Don Torcuato. La familia de Franco Cardozo pide cambio de calificación a “tortura seguida de muerte”

La noche del viernes 28 de mayo en Don Torcuato, localidad del partido de Tigre, Gianfranco Fleita Cardozo de 25 años, fue detenido por un grupo de entre siete y ocho policías del COT y la Bonaerense según los testigos, cerca de su casa. Lo esposaron y comenzaron a pegarle en el piso. En un video que filmó una vecina se escuchan los gritos de Franco preguntando por qué le pegan: “¡¿porque no llevo barbijo me pegás?!”. Acto siguiente, se lo llevaron en patrullero donde continuaron golpeándolo. Su novia, también detenida y en camino a la Fiscalía Nº 3 de la misma localidad, continuó escuchando los gritos de Franco desde el móvil. En la misma comisaría de Torcuato, no lo quisieron recibir por el estado en el que estaba a Franco. Sin embargo, recibió una nueva paliza y murió en el traslado al Hospital de la localidad.

María del Carmen Verdú de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), representa a la familia de Cardozo y cuenta que el inspector municipal, Miguel Cevasco, es el único detenido en la causa, al que le acaban de denegar la revocación de la prisión preventiva, pese al recurso de apelación de la defensa para que quede en libertad. Actualmente la causa vuelve a Fiscalía por tal motivo, y sigue en instrucción. Al resto de los diez policías imputados, la fiscalía ni siquiera les tomó indagatoria.

“Nosotros lo que venimos planteando es el cambio de calificación legal, porque la Fiscalía imputó severidades y apremios, lo mismo de siempre. Lo que planteamos es que es tortura seguida de muerte, por lo tanto reclamamos la indagatoria y detención tanto de policías bonaerenses como inspectores municipales, que participaron de las dos etapas: lo que es la primera parte de la golpiza en el momento de la detención, como la segunda, ya en el playón de la Comisaría. Ante este planteo aún la Fiscalía no resolvió”, comenta Verdú a La Izquierda Diario.

“Acá hay un doble juego de responsabilidades, porque hay una dependencia operativa del municipio, pero normativa dependiente de la provincia. No dejan de ser policías bonaerenses por más que estén afectados al COT. En el operativo inicial intervinieron 3 patrulleros del COT (Centro de Operaciones Tigre) y uno del CPT (Comando Patrullas Tigre)”, agrega la abogada que representa a la familia de Franco.

La mañana siguiente del sábado 29 de mayo, llamaron a la familia para que “lo fueran a buscar”. “A Franco lo pararon con vida y lo entregaron muerto”, relata su hermano Gabriel, quien además cuenta que tenía toda una vida por delante, un hijito de ocho años, estaba construyendo su casa, un pibe alegre y buen compañero. Lo entregaron a la familia todo golpeado, y bajo la única respuesta de que Franco “había sufrido un paro cardíaco”. El encubrimiento ya estaba en marcha.

La reacción frente al reclamo de justicia por Franco no se hizo esperar y junto a familiares, amigos y vecinos salieron el mismo sábado a movilizar hacia la Fiscalía, siendo reprimidos y con algunos detenidos, por el mismo COT que provocó la muerte de Franco. Esa fue la primera marcha de muchas en estos tres meses. El día lunes, a Franco lo habían tenido que velar completamente desfigurado y vendado. A partir de esa fecha, la autopsia estaría en quince días, a mediados de junio, pero demoraron un mes y medio más.

La bronca, solidaridad y organización por el pedido de justicia por Franco iba creciendo. A mediados de junio, se convocaban a manifestar desde 202 y Panamericana. Ese mismo día el intendente Julio Zamora citó a la familia a una entrevista a la cual asistieron. Ellos le mostraron el video clave de la causa donde a Franco se lo ve por última vez con vida. Zamora frente al dolor de la familia, dijo que no se había tomado el trabajo de verlo. “No sirvió para nada, no nos pudo dar una sola respuesta”, concluye Gabriel en diálogo con La Izquierda Diario.

Te puede interesar: Habla la familia de Franco Cardozo: “La Policía de Tigre lo asesinó por no llevar barbijo”

La fiscal Victoria Toso tiene en sus manos todas las pruebas que habilitó la propia familia.

La calificación actual de la causa cursa como “apremios y vejaciones”. “Como si se tratase de que Franco se hubiera resistido y le dieron algunos bifes para poder llevarlo, como que se resistió a la autoridad”, explica en resumidas palabras su hermano Gabriel. Desde la querella familiar, patrocinada por la Correpi, se está exigiendo el cambio de calificación legal por la de “tortura seguida de muerte”.

El 10 de agosto, Zamora citó nuevamente a la familia con la condición de que levantaran la movilización que tenían planeada para ese día, pero los dejó plantados. A su vez, sigue siendo el mismo municipio de Tigre el que despega los afiches de difusión del caso y la misma fuerza del COT la que hostiga a los pibes que los pegan y no abandonaron ni un sólo día esta pelea. “Quieren hacer como que acá no pasó nada”, sostiene Gabriel, “pero a Franco le robaron la vida, lo mataron”.

Este sábado 28, a tres meses del asesinato de Franco a manos de la policía, se realizó un Festival juvenil y familiar en conmemoración, y renombrando la Plaza Estrada por Franco Cardozo. Recordaron las responsabilidades de la policía del COT de Zamora y la Bonaerense de Berni y Kicillof.

Podés leer: Renombran la Plaza Alvear por Plaza Franco Cardozo

Marchas, cortes de Panamericana, jornadas de difusión, radio abierta, pegatinas, festivales. Solidaridad y organización que crece desde los mismos pibes que sufren el abuso policial, amigos, artistas, vecinos y familiares de Franco, organizaciones sociales y de izquierda, Familias víctimas del gatillo fácil, no van a cesar en la búsqueda de justicia, “para que no vuelva a ocurrir”, como dice la mamá de Franco y su hermano.

El Estado es responsable

Es responsable el Estado de empoderar a las fuerzas represivas como el COT y la Bonaerense, gobierne quien gobierne, y de encubrir los crímenes como el de Facundo Astudillo Castro. Durante la pandemia se aprovechó para reforzar el poder policíaco y saturar las calles. En una encuesta realizada por UNICEF a nivel nacional, desde que comenzó la pandemia hasta mayo de este año, 85.000 adolescentes denunciaron que fueron agredidos por la policía. La Correpi en su Informe Anual del 2020 revela que a nivel nacional 411 personas fueron asesinadas a manos del aparato represivo estatal, siendo el 40% de los casos menores de 25 años. Hoy, 7 de cada 10 pibes son pobres. Por eso es necesario rodear de solidaridad a las familias de las víctimas y coordinar todas las peleas en las calles junto a los trabajadores, frente a un Estado que pretende hacer pagar los costos de la crisis a las grandes mayorías. Porque el ajuste no cierra sin represión.