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Red Internacional
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CATALUNYA. La encrucijada de unos presupuestos antisociales

La CUP se debate entre aprobar o no los presupuestos antisociales de JxSí a cambio de la promesa de referéndum.

Pere Ametller @pereametller

Jueves 26 de enero de 2017

Foto: EFE

Después del debate sobre la investidura de Mas y sobre los presupuestos de 2016 que dividieron en dos a la CUP, vuelve a repetirse la misma situación con los presupuestos de 2017. La CUP ha planteado la negociación con unas demandas de mínimos muy rebajados para facilitar el entendimiento. Pero aun así JxSí no ha cedido en casi nada y se ha negado a subir ninguno de los tres impuestos que la CUP proponía: el de sucesiones, el IRPF para los que ganan más de 90.000 euros y el de sucesiones.

El único acercamiento ha sido en educación, donde el gobierno ha pactado con los sindicatos la incorporación de 3.500 docentes más y la reducción de una hora lectiva a los mayores de 55 años. Un acuerdo que, en principio, supondría la desconvocatoria de la huelga educativa prevista para el 9 de febrero, el día en que se votaran las cuentas , si las maniobras burocráticas del PP y C’s no lo evitan.

En todo caso, se trata de unos presupuestos que no revierten ni mucho menos los recortes iniciados en 2010 por CIU. La propia CUP, en un documento interno que defiende apoyar las cuentas, reconoce que en una situación de normalidad no se plantearía en ningún caso dar el ‘sí’ a estos presupuestos. La razón que esgrimen en su favor es el compromiso de JxSí de convocar un referéndum de autodeterminación en septiembre.

Por otro lado, el documento en contra de apoyar los presupuestos argumenta que apoyarlos supondría dar apoyo a las políticas neoliberales sin ninguna garantía de que el referéndum realmente vaya a producirse. Dos elementos ciertos desde todo punto de vista. Las cuentas son las de un gobierno de la derecha catalana
y la promesa de referéndum promete convertirse en papel mojado cuando el Tribunal Supremos, el Constitucional o la instancia que toque, de la orden de prohibirlo. La “obediencia” al Estado central viene siendo la tónica que todo lo que el govern “hace”, como hemos visto con las últimas operaciones de los Mossos contra militantes cupaires o el concejal Joan Coma, por más que a Puigdemont, Junqueras y Romeva les guste “decir” de tanto en tanto que el referéndum se hará sí o sí.

Hay que señalar el absurdo de la lógica “procesista” que dice que para realizar el referéndum es necesario aprobar los presupuestos. Como si no se pudiera hacer igualmente con unos prorrogados. En ningún caso se debería haber entrado por parte de la CUP en una negociación en la que se supeditara el ejercicio de la autodeterminación a otro elemento, ya fuera la investidura de Mas en 2015 o los presupuestos en estos días.

La presión sobre la CUP para inclinarse hacia el sí es enorme y viene dada por la dificultad de explicar un ‘no’ a los presupuestos después de haber aceptado la lógica ‘procesista’ que dice que estamos a punto de llegar a la última pantalla: el referéndum unilateral de autodeterminación. Pero esta dificultad no es una dificultad ‘técnica’. Se trata de una dificultad derivada de su política en el ‘procés’, ya que en ningún momento se han planteado señalar los límites de su dirección y como ésta no se viene preparando para generar las condiciones para dicha consulta, que no son otras que poder resistir y doblarle el brazo al Estado español desde una fuerte movimiento social en la calles y centros de trabajo.

La principal contradicción de la CUP en el ‘procés’ siempre ha sido la difícil relación entre la cuestión social y nacional, sin saber sostener a la hora de la verdad la necesidad de una propia tesis independiente que uniera indisolublemente ambas cuestiones. No puede haber emancipación nacional sin una gran movilización social con la clase trabajadora al frente, y esta movilización es imposible si el “procés” no incorpora una carga fundamental de reivindicaciones sociales, lo cual choca con ir de la mano de los principales verdugos de la clase trabajadora y los sectores populares.

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Consecuentemente, le ha faltado una crítica fundamental a la hoja de ruta del principal partido de la burguesía catalana, considerado como un aliado indispensable, y se ha dejado deslumbrar por los fuegos de artificio del ‘procés’. Convergècia ha sido una pilar del Régimen del 78 y por lo tanto un pilar del unionismo en clave autonomista. Bien es cierto que las manifestaciones masivas del 11 de setiembre y la negativa del Estado a ceder en cotas de autogobierno y financiación lo empujaron en una huida hacia adelante y en una falsa reconversión al independentismo. Algo que ha provocado una crisis sin precedentes en la derecha catalana. Pero lo fundamental, y lo que explica el ‘procesismo’, es que Convergència aceptaría al independencia si la puede conseguir ordenadamente y sin sobresaltos, pero en ningún caso esta dispuesta a romper el orden establecido para conseguirla, es decir no está dispuesta a pelear por ella.

A la vista que el Estado español en ningún caso va a negociar una salida pactada de Catalunya solo queda la vía de la ruptura que Convergència no va a aplicar. Por lo tanto, todos los actos del “procesismo”, solo se entienden dentro de la estrategia de forzar al gobierno a una negociación por un lado, y contener y desmovilizar el movimiento democrático nacido en 2012 por el otro. En ningún caso pretende ejercer efectivamente la autodeterminación. Y es esta falta de crítica al procesismo de Convergència lo que ahora explica la dificultad de decir ‘no’ a unos presupuestos antisociales, que tampoco garantizan el ejercicio de la autodeterminación.