Historia conocida. La estafa de la privatización de Aerolíneas Argentinas en los ´90

“El Gobierno nacional ha iniciado conversaciones con varias empresas privadas latinoamericanas para que se hagan cargo de la operación de Aerolíneas, en caso de que las extorsiones que están recibiendo los argentinos con este tipo de medidas continúen”, dijo este jueves por la mañana el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa.

La exaltación del libre mercado y los anuncios de querer avanzar en “todo lo que pueda ser privatizado” ya son parte de la hoja de ruta del gobierno de Milei. Sin embargo, para poder hacerlo se requiere de una ley del Congreso que hoy no existe. De hecho, el gobierno debió retroceder en sacar a Aerolíneas Argentinas de la lista de privatizaciones en la ley Bases luego del enorme rechazo popular, para negociar la aprobación de la misma y comprar los votos de legisladores.

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La empresa estatal transporta a 11 millones de pasajeros al año en casi 95 mil vuelos, lo que significa 2 de cada 3 pasajeros de vuelos de cabotaje, y conecta 22 destinos internos a los que ninguna otra empresa privada llega. También transporta 1,7 millones de pasajeros en vuelos internacionales, el 25% de los vuelos desde y hacia la Argentina.

En plena pandemia en el marco de la organización de operaciones especiales para buscar insumos sanitarios y vacunas, también realizó 384 vuelos que trajeron al país a 78.430 personas varadas, liderando los vuelos de repatriación frente a las operadoras privadas.

¿Por qué, si no cuenta con un marco legal que lo permita, el gobierno ahora vuelve con la intención de privatizarla? A pocos días de publicar un decreto contra el derecho a huelga de los trabajadores aeronáuticos al declararlo un “servicio esencial”, los dichos del vocero de gobierno intentan aprovechar el conflicto laboral para instalar la idea de que la aerolínea debe ser privatizada.

Culpan a los propios trabajadores y los acusan de “extorsión” por pelear por sus derechos, mientras abren la puerta a un nuevo negocio privado. Las amenazas buscan quebrar la organización de los trabajadores.

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Viejos argumentos como los de los años ´90 respecto de la “eficiencia privada” en la gestión aerocomercial para terminar vaciandola y llevándola a la quiebra. La experiencia de las privatizaciones menemistas es un ejemplo descarnado de las verdaderas intenciones y consecuencias detrás de estas políticas. Una estada para millones de argentinos.

Quieren terminar con Aerolíneas Argentinas. No puede permitirse. La privatización de los '90 fue un desastre. La empresa pasó en manos privadas de 30 aviones a 1. El estado la rescató de la quiebra y el cierre. Hoy de nuevo Milei, Macri y sus amigos quieren destruirla para que…

— Christian Castillo (@chipicastillo) September 19, 2024

La privatización y el desguace de la empresa en los ´90

En 1989, la Ley 23.696 de Reforma del Estado fue el primer paso del gobierno peronista de Carlos Menem para promover la privatización de muchas empresas estatales, entre ellas Aerolíneas Argentinas.

Un año después, el 21 de noviembre de 1990, Menem anuncia la privatización de la aerolínea de bandera, luego de 11 años como sociedad del Estado. La venta de la compañía se formalizó mediante el Decreto Nº 2201 que primero constituyó a la compañía como una sociedad anónima. El traspaso finalmente se realizó a la empresa estatal española Iberia, con un proceso que desde el inicio estuvo cargado de irregularidades y corrupción.

El primer hecho de desguace fue que el propio estado argentino absorbió la deuda de U$S 1.000 millones antes de transferir la compañía. En otras palabras, el Estado se hizo cargo de la deuda e Iberia desembolsó sólo 260 millones de dólares en efectivo. El resto, unos 1.610 millones, los pagó en títulos públicos que por ese entonces, valían poco y nada. En una negociación en la cuál la empresa concesionaria fue incumpliendo el contrato año a año en cuanto al plan de pago y de inversiones.

De esta forma, la venta se realizó por un valor tres veces menor al real. Se entregó sin deuda, con 30 aviones propios y 10 mil trabajadores capacitados. Para hacerse del dinero para la compra, los españoles contrajeron deuda: el pasivo se lo pasaron a la empresa que acababan de comprar.

Para la primera presentación de los balances de la empresa privatizada (30 de junio de 1991), ya mostraban los manejos de la concesionaria. Así lo muestra un informe (1994) para la CEPAL de Coloma, Gerchunoff y Olmos: “Tales estados contables no sólo mostraron una pérdida considerable para los primeros nueve meses de gestión privada de la aerolínea (equivalente a US$ 26 millones), sino que también pusieron al descubierto una serie de aspectos que confirmaban las sospechas respecto de la escasa solidez financiera de parte del consorcio adquirente. Entre dichos aspectos merece destacarse el hecho de que el nivel de endeudamiento -que se suponía había partido de un nivel casi nulo, ya que la empresa fue transferida al sector privado sin deudas- se hallaba a la fecha del cierre de balance en un nivel de más de 3 veces el valor del patrimonio neto de la firma, ascendiendo el pasivo total de la compañía un valor de unos US$ 840 millones. Dentro de ese pasivo se incluían una serie de deudas que representaban compromisos impagos para con el gobierno (que Aerolíneas Argentinas valuaba en unos US$ 140 millones), pero aparecía además un grueso monto formado por deudas de la empresa "consigo misma" (es decir, con empresas vinculadas al grupo adquirente), entre las que figuraban unos US$ 360 millones de compromisos con bancos españoles y unos US$ 63 millones de deuda con grupos nacionales.”

