Opinion. La inconfesable incertidumbre del Plan Sarasa

De forma involuntaria, un blooper del ministro Martín Guzmán habló más del futuro de la Argentina que largas horas de discursos y papeles presentados al Congreso Nacional.

La imagen fue viral y recorrió las redes: antes de comenzar su exposición sobre el Presupuesto 2021, el académico de Columbia devenido funcionario le dijo a Sergio Massa que “yo puedo empezar a sarasear” . Con tanta mala suerte, que no advirtió que los micrófonos estaban encendidos.

Su interlocutor de ocasión no se inmutó. Quizás porque es alguien acostumbrado a trepar en la política con más maniobras de acomodo que principios.

La anécdota sería solamente graciosa si no fuera que el tema en cuestión sobre el cual sarasear era el plan económico que incidirá sobre la vida de más de 40 millones de personas en el marco de una crisis de magnitud histórica.

Adentrándose en el contenido del proyecto, efectivamente se puede dilucidar que sobran las palabras bonitas y faltan los fundamentos realistas. “El desafío del Gobierno es construir condiciones de estabilización para recuperar la economía con producción, empleo e inclusión social”, afirmó el ministro Guzmán en el Congreso. Palabras muy parecidas utilizó Alberto Fernández en su discurso de esta semana a la ONU.

Sin embargo, la realidad es muy distinta. El proyecto presentado, más allá de sus dudosas proyecciones, no se propone revertir las dramáticas condiciones sociales que se viven actualmente, sino administrar la decadencia de la mano del FMI.

Los números conocidos esta semana son muy duros. En el segundo trimestre del año la economía tuvo una caída histórica del 19,1 %, mayor incluso a la del primer trimestre de 2002, después del corralito, el default y la huida en helicóptero de Fernando de la Rúa.

A su vez, la desocupación subió al 13,1 %, alcanzando la cifra más alta desde el año 2004. En números absolutos, son 2,3 millones de personas que buscan trabajo y no encuentran. El porcentaje en realidad sería mayor si no fuera porque, por la pandemia, mucha gente no salió a buscar empleo.

La pobreza, por su parte, según un estudio del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, llegó al 44,7 % de la población en el segundo trimestre de este año.

Ante este desastre, el presupuesto 2021 propone más ajuste. No podía ser de otra manera, si el plan es ir directo una vez más a las garras del FMI. El gasto público real primario retrocederá al menos 9,5 % (dependiendo de la inflación). Entre los principales perdedores estarán la salud, el IFE que será eliminado, jubilaciones, AUH y trabajadores estatales a los que les acaban de “ofrecer” una paritaria de miseria. Mientras tanto, el 8 % del presupuesto será destinado a seguir pagando la deuda a los especuladores de siempre.

Un Gobierno más débil que responde de contragolpe

Hace algunas semanas, un escritor y analista político afirmó en televisión que “el Gobierno de Alberto es el del ‘vamos viendo’”.

El transcurrir del tiempo parece darle la razón. De aquel Gobierno que al principio de la pandemia exhibía números récords de aprobación, poco queda. No solo ha caído en las encuestas de imagen (aunque conservando una base importante), sino que también ha perdido en parte el control de la agenda, limitándose a atajar problemas y responder de contragolpe.

Hagamos un breve repaso. De un tiempo a esta parte, la foto de Alberto como conductor de una respuesta de unidad nacional ante la crisis dio paso a un asedio permanente de la oposición de derecha, que mediante un bombardeo mediático constante, banderazos y disputas legislativas y judiciales, busca marcarle la cancha al oficialismo ante la crisis, en defensa de los más poderosos, y a su vez preparar el terreno para las elecciones de medio término. El retroceso del Gobierno en Vicentín fue la señal de largada que envalentonó a este espacio.

Hubo otros frentes de batalla. El caso de Facundo Castro puso en evidencia más que nunca la contradicción insalvable entre pretenderse progresista y empoderar a la Policía Bonaerense con Sergio Berni al mando. La posterior rebelión policial que solo finalizó con el Gobierno cediendo ante un chantaje armado fue una devolución irónica del destino que puso al rojo vivo los costos de este camino. Aunque la represión a las tomas de tierras en distintos puntos del conurbano evidenció también que el oficialismo necesita ceder ante esta fuerza armada, porque la usa para la criminalización de la protesta y la pobreza. El todavía ministro de Seguridad bonaerense tiene una larga experiencia en este terreno, reprimiendo luchas obreras y barrios pobres.

Un último ejemplo es el rápido agotamiento del “éxito” de la negociación de la deuda con los bonistas privados. Tan solo unas semanas después de que Alberto Fernández anunciara que aquel acuerdo despejaba el horizonte, la crisis de reservas del Banco Central y la implementación del súper cepo vinieron a recordar una vez más las consecuencias de no enfrentar el saqueo permanente de la deuda externa, la fuga de capitales y el control del comercio exterior por parte de un oligopolio privado. La amenaza de una nueva y brusca devaluación oscurece el horizonte de los ya golpeados bolsillos populares.

Un plan que no sea verso

En las brechas de la crisis, comenzaron a colarse las calles. Pero ya no solamente aquellas copadas por referentes de Juntos por el Cambio y su base social de derecha.

Las tomas de terrenos, las enfermeras que salen a movilizarse, las marchas y actos de la izquierda y el sindicalismo combativo, así como algunas medidas en lugares de trabajo, por despidos, salarios o medidas de prevención ante el coronavirus, muestran que a pesar de que la CGT y la CTA siguen mirando para otro lado, algo se empieza a mover por abajo.

En los próximos días, se jugará una parada decisiva en Guernica, la acción más emblemática de las familias sin techo que es asediada por las amenazas represivas, los intentos de negociaciones engañosas y la presión de los especuladores inmobiliarios para los cuales todo en la vida es un negocio.

Rodear de solidaridad esta lucha es un compromiso para ponerle un freno a la represión y conquistar puntos de apoyo para las luchas durante una crisis que será larga y profunda. También, para dar una dura pelea para sacar a los sindicatos de su eterna pasividad que imponen las cúpulas burocratizadas.

Más de fondo, en cada una de estas peleas es necesario ir construyendo la fuerza política y social que plantee una salida de fondo. Porque frente al Plan Sarasa que como mucho se propone administrar la decadencia, las mejores enseñanzas de la lucha nacional e internacional de las clases explotadas y oprimidas enseñan que son ellos o nosotros: para salir del atraso, la dependencia y la pobreza, son necesarias medidas de fondo, partiendo de rechazar cualquier acuerdo con el FMI y del desconocimiento soberano de la deuda, la nacionalización de la banca, el monopolio estatal del comercio exterior o la estatización bajo control obrero de los recursos estratégicos del país, en el camino de la lucha por un Gobierno de los trabajadores de ruptura con el capitalismo que ataque los intereses de los poderosos y reorganice la sociedad en función de las necesidades de las grandes mayorías y no de las ganancias de unos pocos.