría potenciarse si se une a los estudiantes y sus familias. Este tipo de “planificación” es funcional al mantenimiento de un statu-quo basado en la desigualdad social descripta anteriormente y a planteos mercantilistas que quieren ganar terreno aprovechando la pandemia.
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Como parte de esta verticalidad y orientación hacia la educación, uno de los extractos más destacados de la entrevista citada es cuando la ministra se refiere a la necesidad de que las familias denuncien si no llegan las tareas de los docentes: “sí pedimos a las familias que en una, dos o más situaciones no tengan registro o comunicación del docente, nos hagan conocer a través de las redes sociales, mail, página web del ministerio, diferentes vías, teléfonos que tenemos”.
Verticalidad, obligatoriedad, pedidos de informes y control burocrático y autoritario son los ingredientes de la receta ministerial en tiempos de pandemia (y de no pandemia). No es nueva la búsqueda de dividir a las familias de la docencia, lo hemos vivido en múltiples luchas. En este caso estamos asistiendo a un nuevo capítulo del “divide y reinarás” con una pizca de “vigilar y castigar”, a tono con las públicas declaraciones del gobernador y su ministro de seguridad: “vecino, denuncie”. Lo que en apariencia se muestra como una “preocupación” hacia la familia en esencia esconde una labor estratégica: dividir a la comunidad educativa. Pero la realidad de docentes y familias es otra muy distinta.
Ahora bien, ¿qué hacer frente a esta situación?
Frente a esa planificación burocrática desde arriba en la pandemia, por qué no imaginar el desarrollo de una planificación democrática desde abajo que parta de unir y organizar las escuelas en alianza con las familias de nuestros estudiantes que sufren el ajuste de pandemia tanto como nosotros. Exigiendo a las conducciones sindicales que se pongan a la cabeza de organizar la solidaridad con las familias que más lo necesiten, como también de la lucha contra todo ataque a nuestras condiciones de trabajo y vida.
Organizando en cada escuela comisiones de relevamiento en la que podamos diagnosticar cuántos de nuestros colegas están sin cargos, sin cobrar sus salarios, sin las herramientas necesarias para llevar adelante las actividades en épocas de virtualidad, como también relevar las necesidades que tienen nuestros estudiantes y sus familias no sólo en cuanto a conectividad sino en necesidades básicas insatisfechas. Todo lo contrario a los informes burocráticos que exigen de un día al otro y duermen en los cajones del Ministerio sin que se otorgue una mínima solución ¿Qué pasaría si esa fuerza se organizara y desarrollara?
Una organización desde abajo que exija al Estado que realmente se garantice a cada familia, cada estudiante y cada docente las herramientas necesarias para la virtualidad, que pueda debatir desde lo pedagógico, los recursos, lo organizativo, cómo desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en este contexto, que discuta cómo obtener los recursos para el aumento de los presupuestos de salud y educación en momentos donde se sigue ajustando para abajo, pero los de arriba no sólo mantienen sus millonarias ganancias sino que las acrecientan. Poner en cuestión estos temas que parten de lo “educativo” no pueden abordarse sin cuestionar la sociedad en la que vivimos en la que valen más las ganancias de unos pocos que la vida de millones. Desde esta perspectiva entendemos que debemos comenzar a organizarnos desde la agrupación 9 de abril.
¿Evaluar o no evaluar es la cuestión?
El título de la entrevista del Tribuno que dio la ministra pone el acento en el tema de la evaluación. Querer poner el eje del debate en un contexto como el que se describió a lo largo de la nota en si la cuestión es evaluar o no, o de qué forma hacerlo, suena por lo menos desubicado. La ministra responde sin dar precisiones (una vez más) que no se evaluará de manera tradicional, que se evaluarán procesos. ¿Cómo pretende evaluar a los casi 48000 chicos/as que no acceden a internet en sus hogares? ¿Y a los que no tienen ni un plato de comida? La ministra señala que repartieron 41000 cuadernillos, sin aclarar que llegaron a los supermercados. Sí, a los supermercados (no hay error de tipeo). Querer poner en el centro del debate la cuestión de la evaluación expresa toda una posición no sólo educativa sino profundamente política e ideológica.
Para poder abordar dicho debate primero hay que garantizar el acceso igualitario a las oportunidades de educación a los estudiantes como también las herramientas necesarias a los docentes, hay que implementar salarios de emergencia de por lo menos $30000 para todos los papás y las mamás que no puedan tener su salario por la pandemia (como también a los docentes que sufren lo mismo), hay que prohibir realmente los despidos y rebajas salariales e imponer impuestos a las grandes fortunas para financiar los sistemas de salud y educación pública y estas medidas de emergencia frente a la pandemia.
