En la Argentina tenemos tres millones de chicos de entre 45 días y 5 años que no van al jardín. Frente a esto, tanto desde el Frente para la Victoria como del macrismo sostienen propuestas precarizadoras ligadas al cuidado y no a la educación.
Hernán Cortiñas Docente delegado de UTE-CTERA
Jueves 19 de noviembre de 2015
El nivel inicial vive constantemente postergado. No existen las vacantes necesarias en los jardines maternales e infantiles públicos. En la Argentina hay 638 mil niños de entre 3 a 5 años que no van a la escuela. Además, según datos oficiales del 2012, la cobertura escolar para chicos de 2 años alcanza sólo al 40%, la cifra se reduce a 7% para los de 1 año y llega a 3% para los que tienen entre 45 días y un año. Esto genera, desde la primera infancia, desigualdad. Ya que el Estado deja librado al poder adquisitivo de las familias la educación inicial de los más pequeños.
Es en la primera infancia donde se construyen las bases que le permitirán a las niñas y niños transitar su escolaridad con mayor provecho, ya que se trabajan conceptos necesarios previos a la lectura y la escritura, donde además tienen la posibilidad de jugar probando letras, reconociendo números, el espacio, trabajando con otros, y otros contenidos importantes a construir.
Las familias más humildes, que deben trabajar extensas jornadas para sobrevivir, no cuentan con la ayuda del Estado para cuidar y formar a sus hijos más pequeños. Así es que surgen espacios comunitarios de cuidado dentro de los propios barrios, entre las familias y las organizaciones barriales, como respuesta a la ausencia del Estado, que todos los años deja a miles de chicos sin acceso a la educación formal inicial, por no destinar el presupuesto necesario a la construcción y la puesta en funcionamiento de los jardines que faltan.
Frente a esta problemática, Macri propone la creación de 4.100 jardines tercerizados y precarizados, llamados Centros de Primera Infancia (CPI). Por su parte el Frente para la Victoria, junto al massismo, impulsan el proyecto de ley de María del Carmen Bianchi que busca crear el “Sistema Federal de Cuidados para la Primera Infancia universalizando el acceso a los servicios de cuidado”.
Es en la concepción “cuidado” de estos proyectos donde radica el problema. Incluso desde la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) y CTERA rechazan las iniciativas porque hablan de cuidado pero no de educación, y de cuidadores en vez de docentes. Cabe aclarar que la conducción de Ctera, lista celeste, si bien también hizo esta crítica, por su alineamiento con Scioli, no organiza la lucha por el derecho a la educación desde los 45 días en jardines públicos, gratuitos, laicos y estatales.
El debate sobre cuidar o educar, no se trata de una cuestión de semántica, sino de contenido. Tanto los CPIs del macrismo como los “centros de cuidado” del Frente para la Victoria, se basan en estructuras precarias que atentan tanto los derechos de los más chicos como los de los adultos a cargo. Esta división entre educación y cuidado profundiza las desigualdades: los chicos de clase media y alta suelen accederían a instituciones educativas, mientras que los más pobres quedarían relegados a centros de cuidado, donde el componente educativo tiene menor presencia.
En esto no hay más fundamento que el económico. Cuidar es más barato que educar. Los centros de cuidado atienden la alimentación, la higiene, el sueño y algunas actividades motrices de los chicos. Pero la educación es mucho más que eso; es un derecho que habilita el ejercicio de otros derechos.
Es esta lógica economizadora la que sigue el macrismo que, en el último año, ha puesto en funcionamiento 53 CPIs y ahora promete multiplicarlos por miles. Los CPIs que actualmente funcionan abarcan una población de 6500 niño/as, pero la gran mayoría de ellos antes eran jardines privados que ahora ven el negocio de transformarse en CPI bajo la modalidad “charter”. Esto implica que el Estado no paga los sueldos docentes, sino un monto fijo por cada niño/a (el año pasado era de $1500). De este modo el Gobierno Porteño sale en la foto de la inauguración pero se desentiende de la superpoblación de las salas, la precarización laboral y los recortes de infraestructura y material didáctico, que estas entidades realizan para “garantizar” las ganancias de sus organizaciones bajo el paraguas legal de una ONG; un negocio redondo para todos, menos para los más pequeños y los trabajadores.
Los CPIs ni siquiera podrían clasificarse como espacios educativos ya que dependen del Ministerio de Desarrollo Social. Además en la modalidad “charter” las docentes no son tomados por concursos públicos, lo que permite discrecionalidad en las designaciones. A esto se suma la precarización de la situación laboral, ya que las trabajadoras son tomadas en pésimas condiciones (contratos de locación o monotributistas), sin respetar los derechos que establece el Estatuto Docente (concursos, licencias, vacaciones, monto de sus sueldos, entre otros derechos laborales). Esto pone en riesgo no sólo los derechos de las docentes, sino también el de los/as chicos/as, ya que en muchos casos el personal contratado es “no docente”, devaluando la importancia de la educación desde los primeros años. Además como a las supuestas ONGs el gobierno porteño les paga por chico, entonces en muchos casos hay superpoblación en las salas con 35 o más chicos.
Julieta maestra jardinera del CPI “Legión de la Buena Voluntad”, organización religiosa ecuménica brasileña, declaró al Diario Z: “Los maestros de los CPI somos más vulnerables, porque estamos bajo el convenio de UTEDyC –el gremio de trabajadores de entidades deportivas– y no por el Estatuto Docente. Estamos en blanco pero ganamos menos que los docentes. Este trabajo tampoco cuenta para la antigüedad docente y tenemos menos días de licencia y de vacaciones”.
Celeste Peyon, delegada de Primera Infancia declaró a La Izquierda Diario: “Experiencias similares ya existían en CABA, son los jardines de primera infancia que funcionaban dentro del programa Z.A.P. (Zona de Acción Prioritaria), hoy llamada Área Socio Educativa. Luego de años de lucha y organización se conquistó el ingreso al Estatuto Docente y se continúa peleando por la titularización y para que se construyan jardines estatales para estas salas; subsanando, de esta manera, la falta de escuelas infantiles. Los CPI, en cambio, continúan profundizando las diferencias educativas, mientras son incorporados a la inscripción on-line, escondiendo la real cantidad de niños/as que se quedan sin escuelas infantiles”.
Macri y Scioli parecen coincidir en que las políticas para la primera infancia deben ser una prioridad del próximo gobierno; sin embargo la letra chica de sus proyectos esconde un plan precarizador para la primera infancia, que en lugar de garantizar sus derechos fragmenta aún más nuestro sistema educativo.
Desde el Frente de Izquierda proponemos pronunciarnos en contra de estos modelos precarizadores de la educación mediante el voto en blanco. Además organizarnos para luchar por un aumento del presupuesto consolidado nacional para educación para que llegue al 30%, en base al no pago de la deuda externa, el fin de los sobreprecios con las contratistas (infraestructura, comedores escolares, plan de netbooks) y el quite de subsidios a la educación privada. Con ese presupuesto es posible garantizar un sistema educativo único, laico, público y gratuito desde los 45 días atacando las bases de la desigualdad educativa.
