Neuquén. La “inclusión” del MPN contra el derecho a la educación

Los documentos emanados del Consejo Provincial de Educación para trabajar el marco normativo de la política de inclusión en la provincia nos plantean “construir” ese marco normativo, pero las propuestas de trabajo implican opinar sobre resoluciones que ya están en vigencia y sobre las cuales nos invitan, en realidad, a ser “creativos” a la hora de ponerlas en práctica.

El documento para la segunda jornada del 7 de junio vuelve a confundir conscientemente la inclusión en general con la inclusión educativa. Plantea la normativa creada en el país a partir de la adhesión a la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad del año 2006 y el compromiso del Estado nacional de examinar y revisar la legislación vigente para promover y elaborar políticas que puedan hacer efectiva la convención.

Desde allí, salta directamente a los problemas que se le plantean al trabajador o la trabajadora de la educación en forma individual a la hora de desarrollar la tarea de enseñar en la escuela común a personas con discapacidades diversas. Habla de poner la mirada en lo institucional para generar espacios comunes de bienestar, poniendo un signo igual entre institución y trabajadoras. Plantea también que los valores que definen a la institución son la base de las políticas que pueden generar los mismos integrantes de esas instituciones, mezclando así las responsabilidades de los distintos actores que intervienen en Educación. No hay distinción entre los estados nacional y provincial y sus gobiernos, que a través de los ministerios de educación o consejos de educación imparten las políticas y quiénes en definitiva deben llevarlas adelante que son las trabajadoras y trabajadores que están en cada una de las escuelas.

Esta invisibilización de las distintas responsabilidades a la hora de garantizar derechos no es tal a la hora de aplicar sanciones. Ya que cuando alguna docente plantea situaciones complejas a las que con los recursos que existen no se puede dar respuesta o hay algún tipo de reclamo en función de que las condiciones edilicias o de acompañamiento estén garantizadas, rápidamente reaccionan las autoridades para sancionar a quien quiere levantar la voz. Es decir que la corresponsabilidad de la que hablan los documentos se limita a la exigencia de resolución de los problemas y garantía del derecho a la educación por parte de las maestras y maestros. La responsabilidad que plantean los tratados internacionales nacionales y provinciales en cuanto a que el Estado es quien debe garantizar el derecho a la educación es borrada de un plumazo.

Los documentos están llenos de presupuestos. Se presupone que todos y todas conocemos los fragmentos de autores que son socializados y los marcos teóricos que los sustentan. Se presupone que debemos creerle al gobierno y la conducción provincial que esos marcos teóricos son indiscutibles y lo mejor que le puede pasar a la Educación.
Se presupone que se conocen los conceptos y que se comparte el contenido de los mismos.

Es así como se habla de escuela justa, corresponsabilidad, trayectorias, tránsito. Como si fueran conceptos inocuos que no traen ideología atrás de sí, y se da por supuesto que todos debemos adherir a esa ideología.

Entonces cabe pensar: qué preguntas nos hacemos cuando leemos este texto que nos entrega el gobierno y la conducción provincial de aten; qué teorías de la educación subyacen en ese documento; cuáles son las políticas educativas en las cuales se enmarcan las políticas de las que emanan estos documentos.

Ubicarnos como trabajadores intelectuales de la educación supone no aceptar lo dado como natural, supone saber desde dónde queremos pararnos para desarrollar una pedagogía determinada y sobre todo tener en cuenta muy claramente que gobiernos que mantienen al 40% de las infancias en la pobreza y cuyas políticas redundan en escuelas y hospitales que no pueden dar respuesta real a las necesidades de la mayoría de la clase trabajadora difícilmente estén pensando una educación realmente inclusiva para las personas con discapacidad. La discapacidad requiere una inversión presupuestaria elevada, más aún que la que requiere cualquier escuela común. Por eso hay que partir de la convicción de que no vendrá de la mano de estos gobiernos -al servicio del lucro y la empresa privada- una respuesta a las necesidades educativas de la clase trabajadora y de las niñas y niños con o sin discapacidad.

La propuesta de trabajo es indignante. Consiste en dos o tres párrafos sueltos que hay que analizar en grupos o frases sobre las que hay que reflexionar. El desprecio por el conocimiento y el proceso de construcción también se ve reflejado en esa propuesta. Por eso estas jornadas de inclusión son un gran como si.

Hacen como si en estas reuniones en las que se suspenden las clases las y los docentes pudiéramos aportar algo a una política ya predefinida y en ese proceso intentan convencernos y convencer a las familias de que este fue un proceso democrático de elaboración.

A quiénes nos envían estos materiales, podríamos decirles que lean las respuestas los informes, los pedidos de evaluación que hace años venimos haciendo desde las escuelas comunes, los pedidos de equipos interdisciplinarios que se vienen pidiendo desde todas las escuelas especiales y comunes; que hagan un relevamiento de cuántas escuelas especiales funcionan en lugares alquilados y sin accesibilidad; que realicen un diagnóstico de situación de cuánto ha crecido en los últimos años la matrícula de las escuelas especiales y cuánto la inclusión en escuelas comunes sin ningún tipo de acompañamiento, evaluación y apoyo. Que hagan algún censo sanitario que permita tener datos sobre el crecimiento de distintas discapacidades en las últimas décadas, de acuerdo a la contaminación del ambiente a la pobreza creciente y a las condiciones precarias de vida; que realicen un censo educativo que permita definir cuántas escuelas necesitan ser construidas en forma urgente para poder albergar en cada una de ellas a las infancias y adolescencias, en aulas donde el trabajo pueda desarrollarse sin hacinamiento y de la mejor manera posible.

Desde las escuelas podríamos darle mucha tarea al gobierno y a las autoras y autores que desde algunas teorías difusas, entre las cuales se encuentra la decolonial, borran la responsabilidad principal del estado en la garantía del derecho de la educación.

Por eso resulta fundamental profundizar la unidad entre el colectivo docente y la comunidad educativa de cada escuela para reclamar por el pleno ejercicio del derecho a la educación y todos los derechos de las infancias, contra estos proyectos del gobierno que persiguen el deterioro de la educación pública, con lenguaje “progresista”.