La Plata. La familia de Andrés Núñez exige que el Poder Judicial juzgue a cuatro expolicías bonaerenses

En las últimas horas Mirna Gómez presentó un escrito ante la Cámara de Apelación y Garantías 2 de La Plata en el que exige que “con urgencia se lleven a cabo las medidas conducentes a la pronta realización del juicio oral y público que se encuentra pendiente” contra cuatro expolicías bonaerenses acusados de participar en la desaparición y muerte de su esposo, el albañil Andrés Núñez, ocurridas tras su secuestro en 1990 en su casa del barrio platense de Villa Elvira.

A través de su abogado Manuel Bouchoux, Gómez pide que se le ponga fecha de una vez al juicio que viene siendo demorado desde hace años. Los imputados son Carlos Gustavo Veiga, acusado de “allanamiento ilegal y privación ilegal de la libertad calificada”; Ernesto Zabala, acusado de “omisión de evitar tormentos”; Pedro Domingo Costilla, con los cargos de “falsificación de documento público” y “encubrimiento”; y César Carrizo, acusado por los delitos de “omisión de evitar tormento” y “falsificación de instrumento público”. Los cuatro procesados están actualmente en libertad.

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En el escrito presentado por la querella se remarca que “la necesidad de impulsar la realización del debate oral emerge fundamentalmente de encontrarnos ante un hecho que data del año 1990, que tuviera como víctima a Andrés Nuñez y que, en virtud de la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires en el expediente P. 111.858 en fecha 12 de marzo de
2014, constituye un supuesto de graves violaciones a los derechos
humanos que -con cita de los precedentes ’Bulacio’ y ’Bueno Alves’ de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos- imponen extremar la
diligencia judicial en procura de la sanción de sus culpables”.

Vale recordar que por la desaparición y muerte de Núñez ya fueron juzgados y condenados a prisión perpetua otros cuatro miembros de la fuerza represiva provincial. Se trata de Víctor Dos Santos (quien falleció), Pablo Martín Gerez (quién comandó el operativo del 27 de septiembre de 1990 y está prófugo), Luis Ponce (estuvo más de veinte años prófugo y fue hallado en 2012 en Neuquén con identidad cambiada) y Alfredo González.

Además, sigue prófugo desde hace décadas el oficial Pablo Martín Gerez Duhalde, hijo de una prima hermana del peronista Eduardo Duhalde, quien un año después de la desaparición y muerte de Núñez asumió como gobernador de la provincia y durante más de una década fue gestor de la “maldita policía” bonaerense y garante de la impunidad de sus miembros ante infinidad de crímenes.

Demora que da impunidad

En 2018 la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata designó a los jueces Emir Caputto Tártara, Ezequiel Medrano y Cecilia Sanucci para integrar el tribunal que debe llevar adelante el juicio oral y público contra Veiga, Zabala, Costilla y Carrizo. Pero en el último tiempo los tres magistrados habrían solicitado a la Cámara que se nombre a otros jueces. Por lo que se ve, se trata de una causa que quema en el Poder Judicial, siempre tan solícito con los criminales de uniforme.

En declaraciones al medio platense Pulso Noticias, el abogado Bouchoux dijo que “esto genera una nueva demora” y que desde la querella piden un avance real en el proceso ya que “los jueces que fueron designados para conformar el Tribunal deben encarar el juicio”.

El letrado afirmó que “en el juicio se tiene que debatir cuál es el grado de las responsabilidades” de los cuatro imputados, y que para la familia de Núñez “la omisión de evitar las torturas a partir de la prueba que se produzca en el juicio puede transformarse en una imputación por torturas seguidas de muerte en carácter homicidio”.

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El 27 de septiembre próximo se cumplirán 32 años de la desaparición de Andrés Núñez. Cuando se lo llevaron, hacía casi siete años que había terminado la dictadura cívico-militar-eclesiástica. Pero la Bonaerense mantenía intactos sus métodos. Y pese a que esta “democracia” permite votar cada dos años a quienes gestionan el Estado, el caso del albañil de Villa Elvira demuestra, más de tres décadas después, que cuando se trata del control y la represión al pueblo trabajador es el mismo Estado, a través de múltiples instituciones y dispositivos, el que garantiza la impunidad de los criminales.

El secuestro, la desaparición y la muerte siguen siendo una práctica “habitual” de las fuerzas estatales, basadas en la necesidad de controlar a la clase obrera y los sectores populares, especialmente a la juventud empobrecida. Contra esa maquinaria siguen luchando, 32 años después, Mirna Gómez y su familia. Todo el apoyo y solidaridad para ella.