La gestión pro empresarial de la crisis social y sanitaria

En las últimas semanas el auge creciente de la ola de contagios, pacientes internados y fallecidos por Covid19 en Uruguay, ha empezado a tirar abajo el mito de la excepcionalidad uruguaya en la que se apoyaba el gobierno para priorizar su agenda económica, por encima de las necesidades de la salud pública.

En números, hubieron jornadas en donde se han superado los mil contagios diarios (por ejemplo el 10 de enero se registraron 1215) y desde el comienzo de la pandemia son cerca de 30 mil contagiados, con cerca de 300 fallecimientos. A pesar del intento de maquillaje gubernamental bajando el número de test realizados, con reconocimiento posterior de que se les “traspapelaron” algunos cientos de casos, hay cifras que no pueden ocultar, como la tasa de letalidad ubicada en 1,22%. Otros datos relevantes son la cantidad de fallecidos por día, en promedio más de cinco, o la cantidad de pacientes internados en cuidados intensivos, ya más de cien y creciendo diariamente.

Además de todo esto, el testimonio de los trabajadores y médicos especialistas, que denuncian situaciones de saturación del sistema, y estrés de los trabajadores de la salud. En particular, la denuncia sobre la saturación en el Hospital Español, oficialmente el centro de referencia para internaciones por Covid19.

Trabajadores y especialistas denuncian gravedad de la situación

Los trabajadores de la salud, médicos y especialistas vienen advirtiendo del agravamiento de la situación. Hace poco, los núcleos del Hospital Español y Maciel informaron en comunicados la saturación de las salas de CTI, en dichos centros hospitalarios, la respuesta del gobierno se limitó a una desmentida, sin prueba alguna de lo afirmado por los trabajadores. Además de esto, los trabajadores también denuncian condiciones de trabajo inaceptables y advierten sobre la limitación que implica el número de personal capacitado y el desgaste que conlleva.

También el Sindicato Médico y los médicos intensivistas han informado sobre la saturación de los servicios y los peligros asociados para la salud pública.

El Hospital Español elegido por el gobierno como el centro de salud de referencia en la lucha contra el Covid 19, es el lugar más paradigmático en cuanto a la saturación y la falta de recursos para sostener una atención de calidad. Incluso se constatan situaciones de falta de personal o precariedad laboral de personal médico, además que “tienen condiciones de trabajo deficitarias y hay dificultades con la calidad de los equipos de protección personal.” [1] Hasta ahora los médicos han recibido respuestas parciales e incompletas en torno a la situación del Hospital Español. La Federación Médica del Interior (FEMI) informó sobre la situación en los departamentos de Canelones y Maldonado, en donde también hay saturación y a la que viene asociada la falta de recursos humanos para cubrir el trabajo necesario.

También desde diversos ámbitos se señala el problema del retraso de los test y la extensión cada vez más larga del periodo de espera para concretarlos. Sumado a esto se percibió una notoria baja en la cantidad de test en las últimas semanas de 2020, con una respuesta improvisada de Lacalle Pou y posteriormente una aclaración del MSP acerca del “traspapeleo” de varios cientos de casos no registrados adecuadamente. Un estudio del licenciado en bioquímica e integrante del Guiad, Daniel Herrera, estimó que entre el 30 de diciembre y el 6 de enero se reportaron solo el 34% de los casos reales de Covid 19 en Uruguay.

Un gobierno que minimiza la situación

La constante del gobierno fue dar muestras de seguridad y control de la situación, para en paralelo intentar mantener la normalidad de la actividad económica.

La evolución de la situación indica que la decisión gubernamental fue ignorar y aplazar lo más posible cualquier intervención para controlar el ascenso de esta ola que comenzó ya hace unos meses. Incluso cuando la realidad empezó a dar pruebas irrefutables, se apeló a manipular las cifras haciendo menos test o como se reconoció recientemente el “traspapeleo” de cientos de casos.

El método que usa el gobierno de realizar testeos para intentar tener un seguimiento científico de la pandemia en el país, puede estar equivocado o no, lo que no debe hacer Lacalle Pou es irse por la tangente con una definición sugerida por Isaac Alfie (que todos sabemos es contador y no médico y menos virólogo) acerca de la relación entre números y demanda.

En todo caso hay información que se intenta ocultar o desvalorizar. Y si fuera correcto el método de la producción de test a demanda, hay responsables en las jerarquías funcionariales (directores de hospitales) y empresas tanto de la salud como centros de trabajo en general que estarían eludiendo la realización de los test.

