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Red Internacional
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Columna De Opinión. La farsa de la Reforma laboral: “Las jornadas laborales flexibles serán una ilusión para miles de trabajadores”

El gobierno de Sebastián Piñera presentó hoy la segunda etapa de la Reforma Laboral, que tiene al centro la flexibilización de la jornada laboral. La primera etapa tenía que ver con la capacitación y el SENCE. “Se empieza a configurar el sello central de nuestro programa”, dijo Blumel a La Tercera. Nuevos ataques a las organizaciones de los trabajadores se preveen para la siguiente implementación de la reforma.

Patricia Romo

Patricia Romo Profesora del Liceo Domingo Herrera B-13. Integrante de la Agrupación Nuestra Clase Antofagasta.

Viernes 3 de mayo de 2019

En esta segunda etapa, y bajo la máscara de “adaptabilidad” e “inclusión laboral”, la clase empresarial busca que cada trabajador se entienda individualmente con su jefatura, pactando los términos de su jornada laboral, horas extras, vacaciones, entre otros; todo esto bajo un fundamento basado en la “flexibilización”.

Esto no se trata de otra cosa que de nivelar los derechos de los trabajadores hacia abajo, en el sentido que la ventaja siempre la llevarán los empresarios, los patrones, y sin acordar ganadas para todos –es decir, de forma colectiva-, el gobierno le da cancha a los patrones para hacer y deshacer a su arbitrio, manipulando a los trabajadores con favores, privilegios individuales, o derechamente el amedrentamiento.

En la próxima tercera etapa de la reforma laboral, referido al debilitamiento de las organizaciones sindicales, el gobierno cree que “es más ideológico”. En este punto, incluso, se espera que el gobierno quiera normar aún más los términos de las huelgas, pasando por encima de la democracia de las asambleas de los trabajadores. Así, señalan que “afecta menos directamente a la gente”. Esto es claramente una gran falsedad, ya que el gran punto estratégico del gobierno, desde el corazón de su programa, es imponer una mayor debilidad a las organizaciones sindicales y las ganadas colectivas. Fortaleciendo los acuerdos individuales, es la forma en que los empresarios pueden borrar de un plumazo los derechos que han obtenido los trabajadores.

El mismo día que el gobierno presenta su etapa de “flexibilización laboral” - pactando extenuantes jornadas de hasta 12 horas para que los trabajadores puedan pasar un poco más de tiempo con sus familias, sin disminuir ni en un minuto las 45 horas semanales – la burocracia sindical de la CUT, con Bárbara Figueroa a la cabeza, manifiesta su preocupación en base a que el gobierno no le tomó la opinión ni a la CUT, pero tampoco a los empresarios, llegando incluso a abogar por el derecho a opinar de la CPC: “Con el presidente de la CPC tampoco se ha conversado”(…) “Nosotros no hemos tenido ningún tipo de diálogo con el gobierno que se presenta a presentar (sic), entonces, si yo quiero discutir sobre materias del mundo del trabajo, y no soy capaz de tener un mínimo diálogo con los actores incumbentes, en este caso el mundo empresarial a través de la CPC, en el mundo sindical a través de la CUT (…)”. Resulta insólita la advertencia de Figueroa, que en su exigencia parece omitir que es la misma clase empresarial y sus intereses la que está imponiendo esta reforma a través del gobierno de ChileVamos.

Tanto esta reforma, como la tributaria o la de pensiones, no guardan ningún otro interés que perpetuar y aumentar las riquezas de los capitalistas nacionales y transnacionales. Es por ello, que las grandes organizaciones sindicales como el CdP, la ANEF o la CUT deben romper con esta estrategia de conciliación de clases que propugna B. Figueroa del Partido Comunista –que incluso aboga por más opinión de los empresarios en una reforma que ya está hecha a su medida-, organizando desde cada lugar de trabajo y estudio un gran paro nacional que haga retroceder las reformas de la clase empresarial, y un plan de lucha articulado entre todos los sectores, que nos permita conquistar una verdadera reducción de la jornada laboral a 6 horas diarias, 5 días a la semana, sin rebaja de sueldo –con un sueldo acorde al costo de la vida y la canasta familiar- y que permita repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, tomando en consideración el crítico aumento de la cesantía que se desató con este gobierno, consecuencia de los miles de despidos y cierres de industria.