Metrovías y Cambiemos dicen que las huelgas afectan el acceso a los “servicios esenciales”. Pero, ¿quiénes los hacen funcionar y quienes lucran con las necesidades de millones? Defensa y elogio de la huelga.
Lucho Aguilar @Lucho_Aguilar2
Viernes 1ro de junio de 2018
Romelia Dos Santos fue la primera víctima fatal del tarifazo en 2018, electrocutada en el asentamiento Buen Ayre de Ituzaingó. Tenía 14 años. Edenor había retirado los medidores porque los vecinos no podían pagar las boletas de ese “servicio esencial”. Lo mismo le pasó a José Maidana, de 28. Estaba tratando de devolver el “servicio esencial” a una manzana del barrio, pero como estaba tercerizado no tenía los elementos técnicos ni de seguridad.
Martín murió en la puerta del Centro de Salud Comunitaria 3 del barrio de Lugano, después de agonizar 24 horas ante la falta de insumos, ambulancias y otros “servicios esenciales”, como sería un hospital complejo en esa zona del sur porteño.
A 50 cuadras de la Casa Rosada, 1500 familias no tienen los “servicios esenciales” de cloacas ni agua potable. En Villa Inflamable los pibes gambetean los charcos contaminados por la refinería de Shell y otras industrias de la zona. El plomo se les mete en la sangre.
Saldungaray, Coronel Pringles, Laprida y otros 100 pueblos del interior bonaerense se quedaron sin el “servicio esencial” de tren este año. María Eugenia Vidal decidió disolver Ferrobaires, dejando en la calle a cientos de trabajadores.
El gobierno de Neuquén destina $9,70 para almuerzo y $2,55 para refrigerio por niño en las escuelas. Las maestras en lucha, además de salarios, reclaman por los problemas de infraestructura en las escuelas, de transporte y comedores, por falta de cargos de auxiliares, docentes y preceptores.
En los barrios del Sur de la Ciudad de Buenos Aires hay 15 mil chicos que no tienen “vacantes” para ir a la escuela. En muchas aulas se amontonan cuatro alumnos donde el reglamento escolar destina para uno, mientras el gobierno “alimenta” a miles de pibes con un sándwich como vianda.
David Alfonso, Diego Martínez, Antonio Villares, Sergio Reyes, Matías Krueger y Carlos Leguizamón murieron en los últimos años en el Subte, trabajando para Metrovías. Que funcione cada día ese “servicio esencial” les llevó la vida.
El 44% de las interrupciones del “servicio esencial” del subterráneo de Buenos Aires son por problemas en el materiales rodantes, el 25% por “medidas de fuerza mayor”, que incluyen las inundaciones de estaciones por falta de inversiones. Lo dice el propio gobierno.
David Ramallo murió aplastado por el interno de la línea 60 que arreglaba, con sus manos experimentadas en hacer andar “servicios esenciales”. La mayoría de sus compañeros no llegan a jubilarse, con las espaldas y los riñones destrozados, las hernias y las enfermedades psicológicas que sufren después de vueltas y vueltas en la ciudad de locos. Manejar un colectivo en Argentina es reconocido como el trabajo con mayor multifunción del mundo.
Desde este viernes comenzará a regir otro aumento en el transporte. Una persona que se mueva solo dentro de la Ciudad de Buenos Aires deberá gastar entre 1000 y 1200 pesos mensuales solo en colectivos. Y perderá 16 días por año viajando, por el tránsito y la mala frecuencia de esos “servicios esenciales”. Metrovías tiene suspendido un aumento que lleva el boleto a $12,50.
El mes pasado el gobierno porteño debió pagar una indemnización a la familia de Luis, que con 45 días murió de frío viviendo en la calle. Antes que se terminen de aplicar los últimos tarifazos en los “servicios esenciales”, el 15,5% de los porteños, la ciudad más rica del país, ya sufren lo que se llama pobreza energética.
Cada una de esas escenas, dolorosas, muestra la brutal hipocresía del gobierno, Metrovías y los grandes medios, que atacan la huelga del Subte (o ayer a las maestras neuquinas) con el argumento de “los servicios esenciales”.
¿Cómo pueden hablar de “los derechos de miles de usuarios” quienes han privatizado los servicios vitales para la vida de millones? ¿Cómo pueden hablar del “acceso a los servicios esenciales” quienes lanzaron un tarifazo que obliga a algunas familias a elegir entre pagar las boletas o pasar frío? Y que encima vetan, como monarcas, la ley que lo limitaba. ¿Y empresarios como los Roggio, que se llenaron los bolsillos como parte de la patria contratista que vive del Estado y están procesados por estafas con las obras públicas?
Son unos caraduras. Lo único "esencial" para ellos son sus ganancias.
¿Cómo pueden hablar de “los derechos de miles de usuarios” quienes han privatizado los servicios vitales para la vida de millones?