Lacalle Pou con esto vuelve a señalar con un dedo la responsabilidad en la población en general. No es casualidad ya lo viene reiterando en sus últimas salidas sobre el covid19, limpiándose de culpas, en la supuesta falta de responsabilidad del pueblo.

La imagen frívola de Lacalle Pou surfeando en Rocha, en lugar de buscar resolver la situación, es la expresión de la real norma que gobierna su accionar, sostener lo más posible la “normalidad” del mercado, para que los “malla oro” se lleven su parte.

No sólo es un problema de números y estadísticas, es un problema de clase. En el mundo los ricos y poderosos como Trump, Boris Johnson y Bolsonaro recibieron una atención médica privilegiada al enfermarse de Covid19. Pero en los números gruesos está la vida de la población trabajadora que de tener la mala suerte de contagiarse y ser parte de ese porcentaje que se ve afectado de forma grave a su salud, está determinado a jugarse la lotería a sobrevivir a la sala de CTI como uno más y con la suerte además de que la capacidad del sistema de salud lo pueda admitir de forma adecuada, cosa que parece no estar pasando.

La desidia con las vacunas

Como era de esperar la actitud del gobierno en torno a la solución de las vacunas fue la misma que en los otros temas mencionados.

Coherente con la obsesión de los números económicos se jugaron a esperar la incierta llegada del plan de vacunas de la OMS (más baratas), a contramano de lo realizado por diversos países latinoamericanos y del mundo; desecharon cualquier gestión para conseguir vacunas con más celeridad. Finalmente luego de un escándalo público a partir de un informe periodístico que destapó la inoperancia en este área, echaron a un oscuro director encargado y cambiaron radicalmente el discurso con anuncios rimbombantes de una posible próxima adquisición de vacunas. Antes también había desechado la gestión de la mutualista CASMU para conseguir un millón y medio de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, caso en donde se ve con claridad también la expresión de la guerra de vacunas que se da a nivel internacional y la prioridad del gobierno de expresar el posicionamiento geopolítico “correcto”, en detrimento de nuevo de la salud pública.

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El gobierno en su política de austeridad y ajuste, dejó al país entero haciendo fila, esperando su turno para una partida que todavía al día de hoy no tiene fecha.

Instalar el chivo expiatorio

De la mano de Manini Ríos el gobierno levanta otro relato, esta vez para culpabilizar a las movilizaciones de trabajadores y sectores populares, acerca del origen de esta ola de contagios. Con todas las pruebas en contra, no se molestan en aclarar mucho y a partir de eso aprovechan para atacar las libertades democráticas, como la ley que cercena “temporalmente” el derecho constitucional de reunión, para aplicar arbitrariamente y sobre todo llenar el ojo señalando supuestos culpables y las “soluciones” correspondientes.

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Por supuesto, las causas reales de la proliferación del virus no se resuelven, con tal de sostener la ganancia de los “malla oro” y cumplir con las fantasías de austeridad fiscal que proyectan, huyendo pavorizados a cualquier posibilidad de respaldo y seguridad social a la población trabajadora en un hipotético caso de restricción a las actividades económicas no esenciales. Se ataca el derecho a la reunión y por lo tanto el derecho a la protesta, pero se cuida de sostener la continuidad del normal funcionamiento del mercado capitalista.

Beneficios para empresarios y miseria para los trabajadores

Pero la austeridad del gobierno se termina a la hora de beneficiar a sus amigos los “malla oro”, para el empresariado no han parado de llegar subsidios y exoneraciones, acompañados con la vista gorda hacia los despidos (10.9 % de desocupación), pérdidas salariales y empeoramiento de las condiciones laborales.

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Sin embargo, el gobierno no ha perdido el tiempo en fijar un impuesto “extraordinario” contra los trabajadores públicos para el fondo coronavirus, quedando como antecedente para próximos ataques sobre el salario. Sumado a las subas constantes de tarifas públicas y el ajuste presupuestal; con la educación, la salud y la investigación como principales afectados.

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Incluso no se han tenido empacho en resolver sobre medidas de flexibilidad para los empresarios de transporte, ablandando las disposiciones determinadas por las necesidades sanitarias; de nuevo la economía del bolsillo empresario, por sobre la salud y los intereses populares. Mientras los trabajadores, día a día, deben exponerse y viajar hacinados en los pésimos y onerosos servicios de transporte que se ofrecen.

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La oposición “responsable”

Desde el comienzo el Frente Amplio ha sostenido una política de unidad nacional situándose, como una “oposición responsable” que buscaba evitar toda medida de lucha al comienzo de la pandemia en medio de la ofensiva legislativa del gobierno con la LUC. Incluso se ha ubicado a la derecha del gobierno, exigiendo medidas más bonapartistas como la cuarentena general.

