La confrontación entre la Fiscal General y el gobierno de Maduro va en aumento, luego de los movimientos del Tribunal Supremo de buscar anularla. El gobierno sigue con su Constituyente y la MUD con su ofensiva política.
La Izquierda Diario Venezuela @LaIzqDiario_VE
Viernes 30 de junio de 2017
El conflicto abierto entre la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sigue en escalada, tomando un salto en apenas dos días. En este contexto de fuertes fricciones, la Fiscalía citó, en calidad de imputado, al ex comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana por la “presunta comisión” de "violaciones" a los derechos humanos durante la ola de manifestaciones que atraviesa el país.
En un comunicado oficial que circuló por la tarde de este jueves, el Ministerio Público informó que la citación al actual jefe del Gobierno del Distrito Capital, el Mayor General Antonio José Benavides Torres, es "por la presunta comisión de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas durante las manifestaciones ocurridas en el país desde hace más de 80 días". La Fiscalía detalló que Benavides Torres deberá presentarse el próximo 6 de julio acompañado de su abogado defensor, "quien previamente debe ser juramentado ante un tribunal de primera instancia en funciones de control del Área Metropolitana de Caracas".
El Ministerio Público señaló que, hasta la fecha, adelanta 450 investigaciones por presuntas violaciones de derechos fundamentales. "De estos casos se han registrado 23 personas fallecidas y 853 lesionadas atribuidas a funcionarios policiales o militares", se indica en el comunicado. En ese sentido, se asevera que "en una gran cantidad de estos hechos se ha evidenciado el uso excesivo de la fuerza en la represión de las manifestaciones, empleo de armas de fuego no autorizadas, la indebida aplicación del equipo suministrado, tratos crueles y torturas a personas aprehendidas, así como allanamientos sin orden judicial y daños a la propiedad, entre otras situaciones".
Recordemos que Benavides Torres hace apenas ocho días ocupaba el cargo de Comandante General de la Guardia Nacional, pasando a ocupar el cargo de jefe de Gobierno del Distrito Capital. Esto como parte de los cambios realizados por Maduro en el Estado Mayor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), cuando designaba nuevos responsables en el Comando Estratégico Operacional de la FANB, en el Ejército Bolivariano, la Armada, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en la Aviación y la Milicia. El cambio de Benavides, se hacía dos días después de que un joven de 17 años muriera de una herida por arma de fuego durante una manifestación en Caracas, y cuyos responsables fueron, ciertamente, efectivos de la GNB.
Benavides, en una entrevista que el pasado 2 de junio concediera a la agencia periodística EFE, declaraba que no solo rechaza las acusaciones de agresión a los manifestantes, sino que no teme que se le acuse de violar los derechos humanos. "No tengo temor", afirmó y además sostuvo que su confianza se debe a que sus actuaciones, tras 32 años de carrera militar, "han sido ajustadas a derecho", con lo que se desmarca del aluvión de denuncias, fotografías y vídeos de personas agredidas por agentes bajo su mando. Si hay cinismo por parte de un militar, es justamente Benavides Torres, encargado directo de comandar una Guardia Nacional represora a todas luces.
Esta acción de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, viene luego de que el TSJ otorgara a la Defensoría del Pueblo atribuciones que serían de competencia de la Fiscalía General, en el marco del distanciamiento del gobierno que ha tenido la Fiscal, sus críticas a la actuación de éste frente a las manifestaciones impulsadas por la oposición y su cuestionamiento abierto al llamado a la Constituyente. Así como después de que el mismo TSJ aprobara medidas cautelares solicitadas por el diputado chavista Pedro Carreño contra Luisa Ortega Díaz, que incluyen la prohibición de salir del país y la congelación de sus cuentas bancarias, así como el llamado a una audiencia oral y pública para el próximo 4 de julio en la que iniciará el proceso de su enjuiciamiento, sosteniendo que la decisión sobre la imposición de medidas fueron tomadas "en aras de garantizar el cauce procesal respectivo", señalando también que se le prohíbe enajenar y gravar sus bienes.
Es claro que esta cita a Benavides es parte de la ofensiva y respuesta de Ortega Díaz en la pelea que viene manteniendo con el TSJ y el gobierno de Maduro. Por eso es que todos estos movimientos señalan un agudizamiento de las fricciones cada vez más intensas tanto desde el Gobierno, el TSJ, como por parte de la Fiscal. No es casual que el llamado a la marcha de la oposición de este sábado sea para apoyar a la Fiscal en contra de las medidas del TSJ.
Este mismo día, la fiscal pidió a la Asamblea Nacional, ratificar al vicefiscal Rafael González, luego que su designación, hecha por la funcionaria, fuera considerada nula por el Tribunal Supremo de Justicia. "Acabo de solicitar ante la Asamblea Nacional la ratificación de la designación del vicefiscal General, Rafael González Arias", indicó Ortega sin más detalles a través de su cuenta en la red social Twitter. Ante ello el presidente del Parlamento, Julio Borges, presidente de la MUD aseguró que tramitará "lo más pronto posible" la solicitud de la fiscal.
Hay que considerar que el llamado a Constituyente por parte de Maduro está en plena crisis, donde solo se ha inscripto el propio chavismo y tiene un fuerte rechazo general, faltando apenas 30 días para las elecciones de dicho proceso. El episodio del inspector del CICPC, más allá de si fue un montaje del gobierno o no, expresa también el alto nivel de descomposición del gobierno de Maduro. En estas condiciones, la única manera de imponer dicha Constituyente no puede ser otra que de la mano de un mayor bonapartismo (autoritarismo), anulando de facto los otros poderes, pues se considera que tal Constituyente sería plenipotenciaria, lo que, como ya hemos escrito, solo se puede leer como un autogolpe.
Por eso todos estos próximos días apuntan a una agudización de la crisis, donde incluso, se ven ya no sola las manifestaciones de la derecha, sino procesos extendidos de saqueos y fuertes enfrentamientos con la Guardia Nacional en sectores populares de diversas ciudades del país, tal como observamos recientemente en Maracay. En este contexto, si la situación termina descontrolándose no se puede descartar algún pronunciamiento militar de algún sector de las Fuerzas Armadas. En tal situación, las negociaciones están en el tapete, y lo extraño sería que no se estuvieran realizando, donde cada sector presiona in extremis para dialogar en mejores condiciones. Por supuesto de todo esto nada bueno saldrá para los trabajadores y el pueblo pobre, donde ni el gobierno de Maduro ni la oposición aglutinada en la MUD representan sus intereses, y que nada progresivo podrá salir tampoco por una acción por parte de los militares. En esta situación la clave es luchar por una salida independiente en función de los intereses de los explotados y oprimidos, el pueblo trabajador, que es quien viene pagando la crisis.
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