Continúan los paros indefinidos en AUZSA. La empresa sigue sin aceptar las principales demandas de los trabajadores. El Ayuntamiento de ZEC se suma a la presión mediática contra las medidas de lucha. La demanda de municipalización choca con el respeto a lo “firmado” del equipo de gobierno.
Viernes 18 de diciembre de 2015
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Los paros indefinidos del transporte urbano de Zaragoza continúan. En las franjas de 9.00 a 11.30 y de 18.00 a 20.30 solamente están circulando los servicios mínimos, pues la medida de lucha está siendo acatada por casi la totalidad de la plantilla. Los trabajadores exigen recuperar el salario perdido en las bajadas que comenzaron a sufrir en 2013, que actualmente acumula una reducción del 5%. Por su parte, la empresa contratista, Auzsa, se aferra al laudo arbitral que garantiza mantener esa rebaja hasta que se firme un nuevo convenio.
Este semana se mantuvo la reunión número 45 del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) y en ella la empresa se mantuvo en sus posiciones de casi total inmovilismo. Por el momento, el único ofrecimiento que pone en la mesa de negociación es no aplicar en el 2015 la revisión salarial que supone el IPC negativo del año 2014. Es decir evitar reducir los salarios otro 1%, o lo que es lo mismo, no continuar la bajada salarial prevista. También se dice dispuesta a revisar los nuevos horarios (cuadros de marcha) esta misma semana y no aplazarlo hasta dentro de dos meses, pero sin avanzar en qué sentido se hará la revisión. Sobre esta cuestión los trabajadores vienen reclamando frecuencias más ajustadas a la realidad de sus trazados, en las líneas 21, 32 y 39, para mejorar el servicio y generar un menor estrés a los conductores.
Ante esta posición, los trabajadores rechazan la pírrica propuesta empresarial y han aprobado en asamblea continuar con los paros. El comité de huelga y dirección de AUZSA se han citado para otra reunión que se celebrará este jueves.
El Ayuntamiento de Zaragoza, gobernado por Zaragoza en Común, ha intervenido en el conflicto. Muchos esperaban que lo hiciera, pero para apoyar las demandas y medidas de lucha de los trabajadores. Sin embargo su intervención ha ido en dirección opuesta. A sumarse al coro mediático -típico de toda huelga del transporte o servicios esenciales- que presiona para que los trabajadores abandonen sus medidas de lucha. Lo ha hecho por medio de la concejala delegada de Movilidad, Teresa Artigas, que ha declarado: "estamos muy preocupados porque los vecinos de la ciudad son los que sufren las consecuencias". Y ha instado al cese de los paros, sin dar ningún tipo de salida clara, haciendo caso omiso a las exigencias de los trabajadores.
El comité de empresa por su parte, ha propuesto llevar al próximo pleno municipal una moción en la que se exija a Auzsa "mantener las condiciones de los trabajadores" y en la que se contemple la remunicipalización de la empresa en caso contrario.
Por su parte la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, la mayor entidad vecinal de la ciudad ha señalado que la máxima responsabilidad en la solución del conflicto y la afectación que sufren los usuarios del transporte es del Ayuntamiento de Zaragoza y la empresa AUZSA. Señalan que es esta patronal la que ha llevado a los trabajadores a la huelga, es decir a ejercer el legítimo derecho a defender sus intereses. La FABZ insiste en exigir el cumplimiento en todos sus términos del pliego de condiciones de la contrata del transporte público.
El equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) está formado por antiguos activistas de movimientos sociales y partidos como IU o Podemos. Sin embargo, además de las declaraciones contra los paros, parece hacer oídos sordos a la demanda más de fondo de los trabajadores. Ellos reclaman que los servicios públicos sean de titularidad de las administraciones municipales, una gestión directa con participación vecinal, de trabajadores y de colectivos sociales.
Este fue justamente uno de los puntos del programa de ZeC en las pasadas elecciones, la remunicipalización de los servicios públicos hoy subcontratados. Uno de los puntos que generó grandes expectativas tanto entre los trabajadores de las contratas, como en asociaciones de vecinos y colectivos sociales. Actualmente son unas 120 empresas privadas en Zaragoza las encargadas de la gestión de servicios básicos y necesarios, pendientes de revisión.
Pero es también uno de los puntos del programa que más rápida y profundamente se está revisando, por no decir abandonando. ZeC mantiene una posición de respeto absoluto a los contratos y pliegos firmados por la anterior corporación con las grandes empresas. Lo cierto es que estas gestiones privadas suponen beneficios multimillonarios para unos pocos, gracias a pliegos de condiciones infructuosos para los usuarios “molestados” estos días en los paros.
En el caso AUZSA y según reiteradas denuncias del comité de empresa, la empresa incumple reiteradamente el pliego, lo cual permitiría anular la concesión administrativa legalmente. Aun así, el gobierno de ZeC persiste en argumentar que no es posible la municipalización por tener que pagar los altos costes en indemnizaciones.
Otra denuncia de los trabajadores de AUZSA son las irregularidades de las que hay indicios sobre el proceso de liquidación de TUZSA (la empresa predecesora de AUZSA). Ésta fue realizada en 2013 por el gobierno del PSOE y dejó un endeudamiento municipal para una década. Los trabajadores de AUZSA exigen que se “levanten las alfombras” para que sea investigado en profundidad y no se pague esa deuda que además de ilegítima podría ser incluso ilegal. Pero igual que con la remunicipalización, el equipo de ZeC por el momento no ha querido entrar en ello.
La lucha de los trabajadores de AUZSA va más allá de las condiciones salariales. No es sólo una huelga por la recuperación salarial y la mejora de condiciones laborales. Los trabajadores de transporte urbano con esta huelga, están poniendo sobre la mesa cuestiones que son claves y que en gran medida sacan a relucir los límites de programa y estrategia de los llamados gobiernos del cambio, como son la cuestión de la remunicipalización de los servicios públicos o el no pago de la deuda municipal generada para financiar los grandes negocios de unos pocos.