¿O no son esos trabajadores y trabajadoras que ellos atacan los que hacen funcionar los “servicios esenciales”? Los que nos transportan de un lugar a otro. Los que curan y cuidan a miles de pacientes castigados por la crisis sanitaria. Las que enseñan, e intentan contener, a millones de chicos y chicas que en las escuelas públicas desfinanciadas.
Solo a ellos, solo a ellas, les importa que la población pueda acceder a los “servicios esenciales”. Aunque lo hagan en jornadas agotadoras, pésimas condiciones y magros salarios.
Pero cuando se rebelan, en defensa de sus condiciones de vida pero también de las necesidades vitales de millones, los atacan sin piedad.
Breve historia de la hipocresía “reglamentadora”
El intento de cercenar el derecho de huelga en “los servicios esenciales” es historia repetida. Tan vieja como la lucha de clases. En nuestro país comenzó a principios de 1945, pero siguió durante el primero gobierno peronista. Los gobiernos militares posteriores sumarían atribuciones al Estado para arbitrar en conflictos en los servicios (Ley 17.183). Perón reafirmaría esa política en enero de 1974 (Ley 20.638). El mayor ataque se produciría, obviamente, con la dictadura de 1976.
Antes de iniciar las privatizaciones, Menem dictaba el Decreto 2184/90 para limitar el derecho de huelga en el transporte. El kirchnerismo, cuando surgía el “sindicalismo de base”, incluía en la Ley 25.877 un artículo que reglamentaba la huelga en ciertos servicios. Aunque no incluía el transporte o la educación, le daba a una “comisión de notables” (llamada “comisión independiente”) la atribución a que incorpore nuevos sectores o decida en determinados conflictos.
A ese recurso quiere apelar Triaca hoy para cercenar los derechos gremiales de los metrodelegados, y otros trabajadores.
El intento de cercenar el derecho de huelga en “los servicios esenciales” es historia repetida. Tan vieja como la lucha de clases.
Pero la actual ofensiva no tiene legitimidad ni legalidad. Desconoce garantías que tras décadas de lucha han quedado fijadas en la Constitución, e incluso normas internacionales como las de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que desconoce al transporte público como un "servicio esencial".
Y la historia también dice que una y otra vez, más allá de las amenazas, los trabajadores volvieron a paralizar el país en luchas duras que ninguna norma podía detener. Derecho contra derecho, como decía Marx, decide la fuerza.
La discusión de fondo
En las últimas semanas vimos una escalada contra los metrodelegados y su sindicato. Todo por defender derechos tan esenciales como rechazar una rebaja salarial de hecho, defender sus puestos de trabajo y su organización democrática.
Pero el ataque de Metrovías y Cambiemos va más allá: quieren asestar un golpe a todos los trabajadores que no acepten el ajuste, ni los pactos de las cúpulas sindicales.
Por eso también tiene que ser tomado como un “caso testigo” por toda la clase trabajadora, no solo de los servicios. En este ataque al derecho de huelga se esconde un objetivo más “estratégico”: criminalizar los métodos de lucha de quienes son capaces de conmover al país capitalista.
Cada huelga recuerda a los capitalistas que los verdaderos dueños no son ellos, sino los obreros, que proclaman con creciente fuerza sus derechos (Lenin)
Porque con la huelga, y el piquete, los trabajadores han conseguido todo lo que han arrancado a la clase que gobierna. Con la huelga la clase obrera puso en pie los primeros sindicatos. Con la huelga los ferroviarios consiguieron las 8 horas hace casi 100 años. Con la huelga se hicieron fuertes los albañiles en el 36 y los protagonistas de la resistencia peronista. Con la huelga se hizo el Cordobazo y se tiró abajo el Rodrigazo. Con la huelga los metrodelegados rompieron los techos salariales de la UTA, consiguieron las 6 horas y su propia organización gremial.
Por eso, detrás de la furia de empresarios y funcionarios no hay ningún interés por los “servicios esenciales” de millones. Solo intentan conjurar el terror que les genera la fuerza de la clase obrera cuando se pone en movimiento, cuando muestra en los grandes servicios quién puede controlar la economía.
El elogio de estas huelgas, además, revela otra de las preocupaciones de Macri y los Roggio. Como parte de la huelga, la apertura de los molinetes empieza a ser vista cada vez con más simpatía por los usuarios del transporte, en su mayoría trabajadores. Como los Robin Hood franceses. Ante el tarifazo de los de arriba, muestra que los que controlan los “servicios esenciales” no solo pueden paralizarlos. También permiten que millones puedan acceder a ellos sin tener que dejar cada vez más días de su salario para el negocio capitalista.
Viva la lucha del subte. Viva el derecho de huelga.
Lucho Aguilar
Nacido en Entre Ríos en 1975. Es periodista. Miembro del Partido de los Trabajadores Socialistas desde 2001. Editor general de la sección Mundo Obrero de La Izquierda Diario.