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Toda la estrategia frenteamplista se ha limitado a una espera pasiva y parlamentaria, frente a los avances antipopulares del gobierno, tomando como excusa la pandemia. Incluso en el parlamento han votado gran parte de la LUC, dándole de esa forma validez al gobierno en su accionar. Lo mismo sucede con la ley que ataca el derecho a la reunión, ya que si bien no votaron el proyecto gubernamental, impulsaron un proyecto alternativo mostrándose como coincidentes en ese enfoque represivo, que claramente era una maniobra demagógica que no iba contra las reales causas de la expansión de la pandemia.

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No ha faltado el discurso triunfalista de las facilidades que ha tenido el gobierno ante la herencia del sistema de salud fortificado que les dejó el Frente Amplio, sin reparar en las urgencias de la necesidad de un mayor fortalecimiento del mismo para afrontar la pandemia, como por ejemplo en las áreas de cuidados intensivos. En cuanto a las medidas frente a las repercusiones sociales y económicas de la pandemia, se han limitado a exigir medidas paliativas como un salario universal, pero siempre con el cuidado de no atacar a la ganancia empresarial.

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El complemento a esta oposición “responsable” desde las trincheras parlamentarias, ha sido el dialoguismo y la política desmoralizadora de las cúpulas sindicales y de los movimientos sociales. Que han tenido su punto culminante en el manoseo y el seguidismo al Frente Amplio en la discusión acerca de la campaña por la derogación de la LUC, imponiendo al resto del movimiento popular una salida por la derogación parcial, para tapar el rol colaboracionista del Frente Amplio con el gobierno en el parlamento.

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Una salida de los trabajadores

Al contrario de la paz social que buscan garantizar el Frente Amplio y las cúpulas sindicales y de los movimientos sociales, para el pueblo trabajador y pobre se impone la necesidad de la lucha, la organización y un programa propio de salida a la crisis. Es la única salida, que puede evitar sufrimientos y males mayores para el pueblo trabajador. Sufrimientos provocados por la agenda conservadora del gobierno y sus cómplices de la oposición “responsable”, que coinciden en hacer cargar los costos de la crisis sobre el lomo de los trabajadores.

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Una salida obrera y popular que le doble el brazo al gobierno y a la estrategia parlamentaria-electoral de su oposición, para hacerle pagar la crisis a los verdaderos responsables de la misma: los capitalistas nacionales y extranjeros.

Nacionalización y más presupuesto para la salud. Este gobierno además de su desdén natural frente a la salud de los trabajadores, también en lo hechos ha establecido su austeridad fiscal en detrimento de la salud pública, a contramano de las necesidades del momento. Todos los recursos necesarios para una correcta atención en la salud, para un adecuado funcionamiento de la misma frente a esta situación, es exactamente lo que ha evitado hacer el gobierno. Frente a esta agenda anti popular, se impone la pelea por más presupuesto para la salud, recomposición salarial y contratos permanentes para el personal ¡cero precarización! y todos los insumos necesarios para una correcta atención y la protección de la salud de los trabajadores. ¡Nacionalización bajo control de los trabajadores de todo el sistema de salud!

¡Test masivos ya! Por otro lado, queda claro que en las últimas semanas el gobierno ha desestimado redoblar el esfuerzo para un seguimiento científico de la pandemia, mediante testeos masivos para retomar el control y supresión de la infección. Por lo tanto, ¡Test masivos ya para un manejo científico de la epidemia!

Comités de higiene y salubridad. Frente a la vista gorda del gobierno para favorecer la ganancia empresarial, en detrimento de la salud de los trabajadores, formemos comités de higiene y salubridad en todos los lugares de trabajo, con delegados votados desde las bases y el poder de imponer el cese de tareas si los trabajadores consideran que no están dadas las condiciones para cuidar su salud, para que puedan dejar inmediatamente sus puestos de trabajo.

Abajo TODA LA LUC y la ley que ataca el derecho de reunión, y demás medidas represivas que toma el gobierno para llenar el ojo, eludiendo las reales causas de la expansión de la pandemia.

Que la crisis la paguen los capitalistas. Los recursos están, es una decisión política que prioridades se toman a la hora de una emergencia sanitaria y social. El no pago a la deuda externa, impuestos al empresariado nacional y extranjero, no más subsidios a los amigos empresarios del gobierno, para no solo financiar una salud pública que atienda todas las necesidades sanitarias de la población, sino también para atender a las necesidades sociales, de ingresos, de los trabajadores, jubilados y desocupados.