La historia nos ha demostrado que la fabricación del consenso para llevar a cabo planes políticos o económicos es el prolegómeno de la violencia hacia la resistencia social y la violación a los derechos humanos, sobre todo en tiempos electorales.
Martes 17 de enero de 2023
La huelga estudiantil del Consejo General de Huelga (CGH) en la UNAM, tuvo sus raíces en la consolidación de un nuevo patrón de acumulación de capital mediante la mercantilización de un servicio público como la educación superior. David Harvey sostiene que la acumulación mediante desposesión adquirió un papel cada vez más importante en el capitalismo global mediante la privatización. Entonces, el movimiento estudiantil de la UNAM en 1999-2000, no se trató de un conflicto entre estudiantes y autoridades universitarias respecto a la renuencia de los primeros en permitir la imposición del pago de cuotas en la universidad.
El pasado 10 de enero, se cumplieron 23 años del plebiscito conocido como “Propuesta para el Consenso. Todos por la UNAM ya”, convocado por el entonces rector Juan Ramón de la Fuente, hoy representante permanente de México ante la ONU por la 4T. Este plebiscito sirvió como instrumento político para violar los acuerdos firmados con el movimiento estudiantil y su organismo de representación, el CGH, durante los diálogos realizados en el Palacio de Minería. Dicho sea de paso, “quien convocó y calificó el resultado del plebiscito fue la rectoría y su personal”, señaló –durante ese año- la Comisión de Observadores Electorales, del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, a través de su documento “Observación Electoral del Plebiscito Universitario”.
Lo que sobrevino posterior a esta “propuesta para el consenso”, fueron los violentos operativos militares a través de la Policía Federal Preventiva (PFP) para recuperar las instalaciones de la UNAM; el 1 de febrero de 2000 con la toma de la Preparatoria 3 y el 6 de febrero con la ocupación militar del campus universitario y la consecuente detención ilegal de cientos de estudiantes, acusados de peligrosidad social, terrorismo, motín, sabotaje, daño en propiedad privada, daños a las vías de comunicación, entre otros.
"Participación ciudadana" y simulación
Casi veinte años después de estos sucesos, el 4 de septiembre de 2020, en conferencia matutina desde Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció los megaproyectos impulsados por el gobierno federal, señalando lo siguiente: “Lo más importante ahora es garantizar el empleo. Lo está diciendo la gente: lo que más preocupa es el trabajo. Nuestro plan es seguir creando empleos con las obras que estamos impulsando de manera directa: el Tren Maya, el Istmo (de Tehuantepec), el Aeropuerto (de Santa Lucía) y los programas de mejoramiento urbano”, señaló.
En consecuencia y para llevar a cabo los megaproyectos (Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec) del presente régimen y uno en específico en la Ciudad de México, conocido como el Plan General de Desarrollo y Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), ambos gobiernos emanados de la 4T, echaron a andar simulacros de “participación ciudadana”para otorgarles legalidad y legitimidad. La más reciente simulación es la encuesta realizada por Claudia Sheinbaum acerca del otorgamiento de funciones de seguridad en el Metro a la Guardia Nacional.
Consenso y represión
La historia nos ha demostrado que la fabricación del consenso para llevar a cabo planes políticos o económicos es el prolegómeno de la violencia hacia la resistencia social y la violación a los derechos humanos, sobre todo en tiempos electorales. Desde Zedillo, con el plebiscito universitario, hasta la 4T con las supuestas consultas y asambleas que han provocado conflictos sociales en las comunidades indígenas de Oaxaca por la construcción del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los acontecimientos violentos registrados el pasado 3 de diciembre de 2022, en el pueblo de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco. Estas no han sido otra cosa que auténticas simulaciones de ejercicios políticos antidemocráticos para la acumulación y el despojo.
En medio de una guerra mediática híbrida, la memoria también es un campo de batalla semiótica (Fernando Buen Abad Domínguez dixit). En la era de la llamada 4T se ha utilizado una narrativa sui generis sobre la nueva historia de México y el papel histórico de escribirla. Pero, ¿cómo escribir esta nueva historia? La 4T intenta hacerla a través de una narrativa basada en un nuevo nacionalismo decimonónico de “izquierda” y de “humanismo mexicano”, es decir, la elaboración de una narrativa que contrarreste la versión hegemónica, la cuestione y la sepulte. Ahora bien, la contradicción de dicha narrativa salta a la vista cuando la política del consenso del poder Ejecutivo y su partido (oxímoron) MORENA, reproducen las mismas prácticas políticas del añejo esquema de poder priísta.
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Esta narrativa se ha consolidado en el arte de la ilusión, de forzar a ver lo que no es y de obligar a pensar lo que se quiere que la sociedad piense y, sobre todo, que crea sin cuestionamientos que se trata de la realidad. La quimera de hoy es tan semejante a la creada por el régimen posrevolucionario priísta que sugiere pensar que la 4T es un reciclaje, una simbiosis del sistema de partidos políticos mexicano que tanto cuestiona, critica y reprocha.
El líder moral de la 4T se ha convertido en el creador de una narrativa refundacional de fe y esperanza que se finca en un pasado engañoso y reinterpretado a modo.
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