Panorama Económico. La épica de sacrificar salarios: una ofrenda a los lobos de Wall Street y al FMI

La Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General del Trabajo (CGT) pactaron prolongar por sesenta días (durante junio y julio) el acuerdo que permite reducir el salario de bolsillo hasta el 75 %. En algunos casos, en los hechos la reducción es mayor. Es una señal para que los empresarios hagan, lisa y llanamente, lo que quieran.

Bajo ese paraguas, algunas empresas ni siquiera atienden la formalidad de cumplir con el requisito de la homologación por parte del Ministerio de Trabajo. Directamente, bajan los salarios sin pedir permiso a nadie. Es lo que hicieron las empresas que fabrican cerámicas y azulejos.

Las trabajadoras y trabajadores juegan este partido en la cancha inclinada que propone el Ministerio de Trabajo, que media, arbitra, casi siempre, en favor de las patronales. Es lo que denuncian, incluso, desde la organización gremial ATE de Trabajo. El ministro Claudio Moroni muchas veces ni siquiera está enterado de los despidos de las empresas a las que el Estado subsidia el pago de salarios.

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A pesar de que los despidos y suspensiones están prohibidos desde el 1º de abril por Decreto de Necesidad y Urgencia, en el tiempo que corrió desde el inició del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) hasta el 30 de mayo, existen 3,89 millones de trabajadores afectados por despidos, suspensiones y ataques al salario, según relevó el Observatorio de Despidos durante la Pandemia de La Izquierda Diario (ODP-LID).

Es que ese decreto había dejado abierta la ventana a una excepción: que por causas económicas y en acuerdo con los sindicatos, las empresas puedan disponer suspensiones. La excepción se transformó en regla. Y la prepotencia de los propietarios de los medios de producción se manifiesta en estado puro.

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La pandemia allanó el terreno para el ajuste salarial. De acuerdo al último informe del ODP-LID, el total empleados afectados por ataques al salario suma 3,7 millones. El ataque al salario opera por diversas vías: reducción directa, deudas en los pagos o postergación paritaria.

La mayor parte de esos ataques cursa por la vía de la acción directa de las cúpulas sindicales: es lo que ocurre en comercio, gastronómicos, Uocra, Smata, UOM, pasteleros, textiles, petroleros y varios más, donde los "líderes" sindicales estamparon su firma para reducir salarios.

No sólo eso. El Estado en su carácter de empleador anunció la postergación de las paritarias de los empleados públicos nacionales hasta nuevo aviso. Traducido al castellano, “hasta nuevo aviso”, significa hasta que exista un acuerdo con los lobos de Wall Street para la reestructuración de deuda. E incluso más allá.

El ajuste del salario estatal es clave para “equilibrar” las cuentas públicas cuando se prolonga hasta el infinito la presentación de un proyecto de ley para grabar a las grandes fortunas, o se usan los recursos públicos para pagar salarios de los CEO o la nómina salarial de empresas a las que les sobra espaldas para abordar el pago de sueldos: Techint, Burger King, Mac Donald’s, Coca Cola, Ledesma, Aeropuertos Argentina 2000 y una larga lista de miserables.

Y mucho más cuando se necesita hacer “sustentable” el pago de pesados pagos de deuda en dos o tres años, según el período de gracia que “logre” el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Abrazado a la pesada herencia

En la era Macri, el poder de compra del salario (salario real) exhibe una retracción del 23 % para el total del empleo registrado (privado y público). Esto significa que con el salario que se compraba un kilo de pan en noviembre de 2015, cuando terminó la gestión del expresidente se podía adquirir un poco más de tres cuartos kilo.

Estos números surgen de comparar el aumento de precios con la evolución salarial [1]. Cuando se desagregan los resultados, se observa una mayor caída en el salario del sector público (-25 %) que en el sector privado (-23 %). No obstante, en el sector público también coexisten desigualdades, según jurisdicciones y tipo de convenios: entre los estatales nacionales del convenio Sinep la caída superó el 35 %.

El Indec comenzó las mediciones de la evolución salarial en el sector no registrado recién en octubre de 2016. Desde entonces y hasta diciembre de 2019, en este sector que comprende a un tercio de los asalariados, la caída del poder de compra es del 24 %. Es decir, que en un período más corto retrocedió prácticamente lo mismo que experimentó el sector registrado en todo el período presidencial macrista.

En la campaña electoral, Alberto Fernández prometió que se postulaba para recuperar el poder de compra del salario y de las jubilaciones perdido en el Gobierno de Cambiemos. Al inicio de la actual gestión, la implementación de bonos por única vez a trabajadores registrados y jubilados estuvo muy por detrás de aquella promesa y de las expectativas creadas.

A los bonos prosiguió la suspensión de la movilidad jubilatoria que ajusta los recursos totales destinados a los adultos mayores en unos $ 34 mil millones entre enero y agosto.

En el ámbito de los trabajadores activos, los bonos permitieron una tímida recuperación del poder de compra en enero y febrero, pero el impulso se perdió en marzo cuando el poder adquisitivo del salario disminuyó en relación al mes previo. Esto ocurrió incluso antes del inicio de la cuarentena.

Los datos del índice de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte) de abril, una fuente distinta a la utilizada en los cálculos aquí presentados, que fue publicada esta semana, ratifica la tendencia en la caída del poder de compra: los salarios "subieron" 0,1 %, mientras que la inflación fue de 1,5 %.

