A 46 años del golpe cívico militar, la herencia de la dictadura sigue presente en el sistema educativo, cuyos principales aspectos han sido profundizados tanto por la derecha como por la ex Concertación.
Sábado 14 de septiembre de 2019
¿Cómo es la educación pública a 46 del golpe militar?
La dictadura de Pinochet nos impuso una educación que está al servicio de las ganancias empresariales. Es por eso que ha atravesado múltiples cuestionamientos desde los estudiantes, docentes y apoderados, que se expresaron en las movilizaciones contra el modelo mercantil durante los últimos años. Lo último fue el paro nacional docente y la represión que se está viviendo en el Instituto Nacional, ejemplos que nos muestran cómo la imposición brutal de la dictadura y sus ideólogos siguen aún haciendo política y defendiendo su sistema.
Hoy la lucha por que las escuelas vuelvan al Estado debe ser una demanda central del movimiento docente y de las y los trabajadores. El retiro del Estado y su sustitución por las municipalidades que asumieron la administración del financiamiento de las escuelas públicas, precarizó al sistema público a través del sistema de subvención, es decir que el financiamiento es en función de la cantidad de matrícula, esta es la base del modelo de mercado instaurado por la dictadura.
Esto se logró imponer con un férreo autoritarismo dentro de las unidades educativas que persiguieron a profesores y estudiantes activistas, con directivos nombrados por sostenedores, alcaldes y pequeños círculos instalando una dictadura al interior de las escuelas y liceos.
Represión: las organizaciones del magisterio bajo la bota militar
Según las informaciones entregadas por el Informe Retting, el magisterio fue uno de los gremios más violentamente reprimidos por la dictadura. Se ha podido establecer que un total de 103 profesores fueron víctimas de terrorismo de estado: 58 ejecutados, 45 detenidos desaparecidos.
La junta militar llevó adelante una política de control y depuración del magisterio, con el fin de erradicar del profesorado y de la educación cualquiera manifestación política y, en especial del marxismo.
Algunas de las medidas adoptadas fueron la “suspensión de actividades académicas y docentes, iniciación de sumarios administrativos, confección de listas de docentes, estudiantes, y funcionarios; exonerados masivos de maestros, persecuciones, cárceles y desaparecimientos” (Ljuvetic, 2004, Historia del Magisterio Chileno). Otra práctica por parte de la junta militar fue un estricto control militar en todos los establecimientos educacionales del país, públicos y privados; “En cada establecimiento y sector destacó un oficial encargado de vigilar la actividad, los comentarios, las conversaciones, chistes y conductas de los maestros, alumnos, empleados, a fin de que denunciase a los sospechosos”. Se suspendieron todo tipo de reuniones, fueron eliminados las organizaciones estudiantiles y los centros de padres y apoderados.
A 46 años, aún nos encontramos con pequeñas dictaduras, lideradas por directores elegidos por alcaldes y con docentes perseguidos e incluso despedidos gracias a facultades y leyes que siguen profundizando el autoritarismo de los directores, en contra de los derechos de los trabajadores de la educación.
El trabajo docente se degradó desde el golpe bajando sus sueldos y la cantidad de horas lectivas en desmedro de las no lectivas, más funcional a los criterios empresariales de productividad, por otro lado no olvidamos la actual deuda histórica que generó la desmunicipalización. Es así como en base a inestabilidad laboral, la educación se transformó en un pilar de la economía capitalista en Chile.
¿Quiénes vienen profundizando el mercado en la educación?
La ex concertación profundizó el modelo con el aumento de los subsidios a los privados bajo el argumento de que estaban aumentando las matrículas. Todos estos gobiernos posteriores a la dictadura realizaron reformas curriculares que apuntan a la estandarización de la educación y eso afecta directamente a los docentes que están bajo el agobio laboral y sin condiciones laborales para enseñar. Toda gira en torno al SIMCE y la PSU que sólo miden que los estudiantes memoricen sin profundizar en la comprensión del contenido y además son utilizadas por el sistema para segregar y aumentar la brecha entre la educación pública y la privada.
El gobierno de la Nueva Mayoría, que incluye al Partido Comunista que dirigió por 20 años al Colegio de Profesores, impulsó un proyecto de reforma que impuso la carrera docente y la desmunicipalización, ninguna de las cuales toca el fondo mercantil de la educación. Hoy la Agencia de Calidad, el negocio de las ATES y la evaluación docente responden a necesidades empresariales, encasillando salarialmente la labor del docente en función de sus exigencias. La desmunicipalización no significó la vuelta al Estado sino la implantación de más intermediarios que mantienen la descentralización y la división de los profesores entre estatuto docente y código laboral.
Los trabajadores de la educación deben recuperar su experiencia histórica, la organización de los 70 a través del Sindicato único de trabajadores de la educación SUTE que elaboraron en los años previos a la dictadura, el proyecto de Escuela Nacional Unificada ENU que buscaba una educación permanente, de alcance y cobertura nacional, pública, pluralista, continua, democrática y productivista. Este proyecto proponía que el currículum y la gestión fuera en constante diálogo con el SUTE. Además, cada escuela debía adecuar a su propia realidad en la perspectiva de una educación integral, sin la separación entre teoría y práctica, además de que garantizaba el acceso a quienes no habían logrado terminar sus estudios o quienes se los impedía el trabajo, lograron de esta manera acceder a las universidades.
Los docentes tenían estabilidad laboral y salarios fijos como funcionarios del Estado, autonomía en el proceso pedagógico y en la gestión, haciendo necesaria la organización sindical.
La ENU implicaba derribar la muralla del acceso a la cultura, las ciencias y la tecnología a grandes masas de la población para las cuales había sido algo tradicionalmente privado. Sin embargo, esta propuesta tenía sus límites al no haber poder de decisión, que la educación seguía al servicio de los empresarios, la misma clase que explota al resto de la sociedad y le restringe el acceso a esos saberes.
Actualmente el movimiento docente está dirigido por Mario Aguilar, frente amplista y presidente del Colegio de Profesores, habla de terminar con la educación de mercado sin atacar directamente al gobierno de Piñera, durante el paro docente se mantuvo confiado en las instituciones estatales, las mismas que juegan un rol en el engranaje de la educación mercantil, en vez de confiar en la unidad y fuerza en las calles, las posibilidades que teníamos de ganar nuestro petitorio se desvanecieron con la política de “repliegue” en pleno paro por parte de Aguilar, pero más allá esto muestra que su estrategia no apunta realmente a terminar con el mercado de la educación.
Desde la agrupación de trabajadores de la educación Nuestra Clase tomamos esta experiencia y vemos la importancia de organizarnos por recuperar y defender la educación pública contra toda la herencia que dejó la dictadura como lo son las AFP, la salud de mercado, el saqueo abierto de los recursos naturales, etc.
Nuestra lucha busca revertir la tendencia mercantil, estamos por una socialización de la educación por medio de un Sistema Nacional de Educación Pública de propiedad estatal, pero cuyo gobierno sea descentralizado por medio de Consejos Escolares Resolutivos, para que la comunidad controle el proyecto educativo en conjunto con los trabajadores de la educación, cambiando la orientación actual de la educación desde un aprendizaje estandarizado, a uno que esté al servicio de las necesidades de la población.
Es decir, vemos que si recuperamos nuestras organizaciones y las ponemos al servicio de las necesidades de las y los trabajadores y sus familias podemos luchar por derribar todo lo que nos heredó la dictadura militar.
