El decreto que establece al COVID-19 como enfermedad laboral pretendió beneficiar a los trabajadores, pero es un fraude. Se vuelve a trabajar sin recuperar la salud y sin un nuevo hisopado.
Viernes 24 de julio de 2020 18:18
El pasado 24 de junio el Ministerio de Salud emitió recomendaciones para el alta de pacientes positivos con sintomatología leve o moderada de covid, en el que dice que están en condiciones de alta, los pacientes con al menos 10 días de la aparición de los síntomas y, al menos, 72 hs. de desaparición o estabilidad de los síntomas respiratorios y sin requerimiento de un hisopado negativo.
Cuando uno lee detenidamente los artículos científicos en los cuales se basa esta “recomendación”, sólo se fundamenta en el tiempo en que cesa la capacidad de contagio del virus: en pocas palabras, después de los 10 días la persona positiva para Covid no puede contagiar más. Se ve que lejos de importarle el estado de salud o sintomatología del trabajador, las ART se ven “casualmente” favorecidas por esta recomendación y les dan el alta a todas las personas que cumplen 10 días de sintomatología, pueda o no realizar sus actividades laborales habituales.
El artículo 13 de la Ley de Riesgos de Trabajo (LRT) establece que: “La prestación dineraria correspondiente a los primeros diez días estará a cargo del empleador. Las prestaciones dinerarias siguientes estarán a cargo de la ART”, párrafo que justifica la celeridad con que las ART dan el alta de manera cruel e inhumana a las trabajadoras aún adoloridas.
El decreto 367/2020 determina que “la enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 se considerará presuntivamente una enfermedad de carácter profesional “no listada”, y las ART deberán dar tratamiento y prestaciones médicas a los trabajadores que presenten un certificado que acredite la infección por COVID-19. Tal es así que previéndose la falta de implementación de protocolos correctos de cuidado del personal y así minimizar los riesgos laborales en fábricas, hospitales y centros de salud, el gobierno no tuvo otra opción, protegiendo los intereses de los empresarios.
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La ART deberá prestar atención médica a todo aquel que acredite estar contagiado, pero se establece, mediante una reglamentación al decreto, que se dará la vía procesal para establecer si es o no un contagio producto de la actividad laboral y subyace el hecho de que debe ser el trabajador quien pruebe que fue contagiado en su ámbito de trabajo.
En el caso de los trabajadores de la salud, presuntivamente su contagio fue en el ámbito laboral, pero si nos referimos a los trabajadores esenciales de otros rubros, deben existir brotes probados o indicios muy fuertes de casos de Covid19 en el lugar de trabajo. Si estos no existieran, el trabajador deberá probar la relación causal, mientras recibe tratamiento por la ART. Situación que provoca que las ART muchas veces se nieguen a cubrir las prestaciones.
La Resolución de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) Nº 29/20 obliga a las ART a “proveer gratuitamente un modelo digital de afiche informativo sobre medidas de prevención específicas acerca del Coronavirus COVID-19 a todos sus empleadores afiliados (que) será de exhibición obligatoria por parte de los empleadores, debiendo exponerse al menos uno por establecimiento”. Esta resolución no hace más que dejar en claro que la responsabilidad será única y exclusivamente del o la trabajadora.
La Ley de Riesgos de Trabajo reglamenta la responsabilidad de la patronal y sus aseguradoras frente a los accidentes y enfermedades laborales. Su diseño muestra carácter pro empresario y la cobertura es limitada a un listado de enfermedades laborales, cuestionada como inconstitucional por innumerables abogados laborales.
Todos estos vacíos legales y “ayuditas” del gobierno de turno favorecen a las aseguradoras, expertas en eludir tratamientos e indemnizaciones, donde una vez más se observa que la economía de los capitalistas se encuentra primero en el orden de prioridades y la vida de los trabajadores es arriesgada a cada momento.
Las ART, que tienen anualmente ganancias millonarias, fueron el resultado de la sanción y promulgación de la menemista LRT hecha a medida de los planes neoliberales del FMI y el Banco Mundial, para que no se vean afectados los ingresos de grandes capitalistas.
Mientras el gobierno de Alberto Fernández continúa saciando la sed de ganancias de grandes patronales y evita regular el accionar de las ART, todos los días miles de trabajadores ponen en riesgo su salud, e incluso la vida. Frente a este sistema que descuida a los trabajadores exigimos la aplicación de test masivos para la población, la creación de comisiones de higiene y seguridad con participación de todos los trabajadores para una adecuada prevención de los riesgos laborales y un sistema público, gratuito, de calidad, y centralizado de salud que asegure la restitución laboral del trabajador con la integridad psicofísica total. Nuestras vidas valen más que sus ganancias, basta de dejar la vida en los lugares de trabajo.