El último dato disponible en Indec, que es el de marzo, exhibe que el poder adquisitivo está por encima de diciembre de 2019, que fue el peor mes para el poder de compra del salario en toda la era Macri, pero el promedio de los tres primeros meses de 2020 muestra un registro menor que en el mismo período de 2019, excepto para el sector privado registrado donde existe una mejora del 1 %.

El menor poder de compra del promedio de los tres primeros meses del año es notable en el sector privado no registrado (-12 %) y en el sector público (-5 %). La síntesis de todos los asalariados, muestra una caída del 3 %.

Recuerdos del futuro

La Izquierda Diario proyectó que ocurriría con el salario real durante 2020 en dos escenarios: uno en el que la inflación se modera hasta el 30 % anual “gracias” a la recesión; otro en el que los precios suben 40 % durante el año. También se realiza el supuesto que sigue sin haber paritarias, pero los asalariados que durante el período del pacto UIA-CGT cobran el 75 %, vuelven a cobrar el 100 % desde agosto.

Bajo estos parámetros, la pérdida del poder de compra salarial promedio del año sería entre 4 % y 7 % en el sector registrado que sigue cobrando al 100 % el salario durante todo el año; retrocedería entre el 10 % y el 12 % en el empleo público; y se comprimiría desde el 13 % al 15 % en el sector privado afectado entre abril y julio por la reducción salarial al 75 %.

La caída del poder de compra en 2019 fue del 8 %, la mayor retracción anual desde 2002. En función de cómo se combinen inflación, período de reducción salarial, suspensión de paritarias, el primer año de Alberto Fernández podría consagrar la mayor pérdida salarial en casi dos décadas.

Pagar con las botas puestas

El Gobierno de Alberto Fernández está cerca de obtener un éxito en la renegociación de la deuda. Si no mete la cola el diablo, el próximo viernes 12/6 podría estar cerrado un acuerdo con los lobos de Wall Street.

El oficialismo dirá que impuso una quita mayor al 50 % en el total de la deuda (capital más intereses) a pagar, que logró bajar la tasa de interés y que logró mejores plazos, incluido un período de gracia que permitirá empezar a pagar la deuda con los tenedores de bonos desde 2022 o 2023, según los detalles finales.

La verdad es que los “mercados” hace rato saben que la deuda argentina es impagable, insostenible e insustentable, el término de moda impuesto por Martín Guzmán. Por lo cual, la quita en la deuda total ya había sido reconocida por esos “mercados” a medida que el país se hundía: los bonos argentinos cotizan por el suelo, entre 30 % y 40 % de su valor nominal.

Esto quiere decir que quien tiene un bono argentino por valor nominal de U$S 100, si quiere venderlo obtiene entre U$S 30 y U$S 40. Ahora, el gobierno ofrece un valor cercano a U$S 50. De este modo, ofrenda una mejora patrimonial a los especuladores.

En el parámetro donde sí se observa una mejora en el perfil de la deuda es en la tasa de interés. Resta ver cuál termina siendo la oferta final del Gobierno, pero la tasa de interés promedio que paga el país podría bajar desde 7 % a alrededor del 4 %. Para los lobos de Wall Street sigue siendo un gran negocio en un mundo donde en las economías centrales las tasas de interés que pueden obtener son cercanas a cero o, incluso, negativas. La realidad es menos poética que el relato.

La negociación con los fondos de Nueva York, que comprende el 20 % de la deuda total, es uno de los capítulos más complejos del endeudamiento. Mientras cursa esa negociación, el albertismo se abraza al FMI como si fuera la última tabla en el medio de un naufragio.

Pero como en las series, lo que viene depara nuevas turbulencias. Desde 2022, los pagos de deuda al Fondo vuelven a ser “insostenibles”. Por lo cual, ante la ausencia de una perspectiva de plantarse a los poderosos del mundo, el gobierno se verá obligado a renegociar esa deuda. No hay que ser el Oráculo de Delfos para prever qué va exigir el FMI para cambiar las condiciones del cronograma de pagos.

El ajuste salarial, en términos generales, permite reducir el consumo, las importaciones y "liberar" dólares para pagar la deuda. En términos del empleo público, permite "liberar" recursos presupuestarios, también, para pagar la deuda. El costo: acentuar las tendencias recesivas de la economía.

Este año, la caída de la actividad puede ubicarse entre el 7 % y el 10 %, según el ojímetro de los economistas. La economía producirá menos que hace una década. La Cepal, desde antes del Covid 19, habla de una década perdida en América Latina: Argentina es una muestra.

Nadie sabe a ciencia cierta cómo se va a levantar la economía en la posmandemia. Aunque exista depresión del costo salarial, como en 2002, faltan precios de las materias primas por las nubes y alivio macroeconómico general por dejar de pagar deuda debido al default de 2001. Por el contrario, por delante lo que hay es un mundo en crisis.

Tal vez erren los que dicen que Alberto Fernández no tiene plan para la salida de la cuarentena. El ajuste salarial es una gran ofrenda a los “mercados” y al FMI para hacer “sustentables” los pagos de la deuda. Pero es un sacrificio enorme en una economía sin ningún motor.

Quizás Alberto esté un paso por delante del resto pensando… fondo que me hiciste mal y todavía te quiero.

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