A partir de allí comenzó el desmantelamiento de la empresa. Iberia se deshizo de las oficinas comerciales de Aerolíneas en el país y en el extranjero, además de vender la flota de 28 aviones, rutas, la red de procesamiento de datos, el sistema de reservas y los simuladores de vuelo. Además, desmanteló los talleres. Pero el capital por todas las ventas y operaciones inmobiliarias nunca llegó, ni a Aerolíneas ni al país. No hubo un control adecuado del contrato, ni de la evolución de la empresa y su inventario de bienes.

En 1994 el gobierno argentino renunció a su derecho a fiscalizar decisiones estratégicas como las políticas de ruta y navegación.

En 1998, la norteamericana American Airlines se incorporó a la sociedad pero lejos de aportar mejoras, fue parte de otra estafa: en menos de 24 meses se retira dejando una deuda de 874 millones de dólares.

Después de la privatización de la propia Iberia, la empresa quedó a cargo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de España, que en 2001 la vendió a Air Comet, del grupo español Marsans.

Aerolíneas Argentinas estaba en bancarrota en 2001. Durante la presidencia de De La Rúa, el gobierno ibérico cedió de manera obligada la firma al grupo Marsans que adquirió el 92 % de las acciones. Sin embargo, surgieron nuevas denuncias, que incluyeron el robo de bienes de la empresa. Mientras crecían los rumores de despidos, la Ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, advirtió que el futuro de Aerolíneas lo estaban contando en horas. Historia repetida.

En 1990 Aerolíneas Argentinas tenía 11.200 trabajadores, una facturación de 1.600 millones de dólares anuales, ganancias por 90 millones, 30 aviones propios, oficinas de representación en las principales capitales del mundo y un reconocimiento mundial que no muchas empresas de aeronavegación lograron. Tras su privatización, diez años más tarde, quedaban solo 5.500 empleados, una flota de 43 aviones alquilados y uno solo propio, 1.000 millones de facturación anual, una deuda de 850 millones de dólares, y rutas nacionales e internacionales reducidas, entregadas bajo el argumento de que no eran rentables.

Finalmente, en 2008, Aerolíneas fue reestatizada junto a Austral Líneas Aéreas mediante la Ley Nº 26.466. Marsans llevó al Estado argentino ante el Ciadi (tribunal extranjero al cual el gobierno argentino nunca renunció) por la estatización y en 2019 obtuvo una sentencia para ser resarcido en 320 millones de dólares.

Reducción de personal en la era Milei

Según los últimos datos del INDEC, en julio de 2024 la dotación de personal de la línea de bandera fue de 11.386. No obstante, ese número no tiene en cuenta todo el personal tercerizado por otras empresas que operan para Aerolíneas.

El vocero presidencial Manuel Adorni señaló que en los últimos meses la planta de empleados se redujo en 1.500. “Esto significa una reducción del 13% de la planta”, aseguró. La empresa empujó a retiros voluntarios, acuerdos prejubilatorios y, en menor medida, renuncias, como parte de su política de achicamiento.

Aerolíneas no se vende, si ganan los aeronáuticos ganamos todos

Si bien el gobierno no logró por el momento una ley que permita dar inicio a un proceso de privatización de Aerolíneas Argentinas, empresarios y el Gobierno nacional plantean alternativas que resultan igual de alarmantes, por ejemplo, la privatización de algunos sectores específicos, como el mantenimiento técnico de aeronaves y los servicios de rampa (carga/descarga de equipaje y abastecimiento de combustible) o la venta de diversas empresas públicas del sector, como Intercargo o EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea).

Mauricio Macri se sumó a la campaña privatizadora, donde en un twit planteó, en el mismo sentido, avanzar en terminar con los derechos laborales adquiridos en los convenios colectivos y directamente a través del desguace y remate de los activos de la empresa y sus áreas de actividades.

Qué aerolínea necesitamos

Aerolíneas Argentinas debe tener un rol social y no ser una empresa que compita para sacar ganancias. El Gobierno quiere declarar esencial la actividad, pero no para ampliar el servicio a más lugares, para hacerlo de calidad y económico sino para atacar la organización de los trabajadores y sus conquistas. Ellos son las verdaderas “fuerzas del cielo” que día a día ponen en funcionamiento la empresa. Es necesario una verdadera aerolínea de bandera que conecte a toda la población con pasajes económicos y que todos podamos acceder a un servicio económico y de calidad contemplando las necesidades de todo el pueblo.

Hay que rodear de solidaridad a los trabajadores de Aerolíneas que enfrentan despidos, ajuste salarial, ataques al derecho de huelga y amenazas de privatización. Necesitamos unir todas las luchas de jubilados, la educación y universidades que mostraron una enorme masividad.

El domingo pasado Milei presentó un presupuesto de ajuste a pedido del FMI, en un Congreso semi vacío y con muy baja audiencia televisiva. Demostró que se junta con lo peor de la casta para robar a los jubilados. Estos ataques sólo pueden pasar con la complicidad de las centrales sindicales que han dado una tregua a Milei. Es necesario un verdadero plan de lucha, en unidad de todos los sectores trabajadores, de la juventud y del movimiento de mujeres y disidencias para tirar abajo los ataques del Gobierno y el FMI.

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