Hace dos días ya que se dio a conocer el fallo de la contraloría que declaraba ilegal los protocolos de objeción de conciencia promulgados durante el mandato de Michelle Bachelet y el actual gobierno de Sebastián Piñera.
Viernes 11 de mayo de 2018
La Contraloría General de la República declaró hace dos días que el protocolo de objeción de conciencia -entregado durante los primeros meses del gobierno de Sebastián Piñera e implementado por el ministro de salud Emilio Santelices- es ilegal, siendo una de las razones para esta resolución, la falta de garantías que tiene la mujer que decidió abortar para recibir una atención oportuna.
Desde los sectores que componían la ex- Nueva Mayoría, figuras como Michelle Bachelet, salieron a celebrar el fallo. La anterior presidenta publicó en su cuenta de twitter, que el fallo de la contraloría “defiende el derecho de las mujeres de nuestro país a decidir en situaciones difíciles como es el aborto en tres causales”, pese a que el protocolo propuesto durante su mandato también fue declarado fuera de los parámetros del derecho.
Por otro lado, la ex ministra de salud Carmen Castillo cuestionó tanto el protocolo de Emilio Santelices como el fallo en contra del protocolo implementado en su mandato, en conversaciones con Ahora Noticias comentó "en este tiempo nos preguntamos ¿cómo, si pusimos tanto tiempo y trabajo haciendo este protocolo, va a estar mal hecho? Ahora, Contraloría nos da la razón", agregando también que "un centro privado con un convenio DFL 36 pasa a cumplir labores que corresponden a los servicios de salud, a actuar como representante y, por ende, no puede ser objetor de conciencia. No puede excluirse de esas prestaciones".
Desde las bancas del gobierno la actual vocera Cecilia Pérez, anunció los próximos planes para preparar un nuevo reglamento de objeción de conciencia que acoja las críticas de la contraloría, pero a pesar de esto, defendió la legalidad del protocolo argumentando que “el protocolo que dictó este gobierno y también el que dictó el gobierno anterior se fundó en la norma legal que expresamente señala que estas materias deben ser reglamentadas por protocolo”. “Asimismo, en cuanto al fondo de la decisión, nuestra posición se fundó en la sentencia del Tribunal Constitucional que reconoció tanto la objeción de conciencia personal como la institucional”, agregó.
¿En qué se basa la contraloría para ilegalizar los protocolo de la Ex-NM y Chile Vamos?
Según el órgano contralor, en ambos protocolos se recogerían materias que exceden el carácter de un protocolo, debiendo por lo tanto estar normados en un reglamento (norma de mayor jerarquía que el protocolo). Por este motivo hacían falta otras formalidades, entre ellas firmas del Presidente de la República (quien debe dictar los reglamentos que complementen y desarrollen alguna ley) y la toma de razón, control previo de legalidad, realizado por la Contraloría. Se puede decir, en este caso, que para evitar que se estudiara la legalidad (o ilegalidad del protocolo) se recurrió a un tipo de norma de rango inferior, mostrando que a pesar de tener las leyes a su favor, no son capaces de seguir sus propias reglas del juego. Sin embargo, más allá de las formalidades, la falta mas importante, es que ningún protocolo asegura realmente la atención de las mujeres que deseen abortar en estas tres limitadas causales.
Contrario a lo que piensa Michelle Bachelet, el objetivo del órgano contralor no es defender los derechos de las mujeres o las demandas sociales, si no que, al contrario, es apegarse a una ley que en su mayoría no falla a favor de las necesidades de las mujeres, estudiantes y trabajadores.
A pesar de que este hecho es un freno temporal, debido a que obliga al gobierno de Chile Vamos a pensar un nuevo reglamento, deja la puerta abierta para que el movimiento de mujeres salga a las calles para tomar la ofensiva y movilizarse en contra de la objeción de conciencia en su totalidad, ya que en definitiva, las objeciones de la contraloría no plantean que la objeción de conciencia deje de existir, sino que esta debe ser excepcional y reglamentada.
Sería un error depositar las esperanzas en este pequeño percance de agenda que sufre el gobierno de la derecha. No podemos confiar en un gobierno dirigido por los partidos que eternamente han defendido el potencial de mercancía que tienen los derechos sociales, tales como la salud. Aunque los organismo del estado exijan que los privados no pueden negar el ejercicio de las prácticas médicas - como el aborto- mientras reciban dinero del estado, los vacíos legales, el tribunal constitucional y los decretos siempre ha sabido cómo recortar las conquistas del movimientos de mujeres, diversidad sexual y trabajadores.
La Ex- NM, no se queda fuera de las críticas y desconfianzas, ya que desde el inicio -con el primer protocolo- le dejaron la puerta abierta a Chile Vamos para restringir aún más las 3 causales. Creemos que la real demora, en pensar dicho protocolo no radica en la tensión por hacer un la ley que asegurara aborto para las mujeres de acuerdo a sus demandas, más bien, se trataba de una disyuntiva para no perjudicar los valores de los sectores más conservadores, quienes justamente representan a los accionistas y dueños de la salud privada, cediendo espacio a la moral de la iglesia y las indicaciones de la derecha.
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