Devastación y despojo. La industria porcícola en Yucatán continúa imponiendo su beneficio a costa del agua

Suman 220 mega granjas, además de otras no pertenecientes a este grupo que en conjunto serán alrededor de 500, además, Kekén abastece 108 aparceros y posee 163 puntos de venta en el estado de Yucatán bajo el nombre Maxicarne.

El caso más reciente de represión en contra de las manifestaciones de la población fue en Sitilpech, donde mantenían un bloqueo a la entrada de la empresa “Kancabchén II” para evitar que opere, pues en ésta y otras regiones, ha causado estragos en la salud y el medio ambiente.

El juez Jorge Enrique Edén Winter, concedió a la empresa reabrir operaciones mientras continúa el juicio por la demanda de amparo que el movimiento La Esperanza de Sitilpech levantó el 25 de mayo de 2021 contra la contaminación al agua, aire, cultivos y medio ambiente en general, que significa mantener a la industria porcícola en la entidad; logrando cerrar la fábrica por 9 meses.

El argumento del juez Winter es que los pobladores debieron haber promovido el amparo desde antes de que la fábrica se instalara.

Así, la madrugada del 18 de febrero, por órdenes del gobernador del estado, el panista Mauricio Vila, unos 70 elementos de la policía estatal y municipal, antimotines realizaron un cerco alrededor de las y los manifestantes a la entrada de la granja, para permitir que los camiones salieran, golpearon con toletes y escudos a más de 100 pobladores, entre ellos mujeres, niñas y niños, logrando sacar 6 camiones, además se llevaron sillas, mesas, dinero y teléfonos celulares, por lo que las y los pobladores decidieron cerrar también la comisaría, para evitar la entrada de nuevos camiones.

86 % de las granjas porcícolas que se encuentran en la península se localiza en territorios indígenas de lengua maya. Kekén opera también en las comunidades de Kinchil, Homún, Chapab, Maxcanú, Tixpéual, Chocholá y Panabá.

En Sitilpech se empezó a construir hace 4 años, sin consultar al pueblo maya para instalarse en su territorio, violentando el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como el Acuerdo de Escazú, el cual fija derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones en los territorios y facilidades para la defensa judicial en asuntos ambientales; ambos vigentes al ser ratificados por el senado en México.

La población comenzó a organizarse en 2021 y desde entonces las trabas en la justicia y el uso de la fuerza pública para reprimirlos ha dejado en claro que las instituciones gubernamentales están para defender los intereses de los grandes empresarios dueños de Kekén y vulnerar los derechos de la población maya.

Un caso anterior es el poblado de Homún, que actualmente está buscando el cierre definitivo de la planta.

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Ataque al medio ambiente

Está industria en Yucatán cuenta con alrededor de 1.8 millones de cabezas de ganado, mientras que en Sitilpech se encarga de criar y mantener a 48 mil cerdos, cuya carne se empaca para surtir los mercados de China, Corea del Sur, Japón, Hong Kong, Singapur, Canadá, Estados Unidos, Chile, Angola, Cuba, Haití, Vietnam, Costa de Marfil y Liberia.

El excremento de tal cantidad de cerdos se está filtrando hacia el agua de los cenotes, aguadas y grutas, afectando las fuentes naturales de abastecimiento de agua potable de la región.
Esto no sólo afecta a la población, quienes han visto sus milpas de maíz, calabaza, frijol o árboles de naranja y limón, secarse y llenarse de un color negruzco debido a la emisión de gases contaminantes por el desperdicio de los cerdos y el uso de plaguicidas para el mantenimiento de las plantas con las que los alimentan. Los pobladores denuncian que el uso del agua contaminada para el aseo ha significado el aparecimiento de manchas y ronchas en la piel, diarrea, vómitos y calentura. Esto también afecta a las especies endémicas de la región y causa deforestación, al menos el 31 % del territorio que ocupan (más de 10 mil ha) fue diagnosticado con este mal y 20 de las 200 especies de planta endémica están en peligro de extinción.

Industria al servicio del pueblo y desde el pueblo

Los defensores de la empresa hablan de una derrama económica de 4 mil 700 millones de pesos y que genera 12 mil fuentes de trabajo directas y 36 mil indirectas para las familias, sobre todo de las zonas mayas, sin embargo, son empleos precarios que ofrece sin derecho a sindicalización, ya que en Siltilpech sólo existen 7 puestos de trabajo estables y directos.

El conflicto ha llegado a nivel internacional por diversos medios, uno de ellos es el documental "Una laguna negra: el desastre de las megagranjas porcinas en Yucatán".

La población indígena no necesita trabajo precario, para sostener la producción que requieren para cubrir sus necesidades es suficiente con sus propias fuerzas, que la gestiones ellos mismos, desde sus propios intereses, pues es la púnica forma de garantizar también el cuidado del medio ambiente.

Sin embargo, sabemos que el capital y sus instituciones no permitirán que haya experiencias de empresas manejadas por sus propios trabajadores, quienes se encontrarán con la dificultad de sostener los precios que los grandes monopolios han alcanzado, e impondrán su fuerza para impedir que experiencias exitosas salgan a la luz y se expandan, es por ello que la industria independiente en Yucatán corre peligro y es importante unir fuerzas para impedir la represión y las trabas a las que puedan enfrentarse.

Por ello es necesario un gran movimiento en defensa del medio ambiente y del territorio, dónde participen los sindicatos democráticos con sus bases de trabajadores, estudiantes mujeres y población en general, capaz de impedir la continuación del despojo y la devastación ambiental.