El gobierno de Boluarte es responsable de más de 70 asesinatos de civiles por parte de las fuerzas represivas en el último levantamiento popular y no goza del apoyo popular, pero tiene el respaldo de un sector importante de la derecha parlamentaria, de las fuerzas armadas, la policiales y los empresarios.
Sábado 17 de junio de 2023 13:45
En declaraciones a la prensa la presidenta Dina Boluarte, quien asumió el poder luego del golpe parlamentario ocurrido el 7 de diciembre del 2022 contra el expresidente Pedro Castillo, dijo que “el tema del adelanto de las elecciones ya estaría cerrado” y que, por tanto, “en el marco del respeto a la Constitución de 1993 y al estado de derecho” ella “seguirá trabajando hasta julio del 2026”.
Una vez más Dina Boluarte incumple sus compromisos políticos, ya que en su momento a raíz del masivo levantamiento popular que se inició días después de que Pedro Castillo fuera depuesto por el golpe parlamentario, la actual presidenta se comprometió públicamente a promover un adelanto de elecciones para, a partir de ello, canalizar el gran descontento que genero su llegada al gobierno tras traicionar a Castillo quien la tenía como su vicepresidenta y como Ministra de estado.
Dina Boluarte y su presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, son responsables políticos de la muerte de más de 70 civiles, quienes fueron víctimas de la brutal represión policial-militar ordenada desde el Ejecutivo, como lo han puesto en evidencia investigaciones periodísticas y la misma Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH), para acallar el último levantamiento popular que buscaba hacer caer al actual gobierno golpista y acabar con la actual Constitución de 1993 a través de una Asamblea Constituyente.
Boluarte, proviene de las entrañas de Perú Libre (partido que llevo a la presidencia a Pedro Castillo) y contó en su momento con toda la confianza del referente de ese partido, Vladimir Cerrón, por eso se desempeñó como la tesorera de esta agrupación política de orientación reformista. Dina Boluarte también tuvo la plena confianza del exmandatario Pedro Castillo, por eso ostento el cargo de vicepresidenta y luego se desempeñó, durante la corta gestión del docente cajamarquino, como ministra de Estado. Sin embargo, y como lo viene poniendo también en evidencia las investigaciones periodísticas, la actual presidenta desde buen tiempo atrás habría sido parte del plan golpista construido por la derecha parlamentaria, los grandes medios de comunicación, la Fiscalía de la Nación y el empresariado.
Es por esa razón que la principal “misión” de Dina Boluarte, ante el levantamiento popular que se inició después de la destitución y encarcelamiento de Castillo vía golpe parlamentario, era acallar cueste lo que cueste la fuerza de las movilizaciones que llegaron hasta la capital del país en lo que se llamó “las tomas de Lima”. Para lograr este objetivo, Boluarte, quien a la fecha no cuenta con un partido político propio y no tiene respaldo popular, tuvo el respaldo pleno de la cúpula de las fuerzas armadas y policiales y, por tanto, del gran empresariado nacional y extranjero y de los partidos de derecha que controlan el Parlamento, poder del estado que, por cierto, también “goza” de una altísima impopularidad.
Hoy Boluarte habla con mucha seguridad de quedarse hasta el 2026 porque más allá de las críticas de algunos sectores periodísticos hacia su pésima gestión, ella mantiene todavía el respaldo de los grandes empresarios, de las fuerzas represivas y de la derecha parlamentaria, quienes por la profunda crisis orgánica que se vive en Perú, hasta ahora no han podido encontrar otra mediación política capaz de reemplazar en un eventual adelanto de elecciones a la actual presidenta nacida del golpe parlamentario.
El descontento social contra el gobierno de Boluarte y contra el Congreso no puede esperar hasta el 2026. Es fundamental retomar la lucha por echar al gobierno golpista, por el juicio y castigo a los miembros del Ejecutivo y de las fuerzas represivas responsables de las muertes de los más de 70 civiles acaecidas durante el último levantamiento popular. Es fundamental retomar la lucha por imponer desde la movilización, a partir de la auto organización obrera, campesina y popular, por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que acabe con el odiado régimen del 93 herencia fujimorista, y nos habrá las puertas hacia un gobierno de las y los trabajadores.
Para lograr ese objetivo es necesario impulsar un gran encuentro nacional obrero, campesino y popular, compuesto por delegados elegidos democráticamente en sus respectivas bases y no impuestos por las burocracias que controlan algunos sindicatos o supuestas instancias de representación social regional. En este gran encuentro nacional obrero, campesino y popular se deberá discutir y aprobar de la manera más democrática posible un plan de acción para retomar la lucha contra el gobierno de Boluarte y por imponer una Asamblea Constituyente Libre y Soberana.
